DIRECTORIO

INFODF

Óscar Guerra Ford

Comisionado Ciudadano Presidente

Jorge Bustillos Roqueñí

Comisionado Ciudadano

Areli Cano Guadiana

Comisionada Ciudadana

Salvador Guerrero Chiprés

Comisionado Ciudadano

Agustín Millán Gómez

Comisionado Ciudadano

COMITÉ EDITORIAL 2011

Jorge Bustillos Roqueñí

Presidente del Comité Editorial / InfoDF

Areli Cano Guadiana

Integrante / InfoDF

María Enriqueta Cabrera y Cuarón

Integrante / Periodista

Miguel Carbonell Sánchez

Integrante / Instituto de Investigaciones Jurídicas - UNAM

Enrique Provencio Durazo

Integrante / Instituto de Estudios para la Transición Democrática

Betsabé Hernández López Castellanos

Secretaria Técnica / InfoDF

CONTENIDO

Dedicatoria

Directorio

Acerca del autor

1. Marco de referencia

2. El derecho a la información y el derecho a la libertad de expresión: elementos fundamentales del ejercicio democrático

3. Trascendencia del derecho a la información y del derecho a la libertad de expresión en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

4. La libertad de expresión, el derecho a la información y la trascendente labor de los periodistas como defensores de los derechos humanos en México

5. Un acercamiento a la situación de la libertad de expresión en México

6. Aportes normativos e institucionales para el fortalecimiento del ejercicio y defensa del derecho a la libertad de expresión y el derecho a la información en el Distrito Federal

A manera de conclusión

Bibliografía

Notas

Emilio Álvarez Icaza Longoria

Es licenciado en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y maestro en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso-México). Ha participado en múltiples iniciativas de la sociedad civil, destacando que fue director general del Centro Nacional de Comunicación Social, A. C. (Cencos); y cofundador de Alianza Cívica, A. C. Fue consejero electoral del Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF) y presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF). Ha sido docente de licenciatura y posgrado en la UNAM, la Universidad Iberoamericana, la Universidad Autónoma de Tlaxcala y en el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural (CESDER) en la sierra Norte de Puebla. Es autor del libro Para entender. Los derechos humanos en México. Ha recibido más de cincuenta reconocimientos nacionales e internacionales y dictado más de trescientas conferencias en México, Estados Unidos, Europa y Latinoamérica.

Actualmente es defensor de derechos humanos y consultor independiente; cursa un doctorado en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM; también es profesor en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM, y en el Centro de Investigación y Docencia en Humanidades del Estado de Morelos (CIDHEM); asimismo, es colaborador en diversos medios de comunicación.

Marco de referencia

El ejercicio pleno del derecho a la información y la libertad de expresión, son una condición y pilar fundamental para la construcción y fortalecimiento de toda democracia al permitir la liberalización y apertura de los procesos políticos, la formación, información y participación de la ciudadanía en el espacio público, así como la vigencia de los derechos humanos (DDHH).

Al respecto, es oportuno señalar qué debe entenderse por derechos fundamentales. Siguiendo a Luigi Ferrajoli puede señalarse que son “aquellos derechos subjetivos que las normas de un determinado ordenamiento jurídico atribuyen universalmente a todos en tanto personas, ciudadanos o personas capaces de obrar”.¹

De acuerdo con el autor en comento, estos derechos se distinguen del resto mediante tres rasgos independientes del contenido de las expectativas que tutelan: a) la forma universal de su imputación; b) su estatuto de reglas generales y abstractas; y c) su carácter indisponible e inalienable.

Gracias a esta identificación, en caso de que quiera tutelarse un derecho como fundamental, es preciso sustraerlo, de un lado, al intercambio mercantil, confiriéndolo igualmente mediante su enunciación en forma de una regla general y, de otro, a la arbitrariedad política del legislador ordinario mediante la estipulación de tal regla en una norma constitucional colocada por encima del mismo.²

Asimismo, Ferrajoli crea dos tipologías de derechos fundamentales: a) una subjetiva que se refiere a las clases de sujetos³ a los que se atribuyen tales derechos; y b) una objetiva, que se enfoca a los tipos de comportamiento que son el contenido de dichos derechos.

En la tipología subjetiva, el autor en comento hace cuatro combinaciones generadas por la relevancia o irrelevancia del estatus de ciudadano o capaz de obrar como presupuesto de los derechos fundamentales, resultando cuatro clases de dichos derechos: a) los derechos humanos que pertenecen a todas las personas –incluyendo a las que no son ni ciudadanos ni capaces de obrar; b) los derechos civiles, que pertenecen a las personas en tanto capaces de obrar, independientemente de la ciudadanía; c) los derechos públicos, que corresponden a las personas en tanto ciudadanos, independientemente de su capacidad de obrar y; d) los derechos políticos, que corresponden sólo a las personas que sean tanto ciudadanos como capaces de obrar.⁴

En cuanto a la segunda tipología propuesta por Ferrajoli, es decir, la objetiva, se refiere a los tipos de comportamiento que constituyen el objeto de los derechos fundamentales. En este sentido, distingue a partir de su naturaleza de expectativas negativas –de no lesiones– o positivas –de prestación–, los derechos primarios que pertenecen a todos con independencia de la capacidad de obrar, en derechos de libertad y derechos sociales.

Los primeros, que son los que interesan para el presente estudio, consistirán en derechos negativos o de inmunidad, es decir, en la expectativa de omisión de interferencia de los demás, distinguible a su vez en simples libertades de, como el derecho a la vida y a la libertad personal, y libertades para (además de libertades de) como la libertad de prensa, de asociación y reunión.⁵

Los segundos son derechos positivos, es decir, expectativas de prestaciones por parte de otros, como el derecho a la salud y a la educación. Finalmente, Ferrajoli identifica lo que denomina derechos de autonomía con los derechos secundarios, esto es, los pertenecientes a todos en tanto capaces de obrar y divisibles, a su vez, en derechos civiles y políticos.⁶

Desde esta perspectiva, hablar del derecho a la información y del derecho a la libertad de expresión, es hablar de derechos fundamentales, lo que se traduce en derechos de libertad pertenecientes a todas las personas (en los que no existe intervención de los demás).

En este sentido, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CDIH) ha señalado a la libertad de expresión como un derecho inalienable e inherente a todas las personas, así como un requisito indispensable para la existencia de la sociedad democrática.⁷

Asimismo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), en el caso Claude Reyes y otros,⁸ ha marcado un hito en materia de jurisprudencia al ser el primer tribunal internacional en reconocer que el acceso a la información es un derecho humano que forma parte del derecho a la libertad de expresión, lo que se convierte en un elemento clave para el fortalecimiento de este derecho, para la lucha contra la corrupción, y como un impulso de las políticas de transparencia necesarias para la defensa de los derechos humanos.⁹

En congruencia con lo anterior, la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) ha referido en distintas resoluciones específicas¹⁰ que el libre acceso a la información en poder del Estado es un requisito indispensable para el buen funcionamiento y consolidación de todo sistema democrático, pues permite una mayor transparencia y buena gestión pública, así como la promoción y el respeto efectivo a los DDHH, además de que, en un sistema democrático representativo y participativo, con el debido respeto a las normas constitucionales y legales, incluidas las de privacidad y confidencialidad, es una condición indispensable para el ejercicio ciudadano de los derechos de participación política, votación, educación y asociación, entre otros, lo que implica contar con un adecuado marco jurídico, estructuras y condiciones necesarias para su garantía.

Gracias al acceso a la información pública se han logrado multitud de cambios y un robustecimiento de las exigencias de la sociedad en diversos campos, tales como el impulso de la democracia, la defensa de los derechos humanos, los programas de desarrollo social y asistencia, la promoción del cuidado y regeneración ambiental, y la autonomía de los órganos electorales, entre otros.

Y es que la entrega de información:

[...] a una persona puede permitir a su vez que ésta circule en la sociedad de manera que pueda conocerla, acceder a ella y valorarla. De esta forma, el derecho a la libertad de pensamiento y de expresión contempla la protección del derecho de acceso a la información bajo el control del Estado, el cual también contiene de manera clara las dos dimensiones, individual y social, del derecho a la libertad de pensamiento y de expresión, las cuales deben ser garantizadas por el Estado de forma simultánea.¹¹

En este orden de ideas, la plena vigencia de la libertad de expresión es una obligación ineludible para el Estado mexicano y, por tanto, el ejercicio libre de la labor que día a día llevan a cabo los medios de comunicación y los informadores en torno a la denuncia de fenómenos como la corrupción, la injusticia, la pobreza y todo aquello que implica violaciones a los derechos humanos.

Por ello, desde esta perspectiva, la tarea en el espacio público de los periodistas que en razón de su actividad ejercen y muchas veces promueven y protegen los DDHH, también son defensores de estos derechos.¹²

De aquí la relevancia del contexto, permanente en los últimos años, de inseguridad pública en el que los medios de comunicación, así como los columnistas, periodistas, camarógrafos, reporteros gráficos y corresponsales, desarrollan su trabajo diario.

Esto resulta muy grave si partimos de que toda agresión en contra de los periodistas e informadores constituye un retroceso para los derechos humanos y la democracia del país.

Aunado a lo anterior, también está presente la autocensura de los informadores, así como el hecho de que hoy en día en algunas entidades del país su labor se ve amenazada por el propio poder gubernamental, trayendo todo esto como consecuencia la obstaculización del ejercicio del derecho a la información, el cual es el derecho fundamental que toda persona posee a atraerse información, a informar y a ser informada.¹³

En México, actualmente la libertad de expresión se ejerce entre el temor, la incertidumbre, la intimidación y las precarias garantías de seguridad; de la misma manera, este derecho en ocasiones se desenvuelve dentro de la omisión institucional al no ser garantizado.

Al respecto, la CoIDH señaló en su Opinión Consultiva OC-5/85 del 13 de noviembre de 1985, los diversos alcances de la libertad de expresión y determinó:

[...] cuando se restringe ilegalmente la libertad de expresión de un individuo, no sólo es el derecho de ese individuo el que está siendo violado, sino también el derecho de todos a “recibir” informaciones e ideas […]. En efecto, ésta requiere, por un lado, que nadie sea arbitrariamente menoscabado o impedido de manifestar su propio pensamiento y representa, por tanto, un derecho de cada individuo; pero implica también, por otro lado, un derecho colectivo a recibir cualquier información y a conocer la expresión del pensamiento ajeno.¹⁴

Desde esta perspectiva, las sociedades democráticas no admiten la persistencia de las coacciones arbitrarias a la expresión de las ideas, por lo que la vigencia del derecho a la verdad, a la información y el derecho a la libre expresión, constituyen no sólo un indicador del avance o retroceso de la gobernabilidad democrática de nuestro país, sino también un importante desafío por vencer.

