DIRECTORIO

INFODF

Óscar Guerra Ford

Comisionado Ciudadano Presidente

Jorge Bustillos Roqueñí

Comisionado Ciudadano

Areli Cano Guadiana

Comisionada Ciudadana

Salvador Guerrero Chiprés

Comisionado Ciudadano

Agustín Millán Gómez

Comisionado Ciudadano

COMITÉ EDITORIAL 2011

Jorge Bustillos Roqueñí

Presidente del Comité Editorial / InfoDF

Areli Cano Guadiana

Integrante / InfoDF

María Enriqueta Cabrera y Cuarón

Integrante / Periodista

Miguel Carbonell Sánchez

Integrante / Instituto de Investigaciones Jurídicas - UNAM

Enrique Provencio Durazo

Integrante / Instituto de Estudios para la Transición Democrática

Betsabé Hernández López Castellanos

Secretaria Técnica / InfoDF

CONTENIDO

Directorio

Acerca del Autor

Introducción

1. El Grupo Oaxaca

2. Primeros impactos periodísticos

3. Periodistas y medios frente al acceso a la información

4. El boom de las redes sociales y los datos personales

5. Wikileaks, el periodismo de filtraciones

6. La segunda ola de acceso a la información

7. La web 3.0 o web semántica

Bibliografía

Notas

Jenaro Villamil

Periodista, analista de medios y profesor. Egresado de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. Reportero de la revista Proceso (2004 a la fecha). Ha trabajado en varios medios impresos: El Financiero, La Jornada y ha colaborado en decenas de revistas. Es profesor en la maestría de Periodismo Político en la Escuela Carlos Septién García. Participó en el Grupo Oaxaca (2001-2002), así como en las mesas de negociación de la reforma a la Ley Federal de Radio y Televisión (2000-2002). Es autor de los libros El Sexenio de Televisa (2010), Si yo Fuera Presidente, el Reality Show de Peña Nieto (2009), La Guerra Sucia del 2006 (2007), La Televisión que Nos Gobierna (2005), El Poder del Rating, de la Sociedad Política a la Sociedad Mediática (2001), Homozapping (2011), entre otros títulos. Es coautor de Los Amos de México (2008), La Ley Televisa (2009) y Los intocables (Océano, 2008), entre otros libros.

Fue autor de la columna “República de Pantalla”, coordinó el programa Intermedios en Radio UNAM, y actualmente es director del blog Homozapping. Es socio de la empresa de consultoría Prospecta.

Ganó el concurso del IFE con el ensayo “Gobiernos Divididos” (1998), así como el concurso de biografías convocado por la SEP con el texto sobre “Felipe Carrillo Puerto, gobernador socialista de Yucatán” (1985). Entre otras actividades, es miembro del Consejo Académico de la Universidad Iberoamericana de Puebla, fue jurado en el concurso de periodismo convocado por la Fundación Nuevo Periodismo, así como en el concurso Periodismo contra la Discriminación, convocado por la CDHDF.

Introducción

El 12 de junio de 2002, por unanimidad de todos los grupos parlamentarios, la Cámara de Diputados aprobó la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública en México. Fue la primera reforma a la estructura del sistema político –y quizá la única de esa trascendencia– realizado en el “sexenio del cambio”, encabezado por el panista Vicente Fox.

Fue también uno de los primeros avances tangibles para reglamentar el Artículo 7º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que consagraba, desde 25 años atrás, el derecho a la información como parte de la primera gran reforma política que inició formalmente el proceso de transición a la democracia.

En esos momentos pocas fuerzas sociales alcanzaron a percibir las dimensiones del cambio fundamental al sistema político que representaba obligar a todas las instancias del Poder Ejecutivo federal a publicar, de manera completa, los datos relacionados con contrataciones, licitaciones, presupuesto, nóminas, deliberaciones para la toma de decisiones, etcétera.

La principal resistencia provino del propio gremio periodístico. El acceso a la información era un concepto difícil de digerir o desconocido. La mayoría de los periodistas mexicanos, de la vieja guardia, menospreciaban o leían con extraña curiosidad lo que se acababa de aprobar. Había apoyo en términos informativos, pero no entendimiento de los cambios que iniciaban. Los más interesados eran los jóvenes periodistas y estudiantes de comunicación que estaban más familiarizados con la búsqueda documental a través de instrumentos digitales y cibernéticos, como el Internet, y también hacían una clara apuesta a favor del periodismo de investigación.

Mucho menos se dimensionó el hecho de que se creaba un nuevo ente administrativo, el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), con un grado de autonomía mucho mayor al organismo que proponía el gobierno federal, a través de la Secretaría de la Función Pública y de la Secretaría de Gobernación, aunque sin lograr ser el “IFE de la transparencia”, como algunos queríamos.

La ley federal y el organismo creado, el IFAI, pronto tendría sus similares en las 31 entidades federativas y en el Distrito Federal. En esta ciudad, a pesar de las resistencias originales del gobierno capitalino y del escaso apoyo de las fuerzas mayoritarias, la ley local y la creación del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal entró en vigor en 2004, un año después de la federal.

El crecimiento de las solicitudes de acceso a la información en este periodo es un hecho incontrastable del éxito de este nuevo derecho. A nivel nacional, del 12 de junio de 2003 al 31 de octubre de 2011 (101 meses) se habían contabilizado 719 075 solicitudes de información.¹ En el Distrito Federal, de 2004 a septiembre de 2011 se contabilizaron 331 153 solicitudes de acceso;² es decir, las solicitudes realizadas en el Distrito Federal ante el InfoDF representan casi el 50% de todas las solicitudes realizadas a nivel nacional ante el IFAI, a pesar de que la ley capitalina entró en vigor un año después.

El Grupo Oaxaca

La ley aprobada a nivel federal fue el resultado también de un experimento inédito en la historia reciente del país: más del 70% de su contenido fue redactado por un grupo de periodistas, académicos y especialistas en Derecho que formaron el Grupo Oaxaca.

El núcleo fundamental de este organismo cívico, horizontal, estaba formado por los directivos de tres grandes medios impresos de la capital del país (Reforma, El Universal y La Jornada), rivales en el mercado informativo, representantes de las tres corrientes más significativas del espectro ideológico capitalino, pero unidos en una causa legislativa que ni el mismo gremio periodístico entendía muy bien. Junto con los representantes de estos tres grandes periódicos, participaron cinco académicos y juristas que, a su vez, provenían de cuatro instituciones académicas nacionales: la UNAM, la Universidad Iberoamericana, la Universidad Anáhuac y el ITAM.

De alguna manera, los integrantes que formamos parte del Grupo Oaxaca acudimos cada uno con una agenda específica que coincidió con un objetivo superior: garantizar el acceso a la información pública como un primer paso indispensable para concretar el mandato constitucional del Artículo 7º Constitucional.

Estábamos convencidos de que no se podía construir una alternancia política exitosa y menos concretar la transición a la democracia sin establecer mecanismos legales de rendición de cuentas. Y no existe rendición de cuentas del gobierno sin acceso a la información que se genera a partir del uso del presupuesto público. “La transparencia es un estado físico, pero el acceso a la información es un derecho tangible”, dijimos en las mesas de deliberación.

Además de esta causa común, existían acentos y agendas particulares que le interesaba a cada uno de los participantes. Por ejemplo, como representante de La Jornada, periódico que no depende de la publicidad comercial sino de su tiraje y de los convenios publicitarios con entidades públicas, tenía también el objetivo de lograr avances sustanciales en materia de regulación de la publicidad pública para los medios impresos y electrónicos, romper con la discrecionalidad predominante en los años anteriores y la enorme concentración existente en el uso de estos recursos (más del 70% de la publicidad pública se destina a un núcleo de dos grandes televisoras concesionadas y no más de cinco grupos radiofónicos).

Junto con esta demanda específica, compartía con los colegas Roberto Rock, Miguel Treviño y Luis Javier Solana, el interés y la necesidad de avanzar en materia de acceso a la información y democratización del régimen de medios informativos en México; en especial, la preocupación por la protección de los datos personales, algo que se concretó meses después y que en la ley del Distrito Federal se incorporó desde un inicio.

Reforma tenía una agenda más específica en relación con el acceso a la información: le interesaba abrir el Poder Judicial a la transparencia y el acceso a la información pública, así como impulsar algo similar a una Ley de Archivos que facilitara el acceso a los expedientes gubernamentales. De años atrás, el Grupo Norte, editor de Reforma, ha insistido en estos dos temas importantísimos.