Esta situación nos lleva a reflexionar en torno a la obligación del Estado de garantizar la integridad física, el libre ejercicio de la labor de los comunicadores y el derecho a la libertad de expresión, sobre todo en el marco de la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) en materia de derechos humanos del mes de junio de 2011.

Así, en el presente estudio ahondaremos en el análisis de los desafíos para el ejercicio de la libertad de expresión y el derecho a la información en México, y las iniciativas que, de manera particular, se han hecho en el Distrito Federal y que podrán verse fortalecidas a partir de dicha reforma constitucional.

El derecho a la información y el derecho a la libertad de expresión: elementos fundamentales del ejercicio democrático

A inicios del siglo XXI la democracia ha sido concebida como la única forma de gobierno admisible y a la que tiene derecho cualquier nación, y si bien es cierto hoy en día no es practicada en todo el mundo ni ha sido uniformemente aceptada, es considerada, dentro del clima general de la opinión internacional, como la correcta.¹⁵

Esto es fundamental pues “muchos gobiernos elegidos democráticamente tienden a sostener su autoridad con métodos no democráticos, por ejemplo, modificando las Constituciones nacionales en su favor e interviniendo en los procesos electorales o restando independencia a los poderes Legislativo y Judicial”.¹⁶

Desde esta perspectiva, hoy en día el punto a debatir ya no es si la democracia es la mejor forma de gobierno, sino cuáles son los elementos más adecuados y necesarios para construirla, ejercerla, garantizarla y consolidarla.

Asimismo, existe un déficit en la democracia si en la vía de los hechos hay grupos sociales que por su condición económica, social o cultural, se ven impedidos de intervenir activamente en la vida política y, en general, cuando el reconocimiento y ejercicio de los derechos humanos no es pleno.

En este orden de ideas, la CoIDH ha sostenido que las dos dimensiones de la libertad de expresión –individual y colectiva– deben garantizarse simultáneamente. El condicionamiento a la información que puede recibir la sociedad a través de los medios de comunicación impide el flujo de información oportuna, disminuyendo la capacidad de la sociedad de participación informada.¹⁷

Igualmente,

[...] la libertad de expresión es una piedra angular en la existencia misma de una sociedad democrática. Es indispensable para la formación de la opinión pública y para que la comunidad, a la hora de ejercer sus opciones, esté suficientemente informada. Es por eso que es posible afirmar que una sociedad que no está bien informada, no es plenamente libre. La libertad de expresión es, por lo tanto, no sólo un derecho de los individuos sino de la sociedad misma.¹⁸

Esto es, se trata de un derecho importante para el desarrollo personal y la dignidad de cada persona, y es fundamental para la vigencia y el disfrute de otros derechos humanos,¹⁹ así como para la participación pública en la vida política. Por ello, un gobierno que aspira a ser democrático no puede limitar y mucho menos coartar dicho derecho.

Lo anterior, implica que toda persona tiene el derecho a buscar, recibir y difundir información y opiniones libremente, y debe contar con igualdad de oportunidades para recibir, buscar e impartir información por cualquier medio de comunicación sin discriminación, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, sexo, idioma, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.²⁰

Gracias al acceso a la información en poder del Estado es posible que la ciudadanía tenga un conocimiento amplio acerca de las gestiones de los diversos órganos del aparato estatal, por lo que el control efectivo de los ciudadanos sobre las acciones públicas requiere no sólo una abstención por parte del gobierno de censurar información, sino también de su acción positiva proporcionando ésta. Así, resulta evidente que sin información queda imposibilitada la efectiva participación ciudadana y, por tanto, el control democrático de la gestión gubernamental.

Acorde con lo anterior, hoy en día la vigencia del derecho a la información, así como el derecho a la libertad de expresión, son un requisito y una condición indispensable para el buen funcionamiento de toda democracia.

De aquí la trascendencia de no reducir a la democracia a un acto de procedimiento meramente electoral, sino que requiere de eficiencia, transparencia y equidad en las instituciones públicas, así como de una cultura que acepte la legitimidad de la oposición política, reconozca y abogue por los derechos de todas las personas.²¹

Figura 1. La noción de ciudadanía adquiere significado teórico y práctico en el marco de la democracia

Fuente: Elaboración propia a partir del informe PNUD, La democracia de ciudadanía. Una agenda de construcción de ciudadanía en América Latina, 2009.

Esto es parte de la necesidad de transitar de una democracia electoral hacia una democracia de ciudadanos en donde el pleno ejercicio de los derechos humanos sea una realidad para todas las personas.

Se trata de una ciudadanía integral que implica una ciudadanía civil que se compone de los derechos para la libertad individual: libertad de expresión, pensamiento y religión, derecho a la justicia y derecho a la propiedad, y a establecer contratos válidos; una ciudadanía política consistente en el derecho a participar en el ejercicio del poder político como miembro de un cuerpo investido de autoridad política o como elector de sus miembros; y una ciudadanía social, la cual abarca todo el espectro, desde el derecho a un mínimo de bienestar económico al de compartir plenamente la herencia social y vivir conforme a los estándares predominantes en la sociedad.²²

Figura 2. Ejercicio integral de la ciudadanía

Fuente: Elaboración propia a partir del Informe PNUD, La democracia de ciudadanía. Una agenda de construcción de ciudadanía en América Latina, 2009.

Esto se traduce en un vínculo indisoluble entre el régimen democrático, el ejercicio ciudadano y la plena vigencia de los derechos humanos.

Trascendencia del derecho a la información y del derecho a la libertad de expresión en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Tanto el derecho a la libertad de expresión como el derecho a la información se encuentran íntimamente ligados y ambos están reconocidos en la CPEUM; así, su artículo 6º se desdobla en el derecho a la manifestación de ideas y el derecho a la información, y el artículo 7º contiene la libertad de escribir y publicar escritos.

De manera particular, como han sostenido Jorge Carpizo y Ernesto Villanueva,²³ la libertad de expresión comprende tres libertades interrelacionadas:

Figura 3. Libertad de expresión

Fuente: Elaboración propia a partir del texto de Sergio López Ayllón, El acceso a la información como un derecho fundamental: la reforma al Artículo 6º de la Constitución Mexicana.

Esto implica la protección tanto de aquellos que expresan y difunden sus ideas o pensamientos, como de quienes las reciben y aun a quienes desean investigarlas.

Así, el derecho a la información es la garantía que tienen las personas de conocer de manera activa –es decir, investigando– o pasiva –recibiendo–, las ideas, opiniones, hechos o datos que se producen en la sociedad y que les permiten formarse su opinión dentro de la pluralidad, diversidad y tolerancia que supone una sociedad democrática.²⁴

Por ello, se trata de un derecho fundamental, por llamarlo de alguna manera, de “doble vía”, en el sentido de que protege tanto al que informa como a quien recibe la información.²⁵

En relación con lo anterior, entre otras razones, la importancia del derecho a la información radica en que se trata de una:

[...] libertad de expresión que amplía su ámbito para perfeccionarse, para definir facultades que realmente la hagan efectiva, para incorporar aspectos de la evolución científica y cultural de nuestros días y que son indispensables tener en cuenta para fortalecerla pero, fundamentalmente, para garantizar a la sociedad información objetiva, oportuna e imparcial como elemento indispensable del Estado democrático plural.²⁶

El derecho a la información puede visualizarse como un círculo amplio que engloba a las libertades de pensamiento, expresión e imprenta. Gráficamente podríamos representarlo de la siguiente manera:

Figura 4. Derecho a la información

Fuente: Elaboración propia a partir del texto de Jorge Carpizo y Ernesto Villanueva, El derecho a la información. Propuestas de algunos elementos para su regulación en México.

El cuarto y último círculo, el derecho a la información, engloba a los otros tres y se desarrolla para protegerlos y hacerlos efectivos, hacer énfasis en la relación indisoluble entre el derecho a la información y el sistema democrático, así como para precisar el derecho de la persona, grupo de personas y de la sociedad a recibir información objetiva e imparcial.

Desde esta perspectiva, los círculos exteriores van ampliando los derechos y las libertades contenidas en los círculos interiores con la finalidad de hacerlos más efectivos, por lo que entre los círculos no hay contradicción sino que, al contrario, se complementan para alcanzar una verdadera defensa con el fin de precisarlos y ampliarlos.²⁷

Acorde con lo anterior, parte importante de la trascendencia de la constitucionalización de la libertad de expresión y el derecho a la información radica en que, por un lado, ordena a las autoridades a cumplirlo y, por otro, brinda a la ciudadanía mecanismos para hacerlos valer.

El Derecho Internacional de los Derechos Humanos, la libertad de expresión y el derecho a la información

Es importante señalar que el Derecho Internacional de los Derechos Humanos (DIDH) no ha sido ajeno a la regulación del derecho a la libertad de expresión y, por ende, al derecho a la información, ya que se encuentra reconocido en diversos instrumentos internacionales y regionales en la materia, entre los cuales podemos mencionar a la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948) (artículo 19); la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (1948) (artículo IV); la Convención sobre los Derechos del Niño (1989) (artículo 13); la Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969) (artículo 13); y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966) (artículo 19). Estos dos últimos documentos destacan porque vinieron a reformular las libertades tradicionales de expresión e imprenta para adaptarlas a las nuevas condiciones de la información.²⁸

El acceso a la información ha evolucionado hacia su consagración internacional como un derecho humano, cuyo fundamento jurídico se canaliza principalmente en el derecho a la libertad de pensamiento y de expresión.²⁹

En el contexto regional debe destacarse la creación, por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, y la aprobación, en el 2000, de la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión, así como las cuatro resoluciones específicas que la Asamblea General de la OEA ha emitido desde el 2003 sobre el acceso a la información, mediante las cuales resalta su relación con el derecho a la libertad de pensamiento y de expresión.

Internacionalmente, la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas creó la Relatoría Especial para la Libertad de Opinión e Información en marzo de 1993; y desde 1998 el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre Libertad de Opinión y Expresión ha declarado, inequívocamente, que el derecho de acceso a la información en poder de las autoridades del Estado está protegido por el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

También destacan otros documentos como la Resolución 59 (I) de la Asamblea General de las Naciones Unidas; la Resolución 104 adoptada por la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO);³⁰ así como las opiniones consultivas y la jurisprudencia internacional que se ha desarrollado en la materia.

El conjunto de estos instrumentos internacionales sobre DDHH son de gran relevancia por su naturaleza y alcances. Estos documentos son resultado de un acto de soberanía estatal, pues con base en los principios de independencia y autosumisión, los Estados firman tratados cuyas normas les son obligatorias frente a la comunidad internacional, en beneficio de las personas que viven y transitan por su territorio.

Igualmente, en el ámbito de los derechos humanos existen tribunales internacionales y regionales que han sido creados por diversos tratados en la materia, los que establecen la naturaleza del órgano jurisdiccional, su competencia y sus funciones. Cuando dichas instancias resuelven controversias específicas a través de sentencias que son vinculatorias para las partes en conflicto, se va creando, a la par, la jurisprudencia internacional.³¹

Por ejemplo, recientemente ha sobresalido la sentencia de la CoIDH sobre el caso Claude Reyes y otros, en la que reconoció expresamente que el derecho de acceso a la información es un derecho humano integrante del derecho a la libertad de pensamiento y de expresión.

En este mismo orden de ideas,

[...] las interpretaciones realizadas por los tribunales internacionales con motivo de los procesos constituyen precedentes judiciales que forman parte del derecho internacional y que “obligan”, aunque sea indirectamente, a los demás sujetos de derecho obligados por la norma aplicada e interpretada por el tribunal.³²

Por otra parte, existen instrumentos no vinculantes en sentido estricto; por ejemplo, cuando los tribunales internacionales emiten lo que se conoce como “opiniones consultivas”, las cuales son interpretaciones que realizan dichas instancias a alguna norma prescrita en los instrumentos internacionales.

Si bien es cierto dichas opiniones son consideradas de derecho no vinculante porque no son obligatorias en strictu sensu, sí son de gran valor e influencia porque se trata de interpretaciones que llevan a cabo órganos jurisdiccionales en ejercicio de su facultad interpretativa de los tratados. Dicho de otra manera, son actos formalmente jurisdiccionales aunque materialmente no lo sean por no tener el carácter de resoluciones judiciales en estricto sentido, pues su naturaleza es de carácter general.³³

Ejemplo de estas opiniones en materia de libertad de expresión son las referentes a la Colegiación Obligatoria de Periodistas, OC-5/85, del 13 de noviembre de 1985; y a la Exigibilidad del Derecho de Rectificación o Respuesta, OC-7/86, del 29 de agosto de 1986, ambas emitidas por la CIDH.³⁴

Por otra parte, diversos instrumentos internacionales de DDHH establecen órganos de vigilancia de su contenido y se integran por individuos y expertos en la materia que actúan a título personal; por ejemplo, el Comité de Derechos Humanos contemplado en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; y el Comité contra la Tortura previsto en la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, entre otros.

Estas instancias tienen la facultad de recibir peticiones y quejas de individuos en las que aducen que alguno de sus derechos, previsto en un instrumento internacional, fue violado por el Estado parte, el que en su momento debió aceptar la competencia del respectivo órgano para tales efectos; también pueden tratarse quejas de un Estado a otro cuando el quejoso alegue que se incurrió en violación. Así, dichos órganos tienen como función conocer de un conflicto entre dos partes, pero sus decisiones no son vinculantes, pues se trata sólo de recomendaciones que se formulan al Estado respectivo.³⁵

De esta forma, así como los tribunales internacionales emiten las llamadas opiniones consultivas, estos órganos dictan criterios generales de interpretación de los tratados y se llaman “observaciones generales”, las que amplían o precisan el contenido de las obligaciones estatales contenidas en los pactos, convenciones y tratados, con lo cual contribuyen al desarrollo de precedentes cuasi-jurisdiccionales y, por tanto, del DIDH.

Finalmente, están los llamados instrumentos declarativos que han sido emitidos por organismos internacionales y por conferencias en las que participan representantes de los países integrantes de las Naciones Unidas, o determinadas regiones o grupos y, dependiendo de la jerarquía del órgano que emita la declaración, así como de la importancia y jerarquía que el organismo o la conferencia tenga en la comunidad internacional, podrá atribuírsele mayor o menor valor jurídico a la misma.³⁶ Por ejemplo, la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión en el ámbito regional.

De acuerdo con lo anterior, la protección y promoción del derecho a la libertad de expresión y del derecho de acceso a la información, encuentran un sólido sustento y desarrollo constante en el DIDH.

Alcances de la reforma constitucional en derechos humanos

Después de alrededor de dos años de discusiones para analizar diversas iniciativas y de superarse múltiples obstáculos, finalmente se aprobó la reforma constitucional en materia de derechos humanos, la cual se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 11 de junio de 2011.

Dicha reforma es de gran relevancia por diversas razones, entre ellas porque México finalmente superó el hecho de tener la primera Constitución de derechos sociales del siglo XX y ser la última en iniciar el siglo XXI con una auténtica promoción y protección en materia de derechos humanos.

Ahora, la reciente reforma en DDHH sumada a las de materia de amparo, justicia y acciones colectivas, constituye un nuevo paradigma para la promoción y protección de los derechos de las personas en México, al crearse un bloque y control de constitucionalidad, lo que fortalece los mecanismos de garantía de dichos derechos.

Figura 5. Nuevas reformas = nueva Constitución

Fuente: Elaboración propia.

Los profundos cambios de la reforma son diversos; sin embargo, para efectos del presente estudio vale la pena destacar la armonización de la Constitución Mexicana con el DIDH, particularmente en cuanto a la denominación del capítulo primero que se refiere a los DDHH y sus garantías en donde se concentran los derechos fundamentales, así como el otorgamiento del rango constitucional a los tratados internacionales.

De esta manera, la gran trascendencia de la reforma constitucional en DDHH radica en que las normas de derechos humanos de fuente internacional servirán, al igual que las normas constitucionales, como parámetros de la regularidad de los actos, las omisiones y del resto de las normas del ordenamiento. Esto implica el ejercicio pleno del llamado control de convencionalidad abstracto y concreto.³⁷ Asimismo, con la exigencia de la interpretación, en congruencia con el principio pro persona, los DDHH consagrados en la Constitución y los de fuente internacional se armonizarán en beneficio de los derechos de las personas.³⁸

También habrá que tener presente que la interpretación y aplicación normativa deberá hacerse con base en los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

Lo anterior es de gran relevancia en materia de protección y promoción de los derechos fundamentales de las personas, pues implica que todos los instrumentos internacionales de DDHH que han sido firmados y ratificados por nuestro país en el ámbito de la libertad de expresión y, por ende, del derecho a la información, son obligatorios para México y ya son parte del marco jurídico nacional.

Aunado a esto, habrá que considerar la amplitud de operadores de la reforma constitucional en derechos humanos, dada la cantidad de instancias de los tres órdenes de gobierno que están involucradas en su aplicación y, por tanto, en la defensa y promoción de los DDHH, lo que podemos representar de la siguiente manera:

Figura 6. Ámbitos de aplicación de la reforma constitucional en ddhh

Reforma: didh / ddhh | Poder Ejecutivo | Poder Legislativo | Poder Judicial | Organismos Públicos de Derechos Humanos
Órden de gobierno
| Federal | Federal | Federal | Federal
Estatal | Estatal | Estatal | Estatal
Municipal | Municipal | Municipal

Fuente: Elaboración propia.

De esta manera, la constitucionalización de la libertad de expresión y del derecho a la información, sumada a su armonización con el DIDH, no sólo ordena a las autoridades a respetar y promover dichos derechos, sino que también despliega más que nunca el ámbito de protección y brinda a la ciudadanía mecanismos y amplios márgenes para hacerlos valer.

La libertad de expresión, el derecho a la información y la trascendente labor de los periodistas como defensores de los derechos humanos en México

En democracia, la trascendencia del ejercicio del derecho a la libertad de expresión y del derecho a la información se refleja muchas veces en la labor que llevan a cabo los informadores al dar a conocer a la opinión pública diversas violaciones a los derechos humanos y fenómenos como la corrupción, la injusticia y la impunidad.

De aquí que el ejercicio periodístico sea un poderoso mecanismo tanto para la denuncia, como para la promoción y protección de los derechos fundamentales, para la incidencia en el fortalecimiento de las estructuras estatales y de las políticas públicas y, por ende, para la construcción, sano funcionamiento, desarrollo y consolidación democrática.

Así,

[...] el periodismo, en el contexto de una sociedad democrática, representa una de las manifestaciones más importantes de la libertad de expresión e información […] ya que son los periodistas y los medios de comunicación quienes mantienen informada a la sociedad sobre lo que ocurre y sus distintas interpretaciones, condición necesaria para que el debate público sea fuerte, informado y vigoroso.³⁹

Igualmente, es relevante señalar que,

[...] la importancia de la prensa y del estatus de los periodistas se explica, en parte, por la indivisibilidad entre la expresión y la difusión del pensamiento y la información; y por el hecho de que una restricción a las posibilidades de divulgación representa, directamente y en la misma medida, un límite al derecho a la libertad de expresión, tanto en su dimensión individual como en su dimensión colectiva.⁴⁰

Por otra parte, los defensores de los derechos humanos son aquellas personas que, individual o colectivamente, se esfuerzan por proteger y promover estos derechos sin importar su género, edad, raza, profesión, nacionalidad, o cualquier otra condición.

Lo anterior en congruencia con el artículo 1 de la Declaración sobre el Derecho y el Deber de los Individuos, los Grupos y las Instituciones de Promover y Proteger los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales Universalmente Reconocidos, la que a partir de una definición amplia señala que se considerará defensora a cualquier persona que, individual o colectivamente, promueva y procure la protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales en los planos nacional e internacional.⁴¹

Igualmente, la Declaración en comento dedica diversos artículos a la defensa de los derechos humanos a través de la libertad de expresión; así, los defensores tienen el derecho a expresar sus ideas y opiniones libremente, mientras que la sociedad tiene el derecho a acceder a la información generada por ellos. Para tal propósito, el papel de los medios es fundamental en la medida en que difunden asuntos de relevancia pública y hacen posible que la sociedad conozca la problemática de los derechos humanos.⁴²

Al respecto, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) considera que los defensores de derechos humanos se distinguen por sus actividades y por el contexto en que trabajan. En general, es aquella persona que actúa en favor de uno o varios derechos humanos, de un individuo o de un grupo. Asimismo, se ocupa tanto de los derechos civiles y políticos, como de los derechos económicos, sociales y culturales. La mayoría de estos defensores desarrolla su actividad en el plano nacional o local en defensa del respeto de esos derechos en sus propias comunidades y países.

De igual manera,

[...] lo que caracteriza a una defensora o defensor no es su formación profesional, su condición o sus aptitudes, sino que las actividades que realiza tengan un enfoque de derechos humanos. No se requiere ningún requisito particular, salvo que el método empleado para defender derechos humanos sea compatible con los mismos y, en general, pacífico.⁴³

Esta actividad implica, a su vez, el ejercicio del derecho a defender los derechos humanos, por lo que el Estado tiene la obligación y responsabilidad primordial de brindar protección y hacer efectivo este derecho humano.