El Universal, a través de Luis Javier Solana, fue uno de los impulsores de las primeras reuniones y encuentros. Solana fue protagonista de la reforma al Artículo 7º Constitucional, realizada durante el periodo de Jesús Reyes Heroles como secretario de Gobernación del sexenio de José López Portillo. Él tuvo la paciencia y tacto necesarios para conjuntar a los tres periódicos, así como a los representantes de la Asociación de Editores de los Estados.

Como se puede observar, los periodistas integrantes del núcleo original del Grupo Oaxaca provenían de los medios impresos, no de los electrónicos. Los medios digitales eran unos cuantos y no existían las redes sociales, mucho menos la proliferación de blogs periodísticos y ediciones digitales de los medios impresos que actualmente existen.

Además, los periodistas del Grupo Oaxaca contamos con el apoyo permanente de columnistas con una clara trayectoria a favor del derecho a la información como el caso de Miguel Ángel Granados Chapa, autor de Plaza pública, en Reforma, del Club de Periodistas y de decenas de organismos especializados en acceso a la información que fueron incorporándose y asesorando en el desarrollo de las pláticas.

A las televisoras la nueva ley no les interesó más que como anécdota y, en especial, despertó recelo por los acuerdos discrecionales que se tienen con los gobiernos federal y estatales. Como empresas concesionadas de un servicio público, tanto las autorizaciones originales, los refrendos de las concesiones, como sus convenios y acuerdos publicitarios con los distintos niveles de gobierno se mantuvieron durante décadas en la máxima secrecía. No por casualidad, los dueños de las estaciones de radio y televisión se declararon durante décadas como “soldados del presidente y del PRI” porque formaban parte de esta coalición que integraba el sistema político.³

Además de la relación discrecional entre medios electrónicos y poder político, el periodismo de investigación es muy escaso en las pantallas televisivas y en las estaciones radiofónicas que aún dependen del periodismo de la declaración y no del dato duro o de los expedientes contrastados e investigados.

Este primer perfil marcó, de inicio, la actitud del gremio periodístico frente a la propuesta del Grupo Oaxaca. La gran parte de reporteros, directivos de periódicos y revistas, no entendían muy bien por qué era necesario apoyar una ley que, finalmente, regulaba al Poder Ejecutivo y no daba beneficios directos a los trabajadores de la información.

Así lo plantearon en varias ocasiones muchos colegas que veían al Grupo Oaxaca como un ente aislado de las demandas tradicionales del periodismo gremial: secreto profesional, respeto a la privacidad de las fuentes, investigación sobre las agresiones y crímenes a periodistas, y despenalizar el daño moral, entre otras demandas.

El núcleo académico del Grupo Oaxaca fue delimitando y marcando el auténtico derrotero que tomaría este organismo singular, por definición. ¿Cuándo en México se habían reunido académicos y periodistas en una demanda común? Aún más, ¿cómo lograr el entendimiento entre abogados y especialistas en Derecho, generalmente mucho más rigurosos que los periodistas acostumbrados a la “nota del día”, a la premura del mercado informativo?

Ernesto Villanueva, Jorge Islas, Juan Francisco Escobedo, Issa Luna y Salvador Nava, cada uno con acentos y formaciones distintas, pero todos especializados en derecho a la información, concurrentes en la necesidad de otorgarle un instrumento jurídico eficaz al sistema político mexicano que obligara a la rendición de cuentas, a convertir al gobierno en una “caja de cristal” y a combatir la corrupción, vieja herencia de las décadas de gobierno priísta, le dieron una viabilidad y conocimiento indispensables a la Declaración del Grupo Oaxaca, realizada un año atrás, como primera carta de compromiso a la que se fueron adhiriendo distintos organismos civiles.

A pesar de ser académicos, con prestigio en sus respectivas instituciones, tampoco fue fácil convencer y explicar a abogados, politólogos, economistas y administradores públicos que veían con recelo una Ley de Acceso a la Información Pública.

“Se trata de crear más burocracia”, “éstas son funciones propias de la Secretaría de la Contraloría” (que posteriormente sería la Secretaría de la Función Pública), “están invadiendo las atribuciones de fiscalización del Poder Legislativo sobre el Ejecutivo” fueron, entre muchas otras, las objeciones documentadas que se hicieron a la propuesta.

Por el lado del gobierno federal, el interés principal de la administración foxista era presumir a nivel internacional que México se ponía a la altura de las naciones con leyes sobre rendición de cuentas y transparencia. No veían la necesidad de crear un órgano regulador, mucho menos un sistema de información como lo fue el Sistema de Información (SISI) y menos que funcionara mediante solicitudes de información que pudiera realizar cualquier ciudadano. A partir de diciembre de 2008, el SISI se transformó en Infomex, un nuevo sistema que unificó los modelos de solicitudes de acceso ante las 230 instituciones que conforman el Poder Ejecutivo Federal.

Hubo negociaciones previas entre representantes del gobierno foxista e integrantes del Grupo Oaxaca para llegar a un consenso. El Ejecutivo Federal ya había presentado una iniciativa de Ley de Transparencia en el Congreso desde principios de 2002. Sólo el pan avalaba dicha propuesta. El PRI y el PRD decidieron apoyar la iniciativa que presentó el Grupo Oaxaca y las fracciones legislativas minoritarias se sumaron a este acuerdo.

Los integrantes del Grupo Oaxaca nos convertimos no sólo en redactores de una ley, sino en cabilderos al interior de la Cámara de Diputados para lograr el apoyo de las fracciones legislativas al anteproyecto de Ley de Acceso a la Información Pública. El coordinador de la bancada del PRD, Martí Batres, fue el primero en dar su firma de apoyo al planteamiento. La coordinadora del PRI, Beatriz Paredes, sostuvo varias reuniones con los integrantes del grupo y finalmente dio su apoyo desde la tribuna de San Lázaro. En el pan había apoyos muy sólidos, pero también resistencias y recelos políticos, en especial del entonces coordinador de la bancada, Felipe Calderón Hinojosa.

La principal diferencia radicaba en los alcances del organismo regulador (si debía ser desconcentrado o descentralizado, con autonomía constitucional o no, cómo debía conformarse); en los entes regulados (el Grupo Oaxaca planteó la necesidad de incluir a los poderes Legislativo y Judicial, así como a las entidades de interés público como los partidos políticos, los sindicatos y los organismos autónomos); en las restricciones de acceso a la información para no violentar la privacidad o los procesos ministeriales en curso; en la forma como debía descentralizarse esta ley federal para lograr que también en las entidades, en los municipios y en la Ciudad de México se aprobaran leyes similares a la que estaba en discusión a nivel federal; en los mecanismos de solicitud de información; y en las sanciones a aquellas entidades que negaran el acceso.

Fueron negociaciones intensas en el seno de la Comisión Federal de Mejoras Regulatorias (Cofemer) y en las comisiones dictaminadoras de la Cámara de Diputados. Los candados que pedían tanto el gobierno federal como las distintas fuerzas políticas respondían a un reflejo de la cultura de opacidad y de secretismo que ha caracterizado al sistema político mexicano. Se encubrían con argumentos legales (en muchos casos, muy bien sustentados), pero también en cálculos políticos.

No era para menos. La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se discutía en medio de dos grandes escándalos de financiamiento irregular heredados de las elecciones presidenciales de 2000: el Pemexgate de la campaña priísta, y los Amigos de Fox, entidad paralela al PAN que llevó a Los Pinos al entonces primer mandatario.

El gobierno de Fox había prometido “atrapar a los peces gordos” de las anteriores administraciones priístas, mientras el Revolucionario Institucional se negaba a darle a la nueva administración panista un instrumento que amenazara el pacto de impunidad que durante décadas ha sido la base fundamental de la red de complicidades y corrupción.

Sin embargo, existía también un poderoso incentivo para aprobar una ley que respondiera a las propuestas del Grupo Oaxaca: las recomendaciones del Banco Mundial en materia de transparencia en el manejo de los recursos públicos para darle una calificación mayor al gobierno mexicano y, por supuesto, iniciar un nuevo ciclo que marcara un antes y un después en materia de derecho a la información en México.⁴

Las grandes empresas mediáticas, en especial Televisa, no sintieron amenazado sus intereses porque ya para cuando se discutía la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (nombre que finalmente se acordó), en la Secretaría de Gobernación ya habían culminado sin éxito las mesas de negociación para reformar la Ley Federal de Radio y Televisión. Los intereses del monopolio televisivo estaban a resguardo.

Primeros impactos periodísticos

La ley aprobada en junio de 2002 y que entró en vigor hasta junio de 2003, no fue el modelo ideal y dejó fuera a varias entidades de interés público, como a los partidos políticos, los sindicatos y las entidades autónomas. Sin embargo, correspondió al ejercicio de avances graduales con los que ha venido funcionando la larga transición a la democracia en nuestro país.

Una agenda impresionante de tareas por venir se fue articulando a partir de este nuevo instrumento jurídico. La más importante: impulsar las leyes estatales de acceso a la información en condiciones poco amigables por parte de no pocos gobernadores y congresos locales que vieron como una “moda” este tipo de leyes (en el mejor de los casos), y en otros, como amenazas a la discrecionalidad en el manejo de los recursos públicos.

Los integrantes del Grupo Oaxaca tomaron una decisión importante: ninguno buscaría formar parte del naciente Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI). Se trataba de romper con la historia tradicional de impulsar y crear instituciones a modo, para dirigirlas o convertirlas en coto burocrático. Las tentaciones no fueron menores. Además, existían pocos especialistas y abogados expertos en esta materia de acceso a la información.⁵

Tomamos la decisión de desintegrar el grupo como tal y darnos a la tarea, cada uno en sus respectivos espacios académicos, periodísticos o políticos, para impulsar las leyes en distintas entidades del país, para generar una alfabetización en materia de acceso a la información tanto en las redacciones de los medios impresos, como en los ámbitos universitarios y gubernamentales.

La reacción del gremio periodístico fue entusiasta en núcleos de vanguardia, sobre todo entre aquellos colegas que se formaron en el periodismo de investigación o en el periodismo de orientación ciudadana, muy distinto al modelo heredado de periodismo corporativo (a través de la cobertura de las “fuentes” oficiales donde el reportero se vuelve parte de la gestión de la información de las dependencias) que predominó en la era priísta.

Para la gran mayoría nos quedaba muy claro que el acceso a la información no garantiza per se el ejercicio de un mejor periodismo de investigación y menos de un periodismo orientado hacia las demandas ciudadanas, pero sí abrió una serie de puertas y ventanas para entrar a los secretos, a los datos y a los hechos que no se conocen de manera documental, a menos que se traten de “filtraciones” o “fugas de información” que generalmente responden a intereses políticos o de grupos de interés específico.

Dorangélica Rocha, en su ensayo ¿Periodismo de investigación o de consulta? señaló que la expectativa iba mucho más allá del propio acceso a la información:

Representa apenas la puerta de entrada hacia información antes inaccesible, pero resulta fundamental la emancipación de las técnicas periodísticas y del compromiso de los directivos de los propios medios hacia sus reporteros para construir una verdadera infraestructura de investigación.⁶

Tal como se preveía, comenzaron a surgir los primeros “escándalos informativos” derivados del uso de las solicitudes de información y de la investigación de archivos. En su mayoría se trató de la consulta y publicación de datos sobre adquisiciones de la presidencia de la República, como fue el caso del Toallagate, publicado en Milenio Diario por la reportera Anabel Hernández, joven periodista que recibió el Premio Nacional de Periodismo por ese trabajo.

También se ventilaron los altos costos de colchones adquiridos por el embajador de México ante la OCDE, Carlos Flores, o la compra de “tangas” de funcionarios que se adscribieron al gabinete foxista, como el caso de Jorge Serrano Limón, fundador del grupo antiabortista Provida.

La investigadora Dorangélica Rocha criticó en ese mismo ensayo que en muchos casos de este tipo la labor periodística descansó sólo en la consulta de datos escandalosos que, en realidad, eran apenas el punto de partida para armar un trabajo periodístico de investigación que lleve a descubrir o evidenciar casos más graves de excesos, ilícitos o corruptelas. “El periodista no debe conformarse con exhibir el dato central, sino armar el rompecabezas completo: atar cabos, llegar a conclusiones, ir más allá de lo evidente, comparar, comprobar, llegar al fondo del asunto”, escribió la entonces presidenta de la Asociación Mexicana de Comisiones Estatales de Acceso a la Información Pública.⁷

Por supuesto que este tipo de labor y triangulación informativa debe constituir el elemento central para trabajos de más largo aliento. El problema no radica en el reportero, sino en la dinámica de las empresas periodísticas que necesitan y reclaman cantidad y no calidad de información a sus trabajadores, compiten por la misma cobertura y no por mejores y nuevos enfoques periodísticos.

Eso sin tomar en cuenta que un buen porcentaje de la información o de las investigaciones que emprenden los reporteros utilizando las herramientas del acceso a la información pública no concluyen o no se publican porque afectan los intereses y acuerdos de los dueños de los medios (impresos o electrónicos) con políticos o con sus propios negocios surgidos al amparo de la propiedad de un medio. Para ellos se tratan de medios de presión, no medios de información.

A pesar de este hecho que predomina en las redacciones mexicanas, muchos trabajos comenzaron a publicarse en periódicos como La Jornada, Reforma, El Universal, Proceso, La Revista y otros que supieron capitalizar las herramientas que daba la nueva ley, formaron áreas específicas de investigación o habilitaron a reporteros con la paciencia y la formación necesarias para este tipo de trabajo.

Por mencionar otros ejemplos de impacto en esta primera etapa del arranque de la Ley de Acceso están los siguientes:

1. Fundación Vamos México. A partir de solicitudes de acceso a la información que realizó la investigadora Sara Murúa, especialista en instituciones de asistencia pública, se divulgó lo que era un secreto a voces en las redacciones de los medios: que la primera dama Marta Sahagún había convertido su fundación Vamos México no sólo en una plataforma para su proyección política personal, sino para lucrar con las donaciones y favorecer a grandes empresarios con mecanismos de exención y evasión fiscal.

El trabajo de Murúa impactó a nivel internacional y nacional. La corresponsal Sara Silver del periódico inglés The Financial Times fue la primera en publicar, con datos precisos, esta red de corrupción que se armó desde la fundación de la primera dama foxista. La investigación se replicó en La Jornada, Proceso y Reforma, entre otros medios, que abundaron en las pistas aportadas por Murúa.

El escándalo de Vamos México fue tapado y gestionado desde Los Pinos por la propia Marta Sahagún. Estaban involucradas las dos grandes televisoras y no pocos consorcios radiofónicos, así como empresarios de la talla de Olegario Vázquez Raña que, a la postre, se convirtió en empresario de medios durante el mismo sexenio.

Los hallazgos de Murúa y de Silver, las dos Saras como les decíamos, habían circulado también antes en varias redacciones. El problema para publicarlos fueron dos: la autocensura en algunos periódicos y la dificultad para acceder a las cuentas de los fideicomisos derivados de Vamos México. Esto impidió en muchos casos profundizar y documentar la red de intereses que representaban una continuidad del caso de Amigos de Fox.⁸

2. Head Hunters y Equipo de Transición Foxista. En 2004, en La Revista, publicación semanal de El Universal, el reportero Daniel Lizárraga inició una investigación para conocer la lista de los “cazadores de talentos” o head hunters que participaron en la designación del “gabinetazo” de Vicente Fox. La presidencia de la República negó la información. El reportero presentó un recurso de revisión ante el IFAI y los comisionados respaldaron la negativa de Los Pinos.

Lizárraga se fue por otro camino. Solicitó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público los documentos que reportaron el uso de recursos asignados al equipo de transición. La Secretaría de Hacienda primero negó la existencia de tal información. A los 15 días de que el reportero metiera otro recurso de revisión ante el IFAI, Hacienda avisó que habían encontrado algunos de los expedientes presuntamente inexistentes.

El resultado de la información y de la investigación de Lizárraga reveló que existió un fideicomiso de poco más de 60 millones de pesos a nombre del entonces presidente electo Vicente Fox. El reportaje completo se publicó en Proceso, revista a donde fue a trabajar Lizárraga tras la desaparición abrupta de La Revista.⁹

3. Lavado de dinero. En marzo de 2005 la reportera Nancy Flores, de Los periodistas, solicitó a la Secretaría de Hacienda información relacionada con las operaciones de dinero proveniente del crimen organizado desde 2000 a esa fecha, así como los nombres de las instituciones financieras que hayan reportado operaciones relevantes, inusuales o preocupantes a la propia dependencia. Hacienda respondió que regularmente los sujetos obligados le reportan esta información, pero consideró como reservados estos datos.