En relación con lo anterior, en el caso de México, el Acuerdo por el que se establecen las bases del mecanismo de protección de defensores de los derechos humanos a partir de la instrumentación de acciones coordinadas que en el ámbito de sus atribuciones desarrollarán la Secretaría de Gobernación, las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, y la Procuraduría General de la República, publicado en el DOF el 7 de julio de 2011, señala en su artículo segundo que:

[...] se entenderá por defensora o defensor de los derechos humanos a toda aquella persona que, de manera individual o en asociación con otros, realiza la promoción y defensa de los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte.⁴⁴

Desde este punto de vista, quienes se ocupan del ejercicio periodístico son personas que, al dar a conocer a la opinión pública diversas violaciones a los derechos humanos y fenómenos como la corrupción, la injusticia y la impunidad, trabajan por la promoción y protección de los DDHH y, por tanto, son defensoras activas de los derechos humanos. Esta valiosa fórmula podría representarse en el siguiente gráfico:

Figura 7. El ejercicio periodístico

Fuente: Elaboración propia.

En este orden de ideas, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México (OACNUDH–Mex) ha señalado que:

[...] las y los periodistas que en razón de su actividad promueven y protegen los derechos humanos también son defensoras y defensores. Al panorama crítico que per se enfrentan las y los periodistas se deben agregar los retos específicos que tienen como defensoras o defensores. Los retos van desde dificultades en sus propios medios para que las líneas editoriales permitan la incorporación de una agenda de derechos humanos, hasta agresiones directas, incluyendo la privación de la vida.⁴⁵

En este sentido, la relatoría de Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos ha retomado, en la mayoría de sus Informes, violaciones cometidas en contra de periodistas en tanto defensores de los derechos humanos.⁴⁶

Algunas acciones emprendidas a través del ejercicio periodístico para la promoción y protección de los derechos humanos son: la exigencia de rendición de cuentas sobre normas de derechos humanos; el cumplimiento por parte del Estado de sus obligaciones internacionales en la materia; la denuncia; la promoción de la capacidad estatal para enjuiciar a los autores de violaciones; la investigación de casos de violaciones a DDHH, la contribución a la justicia de las víctimas, entre otras.

En general, la labor de los periodistas garantiza un ambiente que restringe las oportunidades para la corrupción, la impunidad y las violaciones a derechos humanos; por ello, es fundamental para una democracia contar con los beneficios que da el acceso a la información y la liberad de expresión.

De esta manera, un pilar para la construcción democrática del país descansa en el ejercicio de la libertad de expresión y el acceso a la información gubernamental, al permitir la promoción y protección de los derechos humanos, y en donde los informadores juegan un papel fundamental en su papel de defensores de DDHH.

Un acercamiento a la situación de la libertad de expresión en México

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México ha señalado, en su Informe sobre la Situación de los Defensores de Derechos Humanos en México 2010, que los periodistas que por su actividad promueven y protegen derechos humanos también son defensores.

Dicho Informe también refiere que frente al panorama crítico que per se enfrentan los periodistas, deben agregarse los retos específicos que tienen como defensores, los cuales “van desde dificultades en sus propios medios para que las líneas editoriales permitan la incorporación de una agenda de derechos humanos, hasta agresiones directas, incluyendo la privación de la vida.”⁴⁷

En México, a diferencia del pasado en donde la labor de los informadores se veía amenazada sistemáticamente por la verticalidad y la intolerancia del poder público, en el presente también se ve amenazada por la omisión institucional y la impunidad en que operan los poderes fácticos, particularmente la delincuencia organizada y los carteles del narcotráfico.

Ya en el Informe anual de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión 2006 de la CIDH, se señalaba la alta situación de vulnerabilidad de los comunicadores en México ante el crimen organizado, especialmente ante los carteles del narcotráfico. Según dicho Informe, esto se puso de manifiesto en su más trágica dimensión durante ese año cuando se registraron nueve asesinatos de comunicadores: dos en el estado de Oaxaca, dos en el estado de Veracruz, uno en el estado de Michoacán, uno en el estado de Tamaulipas, uno en el estado de Chihuahua, uno en el estado de Guerrero y uno en el Distrito Federal. Además, desapareció un periodista en el estado de Michoacán.⁴⁸

Si bien es cierto no podemos soslayar que en nuestro país ha habido grandes avances en torno a la libertad de expresión y el acceso a la información, como la despenalización de los delitos de difamación, calumnia e injurias –delitos de prensa–, y el derecho de los periodistas a guardar reserva respecto de sus fuentes de información para sustentar cualquier publicación o comunicado, la aprobación de la Ley de Responsabilidad para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen, así como la Ley del Secreto Profesional del Periodista, también debemos reconocer que quedan muchos retos por vencer.

Al respecto, no pueden olvidarse algunos eventos como el proceso y resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en el caso de la periodista Lydia Cacho; o bien, la repentina salida de la periodista Carmen Aristegui de W Radio en el 2008 porque, se dijo, su modelo editorial era incompatible con el del noticiero en el que colaboraba, el cual era el de la dirección editorial que la propia empresa había determinado.

Así, hoy en día persisten viejos y nuevos pendientes que resolver en México en torno a la libertad de expresión y el derecho a la información. De esto nos dan cuenta algunos datos reveladores y pronunciamientos de diversas instancias nacionales e internacionales.

Para efectos de este análisis sólo se mencionarán algunos casos. Por ejemplo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha dado a conocer a la Cámara de Diputados que desde el 2005 se han integrado 462 expedientes de quejas por agresiones a periodistas o medios de comunicación. Asimismo, ha señalado que en los últimos cinco años se registraron 51 homicidios, 13 desapariciones y 21 atentados en contra de diversos medios de comunicación.⁴⁹

También se ha detallado que las autoridades señaladas como presuntas responsables son la Procuraduría General de la República, las secretarías de Seguridad Pública y de la Defensa Nacional, así como las procuradurías de Justicia de Oaxaca y Veracruz. Finalmente, refiere que las entidades federativas con mayor recurrencia en violaciones a derechos humanos de periodistas son Oaxaca, con 41; Veracruz, con 29; Chihuahua, con 28; Chiapas, con 26 casos; y el Distrito Federal, con 64; y los derechos más vulnerados son: seguridad jurídica, libertad, legalidad, integridad, certidumbre personal, propiedad y posesión.⁵⁰

Por otra parte, también debe considerarse el Informe de Frank la Rue, relator especial sobre la Promoción y Protección del Derecho a la Libertad de Opinión y Expresión, resultado de su visita a México por invitación del gobierno mexicano en el mes de agosto de 2010. Cabe señalar que dicha misión oficial fue la primera que se hizo de manera conjunta con la relatora especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, Catalina Botero.

La visita incluyó, además del Distrito Federal, los estados de Chihuahua, Guerrero, Sinaloa y Estado de México. El Relator Especial sostuvo reuniones con autoridades gubernamentales, legislativas y judiciales tanto a nivel federal como estatal, así como con Organizaciones de la Sociedad Civil, de periodistas y con otros actores relevantes.⁵¹

En términos generales, el Informe da cuenta de la actual situación de violencia e impunidad, ejemplificada por el hecho de que muy pocos de los 66 casos de asesinato de periodistas ocurridos entre el año 2000 y diciembre de 2010 hayan sido esclarecidos. La ausencia de investigaciones concluidas en la gran mayoría de los casos impide determinar con exactitud las causas y los responsables de estos crímenes.

Solamente entre el año 2000 y diciembre de 2010, 12 periodistas fueron desaparecidos. El Informe hace referencia también a atentados recientes contra los medios de comunicación. Asimismo, en algunas zonas, los periodistas se encuentran sujetos a intimidación y autocensura. El Informe señala que la libertad de expresión en México enfrenta graves obstáculos y las cifras mencionadas han convertido al país en el más peligroso para ejercer el periodismo en América.⁵²

En este tenor, durante su pasada visita en el mes de julio a nuestro país, la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos urgió al gobierno a garantizar la libertad de expresión, no sólo permitiendo puntos de vista plurales en los medios, sino también asegurando a quienes se dedican al periodismo puedan llevar a cabo su tarea sin pagar un alto costo, en ocasiones con su propia vida.

Por su parte, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señaló en su Informe Especial sobre la Libertad de Expresión en México, su preocupación por los graves y diversos obstáculos que enfrenta la libertad de expresión.

Sobre el particular, manifestó que

[...] destacan los asesinatos de periodistas y otros gravísimos actos de violencia contra quienes difunden información, ideas y opiniones, y la impunidad generalizada en estos casos. Preocupa también a la Relatoría la vigencia de legislación que permite aplicar sanciones penales por el ejercicio de la libertad de expresión tanto a nivel federal como en un número importante de entidades federativas.⁵³

Asimismo, la Relatoría observó con preocupación la inexistencia de una institución que tenga la función de recolectar y mantener actualizados y documentados los datos sobre la violencia contra los periodistas en México, y sobre los procesos penales y administrativos realizados en estos casos. También señaló tener conocimiento de que en algunas regiones del país la violencia e intimidación contra periodistas es ejercida por grupos armados presuntamente afines a facciones políticas.

Aunado a lo anterior, refirió la Relatoría diversas denuncias que recibió sobre hostigamientos y agresiones cometidas tanto por miembros de las fuerzas armadas, como de la policía, en perjuicio de periodistas que en ejercicio legítimo de su profesión, intentan cubrir temas de seguridad pública.⁵⁴

Desde el ámbito nacional destaca la información del Centro Nacional de Comunicación Social, A.C. (Cencos) y Article XIX, Oficina para México y Centroamérica, que en su Informe 2011, “México y el Derecho a la Información. Análisis de las Cifras”, señalan que la violencia contra la prensa es un fenómeno que ha afectado severamente el ejercicio del derecho a la libertad de expresión en el país.

Desde el año 2000 la violencia contra quienes ejercen la actividad periodística se ha incrementado. Al respecto, la Comisión Especial de Seguimiento a Agresiones a Periodistas y Medios de la Cámara de Diputados reporta 33 asesinatos de 1983 a 1999, mientras que desde 2000 registra 77. Esto es, el número de periodistas asesinados casi se duplicó en la última década.⁵⁵

Sin embargo, es a partir de la presente Administración que hubo un incremento en las agresiones. Por ejemplo, en el año 2003 se contabilizaron 76 agresiones contra la prensa mientras que en el 2009 fueron 244, es decir, más de un 300%. La gravedad de las agresiones también presenta un incremento, pues de los 10 casos registrados de periodistas desaparecidos desde el 2000, 80% de ellos tuvieron lugar entre el 2006 y el 2010.