Flores impugnó la respuesta mediante un recurso de revisión ante el IFAI, quien finalmente le dio la razón. Tras un año de deliberación, el IFAI obligó a la Secretaría de Hacienda a otorgar el acceso a la información desglosada por institución financiera, sin señalar el nombre de dicha institución.

Fue una apertura a medias, pero confirmó que un tema tan delicado y dominado por la secrecía puede ser investigado, con la paciencia y consistencia necesarias para obtener un resultado.

Se pueden citar decenas de ejemplos más que comenzaron a impactar y a generar interés en los periodistas. El “nuevo juguete”, como le dijeron algunos colegas, comenzó a funcionar. Del escepticismo inicial se pasó a un interés creciente, pero también se confirmó que los obstáculos para el libre flujo de la información no estaban solamente en los “candados” y limitaciones de la ley, sino en la propia naturaleza de las relaciones prensa-poder o medios de comunicación y poder político.¹⁰

Las redes de corrupción –tema fundamental en el periodismo de investigación mexicano– no sólo abarcan a funcionarios, empresarios, líderes políticos, dirigentes del crimen organizado e instituciones financieras, sino también a no pocos dueños y accionistas de los medios de comunicación.

En otras palabras, se confirmó que para cumplir el ciclo de acceso y derecho pleno a la información pública también es necesario modificar el régimen de medios en México y culminar el ciclo inconcluso de liberalización de las relaciones entre prensa y poder.

En términos generales, la estructura de la propiedad de los medios de comunicación en México no ha variado desde el fin del régimen presidencial priísta. Si bien se abrieron nuevos frentes y flancos de libertad de expresión durante el periodo de la alternancia (2000-2006), el modelo autoritario que prevaleció durante la era de hegemonía priísta se balcanizó en algunas entidades y en otros casos se transformó en un modelo de mercado autoritario; es decir, la verdadera censura se ejerce por los propios dueños o accionistas de los grandes medios que, en su mayoría, no son periodistas.¹¹

La investigadora y periodista estadounidense Sallie Hughes ilustra este fenómeno muy bien en su libro Redacciones en conflicto. El periodismo y la democratización en México, al hablar del caso de las redacciones en las empresas televisivas:

La transición hacia redacciones de televisión regidas por el mercado también es resultado de las interrelaciones entre las variables individuales, organizacionales, transorganizacionales y del entorno. Empero, los dueños de las cadenas de televisión no sostenían valores políticos disidentes: se inspiraban en Wall Street más que en Watergate y tenían que sopesar las demandas del mercado masivo con el hecho de que el Estado retenía el control sobre las licencias y las futuras concesiones de las frecuencias.

Al igual que los editores de varias publicaciones cívicas de vanguardia, Emilio Azcárraga Jean, de Televisa, y Ricardo Salinas Pliego, de tv Azteca, tomaron cursos en universidades de Estados Unidos, pero su entrenamiento no los introdujo en las ideas acerca del papel de los medios en las sociedades democráticas que, en cambio, recibieron los editores Alejandro Junco, de El Norte-Reforma, y José Santiago Healy, de El Imparcial, en sus cursos de periodismo en Estados Unidos y España. Es más, estos barones de la televisión provenían de familias empresariales que inculcaban su impulso hacia las utilidades comerciales y las ventas. Una de las pocas veces que Azcárraga Jean recibió un elogio de su padre fue después de su presentación ante los analistas de Wall Street en un viaje a Nueva York. Antes de volverse dueño de medios, Salinas Pliego fue la tercera generación en poseer y operar una gran cadena de tiendas minoristas famosas por sus planes de pago a plazos.

Para estos hombres, el camino lógico de su desarrollo después de que las elecciones en México se volvieran más competitivas era hacer sus noticias electorales más balanceadas y presentar la crítica en nuevos formatos tabloidizados. Estas técnicas complacerían a las audiencias masivas de televisión y captarían los desembolsos de publicidad de los gobiernos estatales, controlados ahora por los anteriores partidos de oposición con nuevo financiamiento público, a la vez que minimizaban los riesgos de una confrontación directa con el Estado por una cobertura más proactiva acerca de las figuras centrales del régimen priísta que continuó controlando la presidencia hasta 2000.¹²

Esta sintética descripción y análisis de Hughes en el caso de las dos grandes televisoras mexicanas –las mismas que informan al 80% de los ciudadanos que sólo ven noticiarios y no contrastan información con medios impresos o de otro tipo– nos revela que nunca en la agenda de ambos magnates ha estado el compromiso de hacer negocio a partir de informar, y menos de convertir el derecho de acceso en una prioridad.

Al contrario, para ambas empresas lo conveniente es mantener la opacidad y la no rendición de cuentas en las relaciones entre gobiernos y televisoras. De ahí que desde el principio, y paradójicamente, uno de los grandes desafíos del periodismo de investigación en esta etapa en México ha sido romper con los “candados” de secrecía y “reservas” que prevalecen en esta relación.

Periodistas y medios frente al acceso a la información

A nivel internacional, las leyes de acceso a la información no son utilizadas mayoritariamente por periodistas o medios de comunicación. Menos del 20% de las solicitudes se realizan por los trabajadores profesionales de los medios informativos.

En México este fenómeno no ha sido la excepción. A nivel nacional, de las casi 720 000 solicitudes reportadas por el IFAI en estos ocho años, los porcentajes son los siguientes:

45% proviene de sectores académicos.

17% de instituciones gubernamentales.

12% de medios de comunicación.

26% del mundo empresarial.

Del 12% que proviene de medios de comunicación, un porcentaje de más del 30% se orienta a solicitudes de acceso a la información dirigidas al Consejo de Seguridad Nacional, según la ponencia del comisionado Ángel Trinidad Zaldívar.¹³

Es interesante observar que este interés coincide con el periodo de lucha contra el crimen organizado, emprendida en este sexenio por el gobierno de Felipe Calderón. Observamos que más de un 70% de estas solicitudes realizadas por los periodistas se concentran en cuatro instituciones: la Secretaría de la Defensa Nacional (23.5%), la Secretaría de Marina (18%), la Procuraduría General de la República (27.3%) y la Secretaría de Seguridad Pública (17.5%).

Muchas de estas solicitudes han dado pie a la apertura de información, a pesar de las restricciones que se amparan en las reservas de seguridad nacional. La resolución 1600/08 es un buen ejemplo. Se solicitó información relativa a los homicidios relacionados con el narcotráfico para los años 1997-2007. PGR reservó la información en términos del artículo 13-I y V de la Ley Federal que clasifica “temporalmente” como reservada toda aquella información que “comprometa a la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional” y cuando la información “obstaculiza o bloquea operaciones militares o navales contra delincuencia organizada” y “ponga en riesgo infraestructura estratégica”.

El IFAI localizó información proporcionada por la PGR en boletines y comunicados de prensa emitidos entre 1997 y 2007, donde se hacía referencia al número de homicidios relacionados con el narcotráfico. El instituto procedió a revocar la clasificación de la información. A raíz de esta solicitud, se divulgó en prensa que, según los datos de la PGR, entre enero y octubre de 2007 existían un total de 2 222 homicidios relacionados con el narcotráfico.

En el Distrito Federal, la relación entre solicitudes de acceso a la información y trabajadores de los medios de comunicación ha ido de más a menos. Según el reporte del InfoDF, en 2007, el 24.3% de las solicitudes provinieron de medios de comunicación. Este porcentaje disminuyó a 14.5% en 2008, cayó a 4% en 2009, y en 2010 y 2011 se ha mantenido en el 3.4 por ciento.

Es interesante observar que en números absolutos, las solicitudes de acceso provenientes de los medios no disminuyó mucho entre 2007 y 2009 (364 en 2007, 355 en 2008, 314 en 2009), pero sí cayó a 213 y 231 solicitudes en 2010 y 2011, respectivamente. Esto provocó que en términos porcentuales, los medios de comunicación representaran menos del 5% de las solicitudes de acceso en el Distrito Federal.

Esta disminución no deja de ser significativa si hablamos de que en el Distrito Federal se imprimen o tienen su domicilio los medios que se presumen “nacionales” o periódicos y estaciones de radio y televisión que pretenden abarcar a todo el país.

El desinterés de las redacciones por el instrumento del acceso a la información en la capital del país parece correlacionarse con la baja calidad de la cobertura en las secciones de “ciudad”, “capital” o “Distrito Federal” con la que distintos medios de la Ciudad de México clasifican a las notas y reportajes destinados al ámbito local. El periodismo de investigación sobre asuntos capitalinos ha disminuido sustancialmente.

Paradójicamente, el interés creciente en el acceso a la información está en el sector académico/estudiantil. Éste creció del 15.9% en 2007 al 30.2% en 2009, para mantenerse en un 30% en 2011. En términos absolutos, el número de solicitudes creció diez veces en este sector: de las 238 solicitudes registradas por estudiantes o académicos en 2007 se pasó a las 2 065 hasta septiembre de 2011.

Otro perfil sociodemográfico que creció en número de solicitudes en el Distrito Federal fue el de los empleados u obreros, lo cual habla de un interés creciente de los asalariados en este derecho. En 2007 las 149 solicitudes representaron el 9.9%. En 2008 hay un gran salto de 897 solicitudes que representaron el 36.7% del total de ese año. Para 2009 fueron 1 512 solicitudes, pero el porcentaje disminuyó a 19.2%. Hasta septiembre de 2011, el 22.4% de las solicitudes provenían de asalariados.

El porcentaje de los empresarios y comerciantes no ha variado mucho, a diferencia de la Ley Federal que ha sido utilizada más por este sector. En el Distrito Federal, las solicitudes provenientes de este sector pasaron del 3.3% en 2007 al 5.2% en 2011; un porcentaje muy similar al de las organizaciones no gubernamentales: 4.3% en 2007 y 5.4% en 2011.

El gran crecimiento en número de solicitudes de acceso en el Distrito Federal se registró en el 2009. Ese año pasaron de 41 164 solicitudes realizadas en 2008 a 96 233 solicitudes, un crecimiento de 133.8%. En 2010 hubo un decremento de 6.9% (89 571 solicitudes) y hasta septiembre de 2011 se registraban 71 496 solicitudes.

Los temas más solicitados tienen un interés eminentemente periodístico; sin embargo, los medios informativos capitalinos no lo reflejaron. El 33% de las solicitudes en 2008 se relacionaron con asuntos programáticos, presupuestales y financieros. En 2009 este porcentaje se incrementó a 34.6 por ciento.

Ese mismo año (2009), el 35% del interés de las solicitudes se relacionó con el tema de “control y vigilancia de recursos públicos”. En 2010, fue el 27% y en 2011 el 21.5 por ciento.¹⁴

El desinterés de los medios y periodistas capitalinos por el ejercicio del derecho a la información en su propia ciudad también sorprende por otro elemento sustancial: el perfil joven de la mayoría de los solicitantes.

Casi la tercera parte (29.8%) de las solicitudes registradas ante el InfoDF provienen de personas de 20 a 29 años de edad. El otro tercio (29.9%) es de personas de 30 a 39 años de edad. Es decir, casi el 60% de los solicitantes tienen entre 20 y 39 años. Un 21.5% en 2011 estaba en el rango de 40 a 49 años.

¿No son acaso los jóvenes quienes más utilizan las redes sociales en el Distrito Federal? ¿No son en su mayoría jóvenes los periodistas que se integran a las salas de redacción de los periódicos y medios electrónicos de la Ciudad de México? ¿No son jóvenes la mayoría de estudiantes que están haciendo uso de este derecho en el Distrito Federal?

Si es éste es el caso, ¿por qué el divorcio o la separación entre medios y acceso a la información en el Distrito Federal?, ¿qué es lo que ha sucedido para que un derecho tan utilizado en el corazón político, académico, cultural y financiero del país no se refleje en la información relacionada con los asuntos del gobierno y públicos de la capital mexicana?

En los siguientes párrafos trataremos de dar una respuesta a esta interrogante y aproximarnos a posibles soluciones y sugerencias.

El boom de las redes sociales y los datos personales

El Distrito Federal también es el epicentro del desarrollo de las redes sociales del país. Entre 2010 y 2011 tan sólo la red social más popular, Facebook, registró un crecimiento de 62% en todo el país, y en especial en la Ciudad de México tuvo un incremento de 70% hasta llegar a poco más de 20 millones de usuarios en todo el país, de los cuales casi 7 millones son del Valle de México.¹⁵

La vicepresidenta de Asuntos Corporativos de Facebook, Marne Levine, durante su reciente visita a la Ciudad de México en octubre de 2011, destacó que por número de cuentas el Distrito Federal es la tercera ciudad a nivel mundial más importante para esta red social.

Twitter, la otra red social que se ha popularizado entre la población, creció entre 2010 y 2011 a un ritmo de 37%, alcanzando los 3.3 millones de usuarios en todo el país, de los cuales 60% están en la Ciudad de México.¹⁶ En presencia de blogs interactivos, México ocupó el sexto lugar a nivel mundial con un promedio de 16 horas 3 minutos de consulta al mes.¹⁷ Y la nueva red social Google+, creada por la compañía gigante de este consorcio estadounidense, tiene 308 369 usuarios registrados hasta octubre de 2011 en México. El 60% son cuentas creadas desde el Distrito Federal.

En otras palabras, estamos hablando de una expansión creciente de las redes sociales, englobadas en el término web 2.0 y web 3.0 o “web semántica” en México y, especialmente, en el Distrito Federal.

El término red social es relativamente nuevo. Comenzó a generalizarse entre 2004 y 2005. La web 2.0 es descrita como una plataforma tecnológica que permite la colaboración y autogeneración de contenidos por parte de los usuarios. El término fue utilizado por Dale Dougherty, de O’Really Media, durante una conferencia sobre la evolución de la World Wide Web (www). En aquel evento, Dougherty hizo una primera clasificación de las redes sociales:

Servicios de publicidad como Google AdScense.

Los sitios de servicio fotográficos como Flickr.

Los sitios de descargas musicales que utilizaban mp3.com como Napster.

Los sitios de información personal como los blogs o weblogs. Los sistemas de creación y alojamiento más comunes son Blogger.com, WordPress.com y Windows Live Spaces.

Los administradores de conocidos como los wikis, siendo Wikipedia el más conocido y utilizado a nivel mundial. Son contenidos creados por los usuarios que cualquiera puede corregir, agregar o ampliar.

Para compartir videos y fotos están Youtube y Dailymotn, en el primer caso, así como Flickr y Pikeo.com, entre otros, que han proliferado en todo el mundo.

Noticias y contenidos votados por usuarios. Son las web 2.0 más socorridas y famosas por los buscadores de información, desde la creación de sitios como Meneame.net.

Las redes sociales de contactos personales. Las primeras fueron Friendster, MySpace y Hi5 hasta la irrupción de Facebook (con más de 800 millones de usuarios a nivel mundial) que revolucionó esta aplicación y que ahora tiene a un nuevo y poderoso competidor: Google+.

Archivos de sonido que se distribuyen mediante el sistema de Podcasting. El más conocido es Podcast.com, pero también se crearon Podsonoro.com y Folcast.com, para el mercado de habla hispana.

Comunidades móviles de acceso y buscadores 2.0. En el primer caso, la convergencia digital ha permitido que prácticamente todas las grandes compañías de telefonía móvil tengan este servicio. En el segundo caso, hay desde compañías de vuelos hasta de compras, bienes raíces, bancarias y, por supuesto, búsqueda de empleo que utilizan las herramientas tecnológicas.

Para los conocedores de la web 2.0 las características principales de este universo radican en que son, en primer lugar, contenidos generados por el propio usuario, que se basan en la extrema transparencia, es decir, en compartir el máximo de información y minimizar todos los secretos posibles.

Por supuesto esto ha generado una intensa discusión sobre la protección de los datos personales. En especial, Facebook ha sido la compañía más criticada por los constantes testimonios de usuarios y eventos que confirman cómo se utilizan los datos personales de los usuarios lo mismo para acciones criminales (secuestros, amenazas, extorsiones, suplantación de identidades, trata de personas, prostitución) que para fraudes bancarios o hasta generar prácticas discriminatorias como el bullyng.

Facebook ha tenido que enfrentar una ola de críticas y, en algunos países, sanciones por su descuido en materia de privacidad y protección de datos personales. Este año ha introducido algunos elementos para cumplir con los estándares mínimos de protección de datos personales. En este terreno, instituciones como el IFAI y el InfoDF aún tienen mucha tarea pendiente en relación con esta red social tan popularizada.