Asimismo, si bien el número de agresiones disminuyó respecto al año anterior, es decir, 244 durante el 2009 y 155 en el 2010, proporcionalmente el nivel de violencia de las agresiones aumentó. Para el 2009 hubo 11 asesinatos, 1 desaparición y 5 ataques con armas de fuego y explosivos en contra de medios de comunicación. En el 2010 se registraron 8 asesinatos, 1 desaparición y 13 ataques con armas de fuego y explosivos en contra de medios.⁵⁶

Lo anterior no debe soslayarse si consideramos que en el Informe de la visita oficial a México del Relator Especial sobre la Promoción y Protección del Derecho a la Libertad de Opinión y Expresión de la Organización de las Naciones Unidas, se hace hincapié en que:

El Estado mexicano enfrenta una situación crítica de violencia e inseguridad. El pleno goce de la libertad de expresión y opinión se ha visto fuertemente comprometido en este contexto. Dentro de los graves y diversos obstáculos que enfrenta México, destacan los asesinatos contra periodistas y otros gravísimos actos de violencia contra quienes difunden información, ideas, opiniones, así como la impunidad generalizada en estos casos. Las diversas fuentes consultadas por el Relator especial confirman que en nuestro país la violencia contra periodistas tiende a intensificarse.

El Estado no solamente está obligado a garantizar que sus agentes no cometan actos de violencia contra periodistas, sino también a prevenir razonablemente las agresiones provenientes de particulares. Tiene además la obligación de investigar, procesar, juzgar y, en su caso, sancionar a los autores de dicha violencia. El hecho de que el Relator Especial se pronuncie sobre un acto de violencia no implica necesariamente que ese acto resulte directamente atribuible al Estado; no obstante, estos hechos ponen de manifiesto su obligación de prevenir, proteger y, de ser el caso, sancionar este tipo de hechos.⁵⁷

Por último, podemos señalar que la organización internacional Reporteros sin Fronteras. Por la libertad de prensa, señala que en el país,

[...] desde el año 2000 han sido asesinados 71 periodistas y otros diez se encuentran desaparecidos desde 2003. Más de la mitad de ellos investigaban asuntos relacionados con el narcotráfico. No han arrestado ni juzgado a ninguno de los autores intelectuales de esos crímenes. México es uno de los países más peligrosos del continente para la profesión.⁵⁸

Por su parte, el Committee to Protect Journalists (cpj), ha señalado que dada la situación de la prensa, nuestro país compite con países asolados por la guerra como Irak y Somalia, lo que hace a México uno de los más letales para la prensa y uno de los peores en materia de investigación y esclarecimiento de delitos contra periodistas. Asimismo, publicó el Informe especial “Silencio o muerte en la prensa mexicana”, en el que analiza los asesinatos de 22 periodistas y tres trabajadores de los medios de comunicación, así como la desaparición de siete periodistas durante la presidencia de Calderón.⁵⁹

Datos más recientes y preliminares de Cencos nos dan cuenta de que entre enero y julio de 2011 se registraron y documentaron 58 agresiones cometidas contra periodistas y medios de comunicación.⁶⁰

En el mismo periodo, reporta que se han confirmado seis asesinatos relacionados con la labor informativa, además de dos secuestros en donde los periodistas fueron liberados, y una desaparición.

Gráfica 1. Tipología de las agresiones a periodistas y medios de comunicación (porcentajes nacionales)

Fuente: Elaboración propia a partir del Documento de trabajo “Datos preliminares del registro de agresiones a periodistas y medios de comunicación de enero a julio de 2011”, los que fueron facilitados al autor por el Centro Nacional de Comunicación Social, A.C. (Cencos).

Por otra parte, llama la atención la naturaleza de los supuestos responsables, lo que nos da cuenta de la situación de vulnerabilidad en que se encuentran los informadores; por ejemplo, frente a los funcionarios públicos, quienes son los encargados de velar por la prevención de violaciones y por la protección de los derechos humanos.

Gráfica 2. Supuesto responsable de las agresiones a periodistas y medios de comunicación (porcentajes nacionales)

Fuente: Documento de trabajo “Datos preliminares del registro de agresiones a periodistas y medios de comunicación de enero a julio de 2011”, los que fueron facilitados al autor por el Centro Nacional de Comunicación Social, A.C. (Cencos).

En el caso del Distrito Federal (DF), en el mismo periodo de enero a julio, Cencos reporta dos casos de agresiones contra periodistas: una contra un particular y otra contra un medio de comunicación por intimidación y allanamiento, respectivamente.

En cuanto a la tipología de las agresiones en contra de defensores de derechos humanos en el DF, Cencos señala un caso por asesinato, otro por hostigamiento y uno más por amenaza.⁶¹

De acuerdo con los datos de Cencos, dichas agresiones a los defensores de DDHH fueron en dos casos, el primero por la defensa de derechos económicos, sociales y culturales, y el segundo por derechos civiles y políticos.

Aunado a los retos que aún enfrenta el ejercicio de la libertad de expresión en el país, y que se han señalado a lo largo de este rubro, también podemos mencionar otros pendientes como los derechos humanos laborales de los periodistas, la garantía plena del derecho de réplica, la adecuada prevención y sanción de las agresiones cometidas contra personas que ejercen la libertad de expresión, la interpretación restrictiva de la legislación para limitar este derecho, y la falta de pluralidad informativa en los medios electrónicos, entre otros.⁶²

Lo anterior es sólo un reflejo del Informe del Relator Especial sobre la Promoción y Protección del Derecho a la Libertad de Opinión y Expresión de la Organización de las Naciones Unidas, en el sentido de que se pone de manifiesto la obligación del Estado de prevenir, proteger y, en su caso, sancionar este tipo de hechos.

Aportes normativos e institucionales para el fortalecimiento del ejercicio y defensa del derecho a la libertad de expresión y el derecho a la información en el Distrito Federal

Si bien es cierto, como quedó señalado en el anterior apartado, que a nivel nacional existen valiosos avances en torno a la protección y vigencia del derecho a la libertad de expresión y el acceso a la información en México,⁶³ para efectos del presente estudio, y porque merecería un estudio aparte, sólo nos enfocaremos en las importantes aportaciones que desde el Distrito Federal se han puesto en marcha en los últimos años.

Cabe aclarar que pugnar por el pleno ejercicio de los derechos humanos implica que todo Estado que se haga llamar democrático de derecho los reconozca y garantice plenamente, para lo cual deberá llevar a cabo estrategias basadas en el diseño, implementación, evaluación y seguimiento de políticas públicas encaminadas a hacer de dichos derechos una realidad para todas las personas.

Es decir, será la manera en que el Estado intervendrá en la vida social para el cumplimiento de sus fines, creando y realizando actos y situaciones jurídicas concretas e individuales mediante iniciativas, decisiones y acciones frente a escenarios socialmente problemáticos.

En el caso del DF, se ha venido construyendo y fortaleciendo un andamiaje normativo e institucional para la atención de las personas defensoras de los derechos humanos involucradas como víctimas de delitos por el ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas.

Esto a través del Acuerdo A/010/2010 del Procurador General de Justicia del Distrito Federal, publicado el 23 de abril de 2010 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, en el cual se establecen lineamientos respecto a la investigación e integración de averiguaciones previas donde se encuentren involucradas personas defensoras de los derechos humanos como víctimas de delitos, por el ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas.⁶⁴

Es importante señalar que el contenido del Acuerdo en mención considera como parte de sus lineamientos, la Declaración sobre el Derecho y el Deber de los Individuos, los Grupos y las Instituciones de Promover y Proteger los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales Universalmente Reconocidos.

Será la Fiscalía Central de Investigación para la Atención de Asuntos Especiales y Electorales, la competente para conocer e investigar sobre delitos cometidos en agravio de personas defensoras de los derechos humanos.

El mismo Acuerdo A/010/2010 establece que la Subprocuraduría de Atención a Víctimas del Delito y Servicios a la Comunidad será la encargada de brindar protección, apoyo psicológico, médico o asistencial a las víctimas, ofendidos y testigos, incluida la reparación del daño.

Por otra parte, dicho Acuerdo también especifica que la Subprocuraduría Jurídica y de Derechos Humanos, a través de la Dirección General de Derechos Humanos, es la instancia que dará seguimiento a las averiguaciones previas iniciadas, y la Fiscalía Central de Investigación para la Atención de Asuntos Especiales y Electorales proporcionará la información que le sea requerida o brindará las facilidades necesarias al personal de la citada Dirección General para el seguimiento correspondiente.

Asimismo, la Dirección General de Política y Estadística Criminal establecerá una base de datos que permita ubicar todas las averiguaciones previas que pudieran estar relacionadas, ya sea por el o los nombres de las víctimas, de los imputados, los domicilios donde ocurrieron los hechos, el modus operandi, o cualquier otro dato relevante, a efecto de vincular las mismas y establecer una estrategia coordinada para esclarecer los hechos.

Otro sustento en la materia en comento es el Acuerdo A/011/2010 del Procurador General de Justicia del Distrito Federal por el que se emite el Protocolo de Investigación para la Atención de Delitos Cometidos en Agravio de los Periodistas en el ejercicio de esta actividad.

Es de llamar la atención el fundamento de este documento en el artículo 6º de la CPEUM, así como en el DIDH, particularmente el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; los principios 8 y 9 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; el artículo IV de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; y 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Igualmente, a través del Acuerdo A/004/2010 publicado en la Gaceta del Gobierno del Distrito Federal del 25 de marzo de 2010, se creó la Agencia Especializada para la Atención de Delitos Cometidos en Agravio de las y los Periodistas en el Ejercicio de esa Actividad, en donde se establecen los lineamientos de actuación para el personal ministerial que conozca de esos delitos.

Por otra parte, en el ámbito del DF también destaca la labor de otro órgano de Estado, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) la que, en el ámbito de su competencia, ha dedicado parte de sus esfuerzos a la defensa del derecho a la libertad de expresión, al acceso a la información y a la defensa de quienes defienden los derechos humanos.

Sobre el particular debe mencionarse que por acuerdo del Consejo de la CDHDF se reformaron y adicionaron diversos artículos de su Reglamento Interno. En este contexto surgió, a su interior, la Relatoría para la Libertad de Expresión y Atención a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos, y el 30 de mayo de 2007 se publicó su creación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.

Por otra parte, en el marco de la adopción del primer Programa Nacional de Derechos Humanos (PNDH) en diciembre de 2004, se firmó el Acuerdo Nacional de Derechos Humanos entre las entidades federativas y la Secretaría de Gobernación.

La OACNUDH presentó una propuesta de colaboración para la elaboración de diagnósticos sobre la situación de los derechos humanos en las entidades federativas.

En 2006 la iniciativa para la elaboración de un Diagnóstico en el DF estuvo encabezada por la OACNUDH y la CDHDF, las que convocaron a autoridades, instancias académicas y miembros de la sociedad civil. Así, en el 2006 el Gobierno del Distrito Federal (GDF), la OACNUDH, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF), Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), instituciones académicas y la CDHDF elaboraron un Diagnóstico de Derechos Humanos del Distrito Federal.