La póliza de privacidad de Facebook establecía en el 2008 el siguiente párrafo:

Nosotros podemos usar información tuya que recopilemos de otras fuentes como periódicos y fuentes de Internet como blogs, servicios de mensajería instantánea, desarrolladores de plataforma de Facebook y de otros usuarios de Facebook para completar tu perfil[…] Al usar Facebook das autorización para que tus datos personales sean transferidos y procesados en Estados Unidos.

A pesar de las múltiples críticas y amenazas de demanda, fue hasta que Google creó la competencia con la red social de Google+ que Facebook decidió modificar algunas configuraciones de privacidad. En agosto de 2011 anunció cambios para que ciertas fotos sean vistas sólo por los contactos que el usuario elija, y modificó algunas cláusulas discrecionales que permitían a la compañía utilizar a su conveniencia los datos personales.

El 11 de octubre de 2011 inició el litigio de un usuario australiano que anunció una demanda contra Facebook por almacenar información personal que había sido ya borrada de su cuenta personal. El 5 de noviembre de 2011, Facebook registró un ataque masivo de spam o correo basura en las cuentas de millones de usuarios que recibieron imágenes pornográficas o de violencia. El grupo de ciberactivistas Anonymous se deslindó de esta acción, y la propia compañía indicó que estaba investigando a otros posibles atacantes.

El problema del correo basura y la alteración de las cuentas personales de Facebook es un fenómeno creciente. Entre 2008 y 2009, esta red social acusó a Sanford Wallace, considerado el “zar del correo basura”, de inundar con mensajes e intervenir las contraseñas de varios usuarios para publicar spam. Algo similar puede ocurrir en estos momentos.

Facebook cuenta con un sistema llamado Facebook Immunity System (FIS) que analiza 650 000 acciones por segundo. Sin embargo, especialistas en informática han señalado que este sistema tiene fallas. Se pueden crear butnets que recolectan información de los integrantes de la red social sin ser detectados por el FIS. Estas acciones tienen implicaciones muy serias para la protección de datos personales.

El grupo ciberactivista Anonymous anunció que en noviembre de 2011 realizaría ataques o “intervenciones” a las páginas de Facebook por estas reiteradas violaciones a la privacidad. Finalmente, el ataque de este grupo que defiende la libertad de expresión y la máxima publicidad de los documentos, con tácticas similares a los hackers, suspendió el ataque a la red social.

Otros desafíos que se presentan en materia de datos personales y la relación con Facebook son las tentaciones de los gobiernos autoritarios por intervenir en aquellas cuentas de usuarios incómodos o que organizan protestas. El 24 de noviembre pasado, las autoridades de Tailandia le pidieron a Facebook que eliminara más de 10 000 sitios que son considerados “ofensivos” para la monarquía de este país. Amenazaron con utilizar la Ley Cibernética de este país que es muy restrictiva en materia de redes sociales.

En 2009, cinco años después de la creación de Facebook en las aulas de la Universidad de Harvard, se creó otra red social en Estados Unidos:Twitter. El 5 de junio de ese año, Steven Johnson publicó en la revista Time el artículo “¿Cómo cambiará Twitter la forma en que vivimos?”. El autor, cofundador del sitio Outsider.In explicó que las tres principales razones del éxito del sitio eran su estructura de web 2.0, la posibilidad de realizar búsquedas en tiempo real y la facilidad de compartir enlaces.

Estos tres elementos hacen de Twitter “un coctel que constituye la alternativa al monopolio de búsqueda de Google”, advirtió Johnson. Pocos le hicieron caso en ese momento. Lo consideraron una exageración. ¿Quién osaba presumir que rivalizaría con el mayor buscador del mundo cibernético en la historia reciente de las redes sociales?

El crecimiento y la expansión acelerada de Twitter, en menos de dos años, parece confirmar lo que pronosticaba Johnson. Tan sólo en 2009 y 2010 pasó de 58 millones a una cifra global de 175 millones de usuarios y se calcula que rebasará los 300 millones en 2011, en los 193 países donde se utiliza esta nueva red social. Más del 50% de los usuarios de Twitter consultan diariamente esta red, un porcentaje mayor a la de otras, incluyendo Facebook.

La mayor cualidad de Twitter es que permite generar pequeños nodos informativos inmediatos. Al lograr esto, una conversación, un tema, un video, un link hacia un blog o portal informativo, un documento extraído de los archivos secretos de cualquier dependencia pueden involucrar de inmediato a un número tan grande de personas y a nivel global, como tan voluminosa sea la cuenta original y tantas replicaciones o retuits se generen. Un asunto se vuelve Trending Topic de una forma acelerada con estos recursos.

Curiosamente, Twitter se ha vuelto un rival más peligroso para la televisión y la radio, es decir, para los medios masivos que para Google o Facebook. El hecho de que un usuario tenga un número creciente de seguidores implica que puede tener una audiencia “cautiva” y especializada que no sólo leerá o seguirá los contenidos que difunda, sino que los podrá distribuir hacia otras muchas personas.

Twitter combinó tres cosas que lo ha convertido en un éxito creciente en usuarios: su estructura de red social (el lenguaje binario), las búsquedas en tiempo simultáneo y la facilidad para compartir los enlaces. No son sólo los famosos 140 caracteres de límite, sino la posibilidad de que en ese espacio se puedan divulgar “eventos”, lanzar campañas (hashtag), divulgar información reservada y deliberar con tantas personas como seguidores y temas de interés público se puedan desarrollar.

Más que una red de entretenimiento –como fueron sus antecesoras–, Twitter se está convirtiendo en un nuevo y poderoso mecanismo de deliberación, contrainformación y convocatoria a manifestaciones, como ha ocurrido con el movimiento de los Indignados, en España y Europa, o el de Ocupa Wall Street, en Estados Unidos, o las manifestaciones estudiantiles de Chile.

Este tipo de expresiones ha generado una actitud de nerviosismo y desconocimiento por parte de las autoridades públicas. Los “twitteros”, como se clasifica en términos genéricos a los usuarios de esta red social, se han convertido en un amenaza para la información y la censura que tratan de imponer autoridades y medios masivos.

En México, la irrupción de Twitter en 2009 coincidió con el agravamiento del fenómeno de violencia generada por la guerra contra y entre los cárteles del crimen organizado. Los gobiernos estatales y federal nunca imaginaron que una red social se transformara en un medio alternativo de información y de deliberación en aquellas ciudades atenazadas por los enfrentamientos entre cárteles de la droga, como ha ocurrido en Monterrey, Veracruz, Tampico, Torreón o Matamoros.

La combinación entre Twitter y Facebook ha provocado una incómoda pareja binaria de información y protesta que ha puesto nerviosos a muchos gobernantes. El desconocimiento de la naturaleza y del lenguaje en las redes sociales ha provocado una ola de actitudes que tienden a criminalizar estos medios.¹⁸

El gobierno de Veracruz, encabezado por el priísta Javier Duarte, tuvo el mal tino de encarcelar en septiembre de 2011 a dos usuarios de Twitter y de Facebook acusándolos de “promover el pánico social”. Formalmente, fueron acusados de “terrorismo equiparado” al promover “rumores falsos” relativos a unos presuntos enfrentamientos relacionados con las escuelas de educación pública en el puerto mexicano.

La presión nacional e internacional obligó al gobierno estatal a recular, pero se mantiene intacta la tentación autoritaria de controlar lo que, por su naturaleza y dinámica, está pensado para ser una forma de comunicación alternativa y no un medio para “sembrar el terror”.

El domingo 13 de noviembre ocurrió otro caso sintomático en la Ciudad de México. El accidente aéreo que le costó la vida al secretario de Gobernación, Francisco Blake Mora, ocurrido dos días antes del simbólico 11 de noviembre de 2011 (11-11-11) generó una ola de mensajes en Twitter y en Facebook. Dos usuarios, jóvenes, emitieron algunos donde hacían pensar que sabían de la posibilidad de un atentado. Se trató de las cuentas @Morfo y @Mareoflores. Evidentemente, se trataba de bromas o de predicciones poco afortunadas.

Sin embargo, las autoridades de la Procuraduría General de la República se las tomaron en serio. El domingo fue detenido e interrogado, sin orden de presentación, durante cinco horas el titular de la cuenta @Mareoflores. La justificación de las autoridades es que se trataba de un presunto “testigo” de alguna de las pistas sobre el accidente que le costó la vida a Blake Mora. También se generó una protesta rápida y generalizada entre usuarios de Twitter.