El Diagnóstico contiene una revisión del cumplimiento de las obligaciones de las autoridades del DF en materia de DDHH y representó el primer escalón para la construcción de una política de Estado en materia de derechos humanos, que incorporó a la ciudadanía en la toma de decisiones para corregir los errores y deficiencias de la administración pública capitalina.

Los problemas detectados en el Diagnóstico se tradujeron en un Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal (PDHDF), cuyo objeto es proponer soluciones estableciendo estrategias, líneas de acción, plazos y unidades responsables, a partir del enfoque de DDHH en la legislación, las políticas públicas y el presupuesto.

En dicho Programa,

[...] incluye un capítulo dedicado exclusivamente al derecho a la libertad de expresión en el cual se establecen 64 líneas de acción que comprometen a los agentes del Estado a tomar medidas a corto y mediano plazos para garantizar el pleno ejercicio de este derecho en el Distrito Federal. Las líneas planteadas en dicho programa no se limitan a atender las necesidades y la problemática del ejercicio periodístico en la Ciudad de México, sino que entienden el derecho a la libertad de expresión de una forma amplia, diversa, plural e integral.⁶⁵

Como consecuencia de dicho programa, también surgió un mecanismo específico encargado del seguimiento del impacto y efectividad de las políticas públicas en materia de libertad de expresión y el acceso a la información, así como de los asuntos relacionados con los trabajadores y profesionales de los medios de comunicación, incluyendo sus derechos laborales.

El resultado fue la Mesa de Trabajo Multisectorial sobre el Derecho a la Libertad de Expresión, un órgano de coordinación y consulta en el que participan autoridades del GDF, del TSJDF y de la ALDF, organizaciones de la sociedad civil, profesionales de la comunicación, académicos, especialistas e integrantes de la Relatoría para la Libertad de Expresión de la CDHDF.⁶⁶

Al respecto, el PDHDF, en cuanto al derecho a la libertad de expresión, asigna responsabilidades a 14 entes públicos. Durante 2010 diversas instancias comenzaron a trabajar en 19 líneas, incrementándose a 31 para 2011, lo que implica 53 acciones de las diferentes instancias.⁶⁷

Cabe señalar que la CDHDF recientemente publicó el Diagnóstico sobre la Situación del Derecho a la Libertad de Expresión en la Ciudad de México 2010, el cual “aporta los elementos para realizar un análisis de la realidad que vive la sociedad en su conjunto para ejercer su derecho a la libertad de expresión en la Ciudad de México, enfocándose particularmente en la situación que viven las personas que ejercen el periodismo.”⁶⁸

Finalmente, el apoyo que desde el 2010 se ha dado al Proyecto la Casa de los Derechos de los Periodistas, cuyo objetivo es la defensa de los periodistas y la libertad de expresión, coordinado por la Sociedad Civil.⁶⁹

Por otra parte, como ya se ha mencionado, es gracias al acceso a la información pública que los ciudadanos, entre ellos los informadores, tienen conocimiento y control sobre las acciones de política pública al conocer las gestiones de los diversos órganos del Estado.

Por ello, un avance significativo para consolidación de la democracia mexicana lo constituyó la reforma al Artículo 6º Constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de julio de 2001, mediante el cual fue posible el fortalecimiento del derecho a la información gubernamental y su garantía por parte del Estado.

Así, constitucionalmente se estableció que para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la federación, los estados y el Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos, los cuales se sustanciarán ante órganos u organismos especializados e imparciales, y con autonomía operativa, de gestión y de decisión (fracción IV, artículo 6º de la CPEUM).

De esta manera, hoy en día se ha superado la idea de que la población mexicana sólo participa en la toma de decisiones mediante la emisión de su voto, pues actualmente existe un marco legal y mecanismos para que la población pueda opinar, acceder a la información pública e incluso controlar a la administración pública, lo que se traduce en un avance democrático sin precedentes en la historia del país.

Esto fue de gran relevancia para la construcción del acceso a la información pública en el Distrito Federal, pues hasta antes del 7 diciembre de 2001, fecha en que se presentó la Iniciativa de Ley de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, era un tema pendiente en la agenda de la Ciudad de México.⁷⁰

Posteriormente, el 30 de marzo de 2006 se instaló el Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal (InfoDF), acorde con las reformas a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, publicadas en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 28 de octubre de 2005. De esta manera, se sustituyó al Consejo de Información Pública del Distrito Federal (Consi).

A partir de entonces en el DF ha habido importantes avances en materia de acceso a la información, algunos ejemplos son los siguientes: mejorar la cultura de acceso a la información, para lo cual el InfoDF puede sugerir y proponer contenidos sobre el tema de la transparencia y acceso a la información en el sistema educativo del DF. Esto ha permitido la firma de convenios con diversas instituciones educativas, tanto públicas como privadas; por ejemplo, el Instituto Politécnico Nacional (IPN), la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey campus Ciudad de México (ITESM) y la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM).⁷¹

Sin duda, un mecanismo eficaz para facilitar a las personas la información pública del Distrito Federal ha sido la implementación del Infomex, plataforma elaborada por el InfoDF y el Banco Mundial que permite realizar solicitudes de acceso a la información a distancia y automatiza todo el proceso de trámite de solicitudes. Asimismo, cada dependencia cuenta con una Oficina de Información Pública.

Así, el InfoDF tiene a su cargo la importante tarea de asegurar que el derecho de acceso a la información pública, por parte de la ciudadanía, se ejerza sin restricciones que rebasen lo indicado por la ley, así como vigilar que los entes públicos del DF cumplan con el principio de publicidad de los actos de gobierno y las obligaciones de transparencia consagradas en la legislación; entre ellos, los poderes locales, los órganos autónomos y cualquier entidad, organismo u organización que reciba recursos públicos del DF.⁷²

Un aspecto relevante en el caso de la Ciudad de México, es que los entes públicos deberán ejercer el gasto público respetando los principios de legalidad, certeza jurídica, información, celeridad, veracidad, transparencia y pluralidad.

De esta forma, el InfoDF garantiza el derecho de acceso a la información pública e impulsa la transparencia y la rendición de cuentas en el DF en beneficio de toda la sociedad,⁷³ permitiendo el control democrático de la gestión gubernamental.

La trascendencia del derecho de acceso a la información pública es tal que fue incluido en el Diagnóstico de Derechos Humanos del Distrito Federal en el núcleo de democracia y derechos humanos.

Cabe señalar que el derecho de acceso a la información debe garantizarse de manera armónica con el de protección de datos personales. Estos derechos están estrechamente relacionados con la Ley de Archivos del Distrito Federal, que en unión a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal y la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal, conforman un marco normativo referencial sólido para la tutela y ejercicio de otros derechos humanos.⁷⁴

A pesar de que aún falta mucho por hacer, un importante avance en el DF en cuanto a la protección del derecho de acceso a la información y datos personales, ha sido el establecimiento de un marco normativo especial que se apega a la mayoría de los estándares internacionales en la materia.

El Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal busca resolver muchos de los pendientes para la plena realización del derecho al acceso a la información a través de estrategias y líneas de acción relacionadas con los temas de: generación, organización y conservación de la información pública; derecho de acceso a la información de interés público; y la difusión proactiva o focalizada de la información pública.⁷⁵

A un año de la implementación (2010) del Programa de Derechos Humanos en el Gobierno del Distrito Federal, las principales ocho dependencias responsables⁷⁶ de garantizar el ejercicio al Derecho de Acceso a la Información, a través de la implementación de 21 líneas de acción (de un total de 27), reportaron la situación de 109 acciones en diferentes líneas, identificando que el 65% comenzaron a trabajarse durante el 2010, y ocho más serían impulsadas durante el 2011.

Asimismo, las tres importantes actividades desarrolladas en este periodo fueron la sensibilización, la formación y capacitación, así como las acciones que involucraron la participación ciudadana, civil y académica desde un enfoque de derechos humanos.⁷⁷

Un elemento clave para la vigencia de la democracia es la participación política, derecho que implica, además de la deliberación libre e informada sobre asuntos públicos (derecho civil), que la ciudadanía participe directamente en la conducción de dichos asuntos (derecho político). Así, este derecho tiene tres dimensiones: la participación en la gestión de los asuntos públicos, la participación en elecciones –voto y candidatura– y el acceso a las funciones públicas, lo que requiere de información suficiente que las autoridades del DF deberán garantizar en todo momento a la ciudadanía, a fin de que participe en los asuntos públicos.⁷⁸

Para cerrar el presente apartado es importante señalar que si bien es cierto que en el DF existen importantes avances que han contribuido de manera trascendente a la defensa y promoción de la libertad de expresión y el derecho de acceso a la información, también debemos tener presente que se trata de un contexto que ha vivido su propia dinámica en comparación con la de diversas entidades federativas, por lo que siempre es oportuno considerar las diversas experiencias.

A manera de conclusión

De acuerdo con lo analizado, es innegable que en México hemos tenido grandes avances en materia del derecho a la libertad de expresión y acceso a la información pública gubernamental, lo cual ha venido a fortalecerse con la reforma constitucional en derechos humanos del pasado 11 de junio de 2011; sin embargo, no debemos soslayar los viejos y nuevos desafíos que en nuestros tiempos aún deben superarse en este ámbito.

Lo anterior debido a que la democracia involucra e impacta a todas las instituciones del país. Nadie es ajeno a la responsabilidad del cambio y a la construcción de un régimen de libertades e igualdad.

Como fue señalado a lo largo de este texto, uno de los grandes retos que debemos enfrentar en los próximos años en torno al acceso a la información pública y a la libertad de expresión, descansa en la necesidad de lograr un cambio de visión de muchos servidores públicos que, a pesar del andamiaje normativo –que les obliga– e institucional con que contamos hoy en día, se sienten amenazados e insisten en frenar o limitar el pleno ejercicio ciudadano de ambos derechos a través de la opacidad y la censura, los cuales son uno de los mayores obstáculos para el fortalecimiento de las instituciones democráticas y los mecanismos de rendición de cuentas.

Hoy debe superarse la idea de que los derechos a la libertad de expresión y el acceso a la información pública gubernamental no son una amenaza para autoridades y servidores públicos, sino que se trata de una obligación del Estado y DDHH que integran un componente fundamental para la rendición de cuentas, y condición para la gobernabilidad democrática del país.

Otro desafío en torno a la libertad de expresión y acceso a la información tiene que ver con la urgente necesidad de alcanzar una verdadera protección a periodistas y activistas de derechos humanos, y poner un alto a las amenazas y agresiones que sufren, las cuales muchas veces han llegado hasta la muerte y que lamentablemente han ocupado una centralidad en nuestro país, lo que no sólo afecta a quien las sufre, sino también a la construcción democrática.

En este sentido, si bien es cierto que en el Distrito Federal la situación y contexto es diverso a la de otras entidades federativas, también lo es que no está exento de situaciones similares. Por ello, es importante continuar con el desarrollo y fortalecimiento de la experiencia que ha venido dándose, tanto en la labor del GDF como en la de los organismos autónomos como el InfoDF. El intercambio de buenas prácticas sería un fructífero ejercicio para el fortalecimiento de la libertad de expresión y acceso a la información en el país.

Un reto más por vencer es alcanzar una auténtica apropiación de las personas del ejercicio de sus derechos. El paradigma ético de la democracia necesita de ciudadanos mejor formados e informados sobre los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, a los que están obligados los titulares de los gobiernos representativos.

La transparencia y la rendición de cuentas no son una concesión del poder público; por el contrario, es una cláusula de gobernabilidad democrática que la sociedad ha establecido en términos contractuales con el Estado; por ello, deberá generarse y fortalecerse una cultura ciudadana democrática más allá de ciudadanos que puedan elegir a sus representantes.

Por ello, la plena apropiación de las personas del ejercicio de sus derechos es parte de la construcción de ciudadanía que deberán llevar a cabo, de común acuerdo, el gobierno y la sociedad civil, así como la ciudadanía en su conjunto.

Aunado a los retos que aún enfrenta el ejercicio de la libertad de expresión en el país, y que se han señalado a lo largo de este trabajo, también podemos mencionar otros pendientes como los derechos humanos laborales de los periodistas, el derecho de réplica, la adecuada prevención y sanción de las agresiones cometidas contra personas que ejercen la libertad de expresión, la interpretación restrictiva de la legislación para limitar este derecho, y la falta de pluralidad informativa en los medios electrónicos, entre otros.

Esto es muy trascendente para la vida democrática del país y, sobre todo, en el contexto nacional que estamos viviendo en donde las dimensiones de la inseguridad que padecemos deben cesar; es aquí cuando el derecho a la información se convierte en una valiosa herramienta para la defensa y promoción de los derechos humanos.

Hoy en día, el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la información previenen que se transgreda la dignidad humana y, en su caso, se busque la sanción de los culpables y se haga justicia; por ello, en tanto se logre garantizar la transparencia en el actuar de las autoridades, especialmente de las fuerzas de seguridad, será más difícil que los encargados de hacer cumplir la ley utilicen la tortura, la desaparición forzada de personas o las detenciones arbitrarias, entre otras acciones contra la dignidad humana, como métodos de investigación.

El ejercicio de la libertad de expresión y del derecho a la información no sólo busca fiscalizar a las autoridades en su actuar, sino también promover la participación de las víctimas, organizaciones de la sociedad civil, académicos y otros sectores sociales en el diseño, evaluación y seguimiento de las políticas públicas.

Sin embargo, las dimensiones del derecho a la información no solamente facilitan la defensa de derechos civiles o políticos. El número creciente de nuevos derechos, especialmente los económicos, sociales y culturales, se encuentran supeditados a la definición de las obligaciones del Estado, definición que sería imposible sin la información acerca de la situación de un derecho determinado, por lo que la falta de información sobre el estado que guardan este tipo de derechos en un país determinado bloquean las posibilidades de medir su cumplimiento y exigibilidad.

Como representantes de la sociedad y como se ha hecho en el pasado, la labor de los informadores ha contribuido de manera determinante a la apertura democrática, al pleno ejercicio de la libertad de expresión y a la construcción de nuestra democracia. A través de la tarea informativa, el debate público se ha enriquecido y se han generado condiciones de pluralidad política.⁷⁹

De aquí la importancia y celeridad que se le brinde al cumplimiento de las diversas y bastas recomendaciones que han hecho a nuestro país los diversos organismos internacionales de derechos humanos, entre ellos, las relatorías de las Naciones Unidas y de la CIDH en materia de libertad de expresión.

Sin embargo, llevar a cabo lo anterior implica el reto institucional y legal de diseñar y, en su caso, crear mecanismos eficaces que de facto den vida a la reforma constitucional en derechos humanos de junio de 2011.

En el fondo, el objetivo del ejercicio del derecho a la libertad de expresión y acceso a la información es el mismo, la dignidad humana, lo que se modifica son las instituciones para defenderlos mejor cada día y para extender su protección a ámbitos que muestren debilidades o ausencias.

El desarrollo de la democracia depende, en buena medida, de la existencia y del pleno ejercicio de la libertad de expresión y el acceso a la información pública, por lo que hoy más que una concesión del poder público, se trata de derechos humanos esenciales.

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Glosario de términos abreviados

ALDF. Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

Cencos. Centro Nacional de Comunicación Social, A.C.

CDHDF. Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.

CIDH. Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

CNDH. Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

CoIDH. Corte Interamericana de Derechos Humanos.

CPEUM. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

CPJ. Committee to Protect Journalists.

DDHH. Derechos humanos.

DF. Distrito Federal.

DIDH. Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

DOF. Diario Oficial de la Federación.

FEADLE. Fiscalía Especial de Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión.

GDF. Gobierno del Distrito Federal.

InfoDF. Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal.

IPN. Instituto Politécnico Nacional.

ITESM. Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey campus Ciudad de México.

UACM. Universidad Autónoma de la Ciudad de México.

UNAM. Universidad Nacional Autónoma de México.

OACNUDH. Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

OACNUDH-Mex. Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México.

OEA. Organización de los Estados Americanos.

OSC. Organizaciones de la Sociedad Civil.

PDHDF. Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal.

PNDH. Programa Nacional de Derechos Humanos.

PNUD. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

SCJN. Suprema Corte de Justicia de la Nación.

SEGOB. Secretaría de Gobernación.

TSJDF. Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal.

UNESCO. Siglas en inglés para abreviar Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.

Notas

[←1]

Luigi Ferrajoli, Los fundamentos de los derechos fundamentales, España, Trotta, 2005, p. 291.

[←2]

Ibídem, p. 292.

[←3]

Ferrajoli se refiere a personas físicas, ciudadanos y capaces de obrar, cada una definida por otros tantos estatus, el primero de los cuales –el de persona– incluye a los otros dos.

[←4]

Luigi Ferrajoli, op. cit., p. 293.

[←5]

Ibídem, p. 294.

[←6]

Ídem.

[←7]

Primer Principio de la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión, aprobada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos durante su 108 periodo ordinario de sesiones, celebrado en octubre de 2000.

[←8]

CoIDH, Caso Claude Reyes y otros vs. Chile, Fondo, Reparaciones y Costas, sentencia del 19 de septiembre de 2006. Serie C No. 151.

[←9]

OEA-Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, Estudio especial sobre el derecho de acceso a la información, Washington, OEA, 2006, p. 9.

[←10]

Resolución AG/RES. 1932 (XXXIII-O/03) del 10 de junio de 2003 sobre “Acceso a la información pública: fortalecimiento de la democracia”; Resolución AG/RES (XXXIV-O/04) del 8 de junio de 2004 sobre “Acceso a la información pública: fortalecimiento de la democracia”; Resolución AG/RES. 2121 (XXXV-O/05) del 7 de junio de 2005 sobre “Acceso a la información pública: fortalecimiento de la democracia”; y Resolución AG/RES. 2252 (XXXVI-O/06) del 6 de junio de 2006 sobre “Acceso a la información pública: fortalecimiento de la democracia”.

[←11]

Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Claude Reyes y otros vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas, sentencia del 19 de septiembre de 2006. Serie C No. 15. Disponible en www.corteidh.or.cr/casos.cfm?idCaso=245

[←12]

Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Defender los derechos humanos: entre el compromiso y el riesgo. Informe sobre la situación de las y los defensores de derechos humanos en México, Naciones Unidas-Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en México, México, 2010. Disponible en www.hchr.org.mx/index.php?option=com_k2&view=item&id=750:actualizacion-2010-informe-sobre-la-situacion-de-las-y-los-defensores-de-derechos-humanos-en-mexico&Itemid=280

[←13]

Jorge Carpizo y Ernesto Villanueva, El derecho a la información. Propuestas de algunos elementos para su regulación en México. Disponible en http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/1/94/6.pdf

[←14]

Corte Interamericana de Derechos Humanos, Opinión consultiva OC-5/85 del 13 de noviembre de 1985. Párrafo 30. Disponible en www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_05_esp.pdf

[←15]

Amartya Sen (2001), “La democracia como valor universal”, en Istor, año I, núm. 4. Disponible en www.istor.cide.edu/archivos/num_4/presentacion.pdf

[←16]

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), La democracia en América Latina. Hacia una democracia de ciudadanas y ciudadanos, Nueva York, 2004, p. 23.

[←17]

Organización de los Estados Americanos (OEA), Antecedentes e interpretación de la declaración de principios. Disponible en www.cidh.org/relatoria/showarticle.asp?artID=132&lID=2

[←18]

Ídem.

[←19]

Amnistía Internacional, El derecho a opinar y a informar. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y expresión. Disponible en www.es.amnesty.org/en-que-estamos/temas/libertad-de-expresion/

[←20]

Principio 2 de la Declaración de principios sobre libertad de expresión, Comisión Interamericana de derechos humanos. Disponible en http://cidh.oas.org/Basicos/Basicos13.htm

[←21]

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), op. cit., p. 23.

[←22]

PNUD, La democracia de ciudadanía. Una agenda de construcción de ciudadanía en América Latina, 2009, pp. 31 y 32.

[←23]

De acuerdo con el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el derecho a la información es la garantía fundamental que toda persona posee a atraerse información, a informar y a ser informada. Ernesto Villanueva, “Derecho a la información y organización ciudadana en México”, Revista de Derecho comparado de la información, núm. 1, enero-junio, México, Universidad Iberoamericana/Universidad de Occidente/IIJ-UNAM, 2003, pp. 119 y ss. Disponible en www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/decoin/cont/1/cnt/cnt6.pdf

[←24]

Sergio López Ayllón, El acceso a la información como un derecho fundamental: la reforma al Artículo 6º de la Constitución Mexicana, Cuadernos de Transparencia 17, México, IFAI, 2009, pp. 12 y 13.

[←25]

Jorge Carpizo y Ernesto Villanueva, “El derecho a la información. Propuestas de algunos elementos para su regulación en México”, en Diego Valadés y Rodrigo Gutiérrez Rivas (coords.), Derechos humanos, núm. 64, México, IIJ-UNAM, 2001, p. 74. Disponible en http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=94

[←26]

Ídem.

[←27]

Ibídem, p. 75.

[←28]

Sergio López-Ayllón, “El derecho a la información como derecho fundamental”, en Jorge Carpizo y Miguel Carbonell (coords.), Derecho a la información y derechos humanos, México, IIJ-UNAM, 2000, p.162. Disponible en http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/1/7/5.pdf

[←29]

OEA-Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, Estudio especial sobre el derecho de acceso a la información, op. cit., p. 30.