¿Era testigo de algo que las autoridades insistieron que se trató de un accidente y no de un atentado? ¿Cómo supieron las autoridades el domicilio de este joven diseñador que se sumó, como decenas, a las especulaciones generadas ese día?

Si bien fue liberado Mario Flores, la duda sobre la violación a los derechos de privacidad de los usuarios de las redes sociales ha quedado sembrada en México después de los sucesos de Veracruz y la Ciudad de México.

También el peligro de que los cárteles de la droga, coludidos o no con las autoridades policiacas, tengan acceso a las cuentas personales y al domicilio de los usuarios de las redes sociales se ha convertido en una veta preocupante. En Tamaulipas, el 26 de septiembre fue decapitada la periodista Marisol Macías Castañeda, acusada por divulgar “información delicada” que vinculaba a los cuerpos policiacos con el cártel de los Zetas en su blog y en su cuenta de Twitter.

Wikileaks, el periodismo de filtraciones

En paralelo con las nuevas compañías que explotan el lenguaje de la web 2.0 se han creado otras iniciativas de activistas cibernéticos que han despertado el interés mundial por el potencial de Internet como una fuente de acceso a la información de documentos desclasificados, sin el consentimiento de los gobiernos, de las compañías o de las instituciones financieras.

El caso más famoso es el de Wikileaks, organización fundada por Julian Assange y un grupo de ciberactivistas, enemigos de los secretos del poder y amigos de la acción anónima. Wikileaks logró, en menos de dos años, una fascinación e interés mundiales, gracias a la sincronización de filtraciones masivas sobre documentos internos y clasificados como “confidenciales” por agencias del gobierno de Estados Unidos, como el Pentágono y el Departamento de Estado.

En abril de 2010, Wikileaks dio su primer golpe informativo mundial. Divulgó un video grabado en 2007 donde soldados estadounidenses asesinan al reportero de la agencia Reuters, Namir Noor Elden, y a 10 personas más en Irak. El 25 de julio del mismo año Wikileaks divulgó 92 000 documentos “secretos” sobre la guerra de Afganistán, redactados por autoridades del Departamento de Defensa entre 2004 y 2009. Ahí se confirmaban los testimonios y acusaciones sobre la utilización de la tortura como “método de información” para “liberar” a la nación de Asia Central del gobierno integrista formado por el Talibán.

El 22 de octubre de 2010, Wikileaks realiza otro golpe informativo y cibernético espectacular. Divulgó 391 831 documentos desclasificados del Pentágono sobre la guerra de Irak. La cadena televisiva británica BBC calificó esta acción como “la mayor filtración de documentos clasificados en la historia”. De un solo golpe, Wikileaks filtró más documentos que todos los que se han dado a conocer por el IFAI y la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública en México durante sus ocho años de vigencia.

Su mayor y más polémica filtración inició el 28 de noviembre de 2010. Wikileaks comenzó a divulgar apenas el 4% de un total de 251 187 cables diplomáticos “reservados” y “confidenciales” que enviaron los embajadores de Estados Unidos al Departamento de Estado entre 2006 y 2010 con valoraciones e información poco agradables sobre la manera en que el núcleo del poder en Washington ve el mundo, a los gobernantes de otros países, a sus supuestos aliados, y los datos reservados para la toma de decisiones en conflictos geopolíticos como el Medio Oriente, la guerra contra el narcotráfico en México, la situación en Colombia, o las tensas relaciones con las potencias europeas.

Wikileaks generó un tsunami informativo cuyos efectos aún no se han digerido ni diluido del todo. Sus filtraciones actualizaron dos de las grandes obsesiones en el área de la información, de la informática y de las redes sociales inspiradas en el modelo web 2.0: la develación de los secretos del poder y los límites de la secrecía y la protección de los informantes.

Una de las críticas más insistentes que se le han hecho a Wikileaks es que puso en riesgo a varias de las fuentes que normalmente consultan los embajadores de Estados Unidos para enviar sus cables diplomáticos. La otra crítica se relaciona con la “intoxicación” de información que, lejos de permitir una lectura y entendimiento ponderado, produce más ruido que análisis.

Las filtraciones de Wikileaks no acreditan la “verdad” o veracidad de los acontecimientos y las percepciones que se ventilan en los cables del Departamento de Estado, pero sí ofrecen una radiografía nada amable de cómo ve el mundo Washington y lo vulnerables que son los “secretos militares” y la doctrina de “seguridad nacional” de Estados Unidos en un mundo donde los enlaces cibernéticos permiten tener acceso a información reservada.

Wikileaks revivió la discusión sobre los límites y alcances del acceso a la información. ¿Es válido este método que claramente violentó los lineamientos legales y los procesos de solicitud y desclasificación de archivos, pero generó una ola de información que de otra manera difícilmente se hubiera conocido antes de los 12 años de su desclasificación?

Javier Moreno, director de El País, uno de los cinco grandes periódicos internacionales que acordaron con el equipo de Julian Assange la divulgación simultánea del contenido de varios de los cables del Departamento de Estado, hizo el siguiente análisis:

El interés global concitado por los papeles de Wikileaks se explica principalmente por una razón muy simple, pero al mismo tiempo muy poderosa: porque revela de forma exhaustiva, como seguramente no había sucedido jamás, hasta qué grado las clases políticas en las democracias avanzadas de Occidente han estado engañando a los ciudadanos.¹⁹

Wikileaks significó, en buena medida, no sólo una demostración del engaño. También representa un parteaguas para la manera de hacer periodismo en la era de las redes sociales, del acceso a la información y en la capacidad para divulgarla globalmente.

Lejos de suplantar al periodismo de investigación, Wikileaks lo potencia. Sin embargo, hace falta que las propias redacciones de los medios se den a la tarea de contrastar, investigar, contextualizar y relacionar los contenidos de los cables divulgados con cada uno de los temas. Nunca como ahora se reclama una labor de ensamblaje y valoración sobre los hechos, las pistas y los juicios emitidos en esta gran ola de “filtraciones”.

El semiólogo italiano Umberto Eco comparó a Wikileaks con la distopía del Big Brother orwelliano: así como los ciudadanos se han sentido invadidos por el poder intrusivo e invasor, ahora ese mismo poder queda desnudo ante la mirada no autorizada a sus secretos:

Ahora que se ha demostrado que ni siquiera las criptas de los secretos del poder pueden escapar al control de un hacker, la relación de control deja de ser unidireccional y se convierte en circular. El poder controla a cada ciudadano, pero cada ciudadano, al menos el hacker –elegido como “vengador” del ciudadano– puede conocer todos los secretos del poder.

¿Cuál ha sido el impacto en México del fenómeno Wikileaks? Podemos identificar tres vertientes:

El periódico La Jornada fue el único que tuvo acceso a una parte sustancial de las notas originales del Cablegate. Ninguna información tenía el carácter de desestabilizadora, al grado de hacer que cayera el gobierno de Felipe Calderón, pero sí se confirmó una apreciación negativa de Estados Unidos frente a lo ocurrido en este gobierno: desde las dudas sobre la legalidad de su triunfo electoral en 2006, hasta los errores cometidos en la lucha contra el narcotráfico y la infiltración y corrupción de los cárteles de la droga en los cuerpos militares y policiacos encargados de combatirla.

En buena medida, los “cables diplomáticos” confirmaron mucha información que se ha ventilado en medios como Proceso, La Jornada o Reforma sobre los errores estratégicos en el combate contra el crimen organizado. El gobierno de Calderón se debilitó en su credibilidad.

El efecto “contagio” o “imitación” es mínimo. Recientemente se formó una agrupación denominada Televileaks, emulando a Wikileaks, para documentar los abusos cometidos por la principal empresa de comunicación en México: Televisa. Ha generado un impacto menor, en la medida en que no se han “filtrado” documentos reveladores sobre esta empresa, sus accionistas y los principales políticos mexicanos. En todo caso, las “filtraciones” más importantes están ocurriendo a una velocidad acelerada en el ámbito de los periódicos y en función del ambiente electoral del 2012. Es el caso de la deuda del gobierno de Coahuila, documentado por el periódico Reforma.

El mundo institucional ha reflexionado poco y ha realizado menos medidas de las que se esperaban frente al efecto de Wikileaks y el nuevo protagonismo de las redes sociales. Existen, como ya documentamos, dos mundos separados entre los organismos responsables del acceso a la información, las unidades de enlace, los medios informativos y el mayor uso de las redes sociales. 