[←30]

OEA, Declaración de Principios sobre la libertad de expresión. Disponible en www.cidh.org/relatoria/showarticle.asp?artID=26&lID=2

[←31]

Algunos ejemplos de sentencias regionales en materia de libertad de expresión son los siguientes: Caso “La última tentación de Cristo” (Olmedo Bustos y otros vs. Chile), sentencia del 5 de febrero de 2001; Caso “Ivcher Bronstein”, sentencia del 6 de febrero de 2001; Caso “Herrera Ulloa”, sentencia del 2 de julio de 2004; Caso “Ricardo Canese”, sentencia del 14 de septiembre de 2004; Caso “Palamara Iribarne”, sentencia del 22 de noviembre de 2005; Caso “Claude Reyes”, sentencia del 19 de septiembre de 2006; Caso “Kimel”, sentencia del 2 de mayo de 2008; Caso “Tristán-Donoso”, sentencia del 27 de enero de 2009; Caso “Ríos y otros”, sentencia del 28 de enero de 2009; Caso “Perozo y otros”, sentencia del 28 de enero de 2009. Organización de los Estados Americanos (OEA), Jurisprudencia Interamericana en Materia de Libertad de Expresión. Disponible en www.cidh.org/relatoria/showarticle.asp?artID=149&lID=2

[←32]

Santiago Corcuera Cabezut, Derecho constitucional y derecho internacional de los derechos humanos, México, 2004 (Colección Textos Universitarios), pp. 60 y 61.

[←33]

Ídem.

[←34]

Organización de los Estados Americanos (OEA), op. cit.

[←35]

Santiago Corcuera Cabezut, op. cit., pp. 66-68.

[←36]

Ibídem, p. 61.

[←37]

“En realidad lo que implica dicho `control´ es la obligación de todos los jueces nacionales (como parte del Estado) de ejercerlo, de oficio, dentro del ámbito de sus respectivas competencias procesales. […] ahora tienen los jueces locales dentro de su competencia, la posibilidad de `inaplicar´ la norma inconstitucional/inconvencional al caso particular, lo que les permite ejercer de oficio, el `control, difuso de convencionalidad´ con una intensidad fuerte. Cfr. Eduardo Ferrer Mac-Gregor, “Interpretación conforme y control difuso de convencionalidad. El nuevo paradigma del juez mexicano”, en Miguel Carbonell y Pedro Salazar (coords.), La reforma constitucional de derechos humanos: un nuevo paradigma, México, IIJ-UNAM, 2011, p. 339.

[←38]

Jorge Ulises Carmona Tinoco, “La reforma y las normas de derechos humanos previstas en los tratados internacionales”, en Miguel Carbonell y Pedro Salazar (coords.), La reforma constitucional de derechos humanos: un nuevo paradigma, México, IIJ-UNAM, 2011, p. 61.

[←39]

Organización de los Estados Americanos (OEA). Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Marco jurídico interamericano sobre el derecho a la libertad de expresión, OEA, 2010. Disponible en http://goo.gl/soMF6

[←40]

Ídem.

[←41]

Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos. Resolución 53/144 aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, 8 de marzo de 1999. Disponible en www.ohchr.org/Documents/Issues/Defenders/Declaration/declaration_sp.pdf

[←42]

Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, op. cit., p. 26.

[←43]

Ibídem, p. 9.

[←44]

Secretaría de Gobernación (Segob), Acuerdo por el que se establecen las bases del mecanismo de protección de defensoras y defensores de los derechos humanos a partir de la instrumentación de acciones coordinadas que en el ámbito de sus atribuciones, desarrollarán la Secretaría de Gobernación, las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, y la Procuraduría General de la República, Diario Oficial de la Federación, 7 de julio de 2011. Disponible en www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5199805&fecha=07/07/2011

[←45]

Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, op. cit., p. 23.

[←46]

Ídem.

[←47]

Ídem.

[←48]

OEA, “Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 2006”, vol. III, Informe de la Relatoría para la libertad de expresión, OEA, Washington, 2007. Disponible en www.cidh.org/relatoria/showarticle.asp?artID=691&lID=2

[←49]

Redacción, “La CNDH contabiliza 462 ataques a periodistas”, El Universal, 17 de abril de 2011. Disponible en www.eluniversal.com.mx/nacion/184816.html

[←50]

Ídem.

[←51]

Asamblea General de las Naciones Unidas, Informe del Relator Especial sobre la Promoción y Protección del Derecho a la Libertad de Opinión y de Expresión, Frank la Rue, 19 de mayo de 2011. Disponible en www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/17session/A-HRC-17-27-Add3_sp.pdf

[←52]

Ídem.

[←53]

Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe Especial sobre la Libertad de Expresión en México 2010, OEA, 2011, p. 5.

[←54]

Informe Especial sobre la Libertad de Expresión en México, 2010.

[←55]

Centro Nacional de Comunicación Social, A.C. (Cencos) y Article XIX, Oficina para México y Centroamérica, México y el derecho a la información. Análisis de las cifras, México, 2011, pp. 4-6.

[←56]

Ídem.

[←57]

Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), La libertad de expresión en México. Informes de misión de las relatorías de la ONU y de la CIDH, México, 2011, p. 15.

[←58]

Reporteros sin Fronteras, México, Cárteles de Sinaloa, del Golfo y de Juárez. Disponible en http://es.rsf.org/mexico-carteles-de-sinaloa-del-golfo-y-de-02-05-2012,42456.html

[←59]

Committee to Protect Journalists (CPJ), Silencio o muerte en la prensa mexicana. Disponible en http://cpj.org/es/2010/09/silencio-muerte-prensa-mexicana-acerca-informe.php

[←60]

Documento de trabajo “Datos preliminares del registro de agresiones a periodistas y medios de comunicación de enero a julio de 2011”, los que fueron facilitados al autor por el Centro Nacional de Comunicación Social, A.C. (Cencos).

[←61]

Ídem.

[←62]

Gobierno del Distrito Federal, Primer año de implementación del Programa de Derechos Humanos en el Gobierno del Distrito Federal, México, 2011, p. 86.

[←63]

Dentro de la experiencia nacional destaca: El Reglamento Interior mediante el cual se crea el Programa de Atención a Defensores de Derechos Humanos, al interior de la Unidad para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos en la Secretaría de Gobernación; Sistema de Testigo Protegido de la Procuraduría General de la República; Unidad de Atención de las Organizaciones Sociales de la Subsecretaría de Gobierno de la Secretaría de Gobernación; Programa de Agravios a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos de la CNDH; Unidad de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación; Acuerdo del Procurador General de la República, A/031/06 por el que se crea la Fiscalía Especial de Atención a Delitos de Prensa; Acuerdo del Procurador General de la República (A/145/10), por el que desaparece la Fiscalía Especial de Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión (FEADLE); Fiscalía Especial de Agresiones a la Libertad de Expresión de la Procuraduría General de la República; y Comisión Especial de Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación.

[←64]

Gaceta Oficial del Gobierno del Distrito Federal del 23 de abril de 2010. Disponible en www.consejeria.df.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/4bd10983b8b69.pdf

[←65]

CDHDF, Diagnóstico sobre la situación del derecho a la libertad de expresión en la Ciudad de México 2010, México, 2011, p. 12.

[←66]

Ídem.

[←67]

Gobierno del Distrito Federal, op. cit., p. 86.

[←68]

CDHDF, op. cit., p. 7.

[←69]

Campaña Permanente de Protección a Periodistas en México, Casa de los Derechos de Periodistas, 2010. 

[←70]

En el ámbito federal, con la aprobación en junio de 2002 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, el Congreso mexicano dio un avance potencial y decisivo, ya que la nueva ley estableció el “principio de máxima publicidad”, que revierte la política tradicional del Estado sobre la entrega de información, y el principio de transparencia y rendición de cuentas a sus habitantes.

Esta ley también creó el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), el cual es un organismo autónomo encargado de garantizar a todas las personas el acceso a la información pública y la protección de sus datos personales que posee el gobierno federal.

[←71]

Comité Coordinador para la Elaboración del Diagnóstico y Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal, Diagnóstico de Derechos Humanos del Distrito Federal, México, 2008, p. 364.

[←72]

InfoDF, Inducción al Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, México, 2008. Disponible en www.infodf.org.mx/biblo/img_biblo/doctos/mat_divulgacion/informes/swf_informe6/index.html?page=1

[←73]

Sus acciones son las siguientes: emite opiniones y recomendaciones sobre temas relacionados con las mencionadas leyes; específicamente dirige recomendaciones a los entes públicos respecto a la información que están obligados a publicar y mantener actualizada y sobre las clasificaciones de información hechas por los entes públicos; resuelve los recursos de revisión que se interpongan contra los actos y resoluciones dictados por los entes públicos con relación a las solicitudes de acceso a la información y de acceso, rectificación, cancelación u oposición de datos personales; resuelve los recursos de revisión que se interpongan contra los actos y resoluciones dictados por los entes públicos con relación a las solicitudes de acceso a la información y de acceso, rectificación, cancelación u oposición de datos personales; organiza seminarios, cursos, talleres y otras actividades para promover el conocimiento de las mencionadas leyes; evalúa el acatamiento de las normas en materia de transparencia y publicidad de los actos de los entes públicos, así como de protección de datos personales; establece políticas y lineamientos de observancia general y obligatoria para el manejo, tratamiento, seguridad y protección de los datos personales que estén en posesión de los entes públicos y expide normas que resulten necesarias para el cumplimiento de la Ley de Protección de Datos Personales; y Diseña y aprueba los formatos de solicitudes de acceso a la información pública, así como de acceso, rectificación, cancelación y oposición de datos personales. Cfr., Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal, ¿Qué hacemos? Disponible en www.infodf.org.mx/web/index.php?option=com_content&task=view&id=238&Itemid=298

[←74]

Comité Coordinador para la Elaboración del Diagnóstico y Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal, Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal, México, 2009, p. 116.

[←75]

Ibídem, p. 118.

[←76]

Consejería Jurídica y de Servicios Legales, el Consejo General de Archivos del DF, Contraloría General, las 16 delegaciones políticas, el instituto de Educación Media Superior, la Oficialía Mayor, la Secretaría de Desarrollo Social y la Secretaría de Gobierno.

[←77]

Gobierno del Distrito Federal, op. cit, p. 84.

[←78]

Comité Coordinador para la Elaboración del Diagnóstico y Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal, op. cit., pp. 358 y 359.

[←79]

Emilio Álvarez Icaza Longoria, “La institucionalización de los derechos humanos. Reflexiones en torno a la sociedad civil y los organismo públicos de derechos humanos”, en Roberto Blancarte (coord.), Los grandes problemas de México, t. XVI, Culturas e identidades, México, El Colegio de México, 2010.