Es claro que el periodismo de “filtraciones” tiene el encanto de la espectacularidad y el escándalo inmediato; sin embargo, falta la contraparte: la rendición de cuentas, la investigación más profunda y las consecuencias jurídicas y políticas derivadas de estas fugas de información que surgen en las criptas de los secretos del poder.

La segunda ola de acceso a la información

El 17 de noviembre de 2011 el comisionado presidente de InfoDF, Óscar Guerra, aportó una información que prácticamente pasó desapercibida en los medios de comunicación mexicanos: en los últimos cinco años de vigencia de la ley de acceso en la capital del país, 280 funcionarios de la administración local han sido sancionados por incumplimiento. “Tenemos un acumulado en los cinco años de 280 funcionarios que han sufrido un tipo de sanción, que van desde la amonestación privada, la suspensión sin goce de sueldo por algunos días y la inhabilitación en el servicio público por dos años”, abundó Guerra.

Tampoco en las redes sociales o en los blogs de las organizaciones vinculadas al acceso a la información se generó mayor interés. Tal número de funcionarios sancionados por lo menos debió provocar algunas preguntas entre el gremio periodístico: ¿quiénes son?, ¿qué niveles de responsabilidad tenían?, ¿por qué fueron sancionados?, ¿quiénes fueron inhabilitados?, ¿qué balance hace el InfoDF frente a estas sanciones?

En fin, hay un grado de indiferencia o “minimización” de los asuntos relacionados con el acceso a la información y a la protección de datos personales que deben prender un foco de alerta, tanto entre los promotores como entre ciudadanos y medios de comunicación.

Más grave parece ser que la sociedad y las organizaciones civiles, empresariales y académicas en el Distrito Federal y en el país han avanzado más en la cultura del acceso a la información que la misma clase política y el sector periodístico tradicional.

La corriente de organismos dedicados a evaluar el avance en esta materia han insistido en generar una “segunda ola” de promoción al acceso a la información que no se quede solamente en la respuesta a las solicitudes, sino en una promoción activa y una rendición de cuentas efectiva, así como capitalizar las nuevas tecnologías para hacer más útil y generalizado el uso de este derecho.

No deja de ser sintomático que una de las áreas de mayor opacidad en la rendición de cuentas e información pública siga siendo el régimen de concesiones y permisos en el régimen de medios electrónicos de comunicación, así como en los convenios publicitarios que las distintas instancias de gobierno establecen tanto con los medios masivos como con los impresos.

La opacidad en las relaciones entre medios y poder se extiende a la discrecionalidad en la relación entre los dueños de los medios y los propios trabajadores de la información (sean éstos reporteros, articulistas, fotógrafos, cartonistas, colaboradores, editores, etc.). Los derechos profesionales de los periodistas no se limitan únicamente al salario digno y a condiciones modernas de trabajo, sino a la protección de la secrecía de las fuentes, o incluir medidas de protección mutua en el caso de los reporteros dedicados a la cobertura de asuntos altamente sensibles, como el narcotráfico.

En muchas ocasiones, el principio de secrecía de las fuentes puede parecer una contradicción en relación con la transparencia y la máxima publicidad, pero en este principio debe prevalecer la necesidad de garantizar un acceso de información a temas reservados aún por distintas áreas del Estado, como son asuntos de seguridad nacional, los fideicomisos y fondos que manejan recursos públicos, la rendición de cuentas de los partidos políticos, la transparencia sindical, el manejo de la información ambiental y el acceso a la información en materia del agua, estos dos últimos particularmente sensibles en el caso del Distrito Federal.

Es importante que los medios de información cuenten con unidades de acceso a la información que operen como entidades periodísticas que sistematicen, analicen, promuevan, investiguen y difundan los procesos vinculados con el acceso a la información. En múltiples foros hemos promovido algunas medidas tendientes a reforzar e incorporar a los medios en la “segunda ola” de acceso a la información:

Crear un equipo interno dedicado a reportear, sistematizar, monitorear y seguir líneas de investigación y de información relacionados con el acceso a la información y la transparencia. Estos equipos deben recibir asesoría e interlocución constante con los institutos de acceso.

Hasta ahora, las áreas de reportajes especiales o de investigaciones periodísticas son las que han concentrado estos temas. Lo importante es que no se creen segmentos aislados de las otras “fuentes” o áreas periodísticas. La información generada por las solicitudes realizadas por periodistas o ciudadanos son útiles para infinidad de secciones y de temas periodísticos de los medios: desde los responsables de la información policiaca hasta las secciones deportivas.

Realizar estudios comparativos con legislaciones y experiencias internacionales y multinacionales en relación con el acceso a la información. No podemos esperar a que surja otra ola de “filtraciones” al estilo de Wikileaks para generar interés en las redacciones periodísticas.

De hecho, el Cablegate de Wikileaks aún necesita un ejercicio de contraste y profundización, a partir de los despachos diplomáticos que se han divulgado.

Establecer los contactos y las relaciones con universidades, asociaciones civiles y todos aquellos centros que, como vimos, son los usuarios constantes del acceso a la información. Los periodistas necesitamos estar cerca de esta “mina de oro” que se genera en las instituciones académicas.

Por supuesto, las coyunturas y la dinámica de los “escándalos informativos” ganan la agenda cotidiana de los medios. Hay un menosprecio o desconocimiento de toda la información que se genera en estas instancias. ¿Por qué si el Grupo Oaxaca fue una alianza entre académicos y periodistas no se puede replicar esta experiencia en cada una de las redacciones interesadas?

Impulsar conjuntamente institutos de acceso a la información y medios de comunicación es un compromiso por la convergencia digital y el mayor acceso a la banda ancha. En la medida que el acceso a un Internet de alta velocidad supere el 50% de la población mexicana (actualmente no es más del 20%) y que se genere una alfabetización digital entre los ciudadanos, en esa medida se van a capitalizar mejor las nuevas tecnologías de la información.

En otras palabras, esta “segunda ola” trataría de socializar la cultura y la práctica del acceso a la información, teniendo a los medios de comunicación y a los periodistas como aliados, no como entes diferentes o separados.

La web 3.0 o web semántica

En 2001, prácticamente al mismo tiempo que se “bautizaba” a la web 2.0, Tim Berners Lee, creador de las World Wide Web, acuñó otro término: el de la “web semántica” para referirse a un medio cibernético capaz de interpretar e interconectar un número mayor de datos, lo que permitirá el avance en el campo del conocimiento.

Berners Lee afirmó en la revista Scientific American que esta transformación traerá aparejada una evolución en el conocimiento humano sobre investigaciones genéticas, tratamiento farmacológico de enfermedades hasta ahora incurables, entre otros avances que no quedaban muy claros hace una década.

Por su parte, Andrew Updegrove, otro de los padres tecnológicos de la web, afirmó que a diferencia de la web 1.0, basada en páginas online y difusión de documentos sin posibilidad de interacción o de comparación simultánea, la etapa de la “web semántica” implicará una evolución en el uso del Internet a partir de estándares que se incorporaban a la red de redes: los identificadores uniformes de recursos (URI), la base semántica de la web; el Extensible Markup Lenguage (XML), fundamento sintáctico de la misma; y el marco de la descripción del recurso (RDF).

En 2004 se aclaró que, a diferencia de la web 2.0, la “web semántica” o lo que comenzaba a denominarse como web 3.0 entre los especialistas en informática y nuevas tecnologías, se trata de un sistema de codificación semántica totalmente automatizada. La web 3.0 “convertirá en obsoletos a los buscadores actuales” y significará su evolución.

En la Quinta Conferencia Internacional de la Web Semántica, realizada en noviembre de 2006, en pleno auge de Facebook y otras redes sociales, Tom Gruber afirmó que hay una falsa idea al separar la “web semántica” de la “web social” como dos mundos con ideologías alternativas y en oposición. Esto lo consideró absurdo porque “es hora de abrazar una idea unificada” de ambos modelos.

La idea ha evolucionado hasta que en 2011, la “web semántica” es presentada por Liberateca, sitio online especializado como la “web de la autogestión” frente a la “web de la participación” que sería la 2.0.

Autogestión es, en este caso, una plataforma web social autoconstruida por su propia comunidad, puesta en línea aun funcionando un mínimo esqueleto, entregando no sólo la responsabilidad del mantenimiento de los contenidos a la propia comunidad de usuarios, sino también la capacidad de decisión sobre la futura evolución de la plataforma, incluso el poder de diseñarla con sus propias manos y, por supuesto, la responsabilidad de defender los valores que subyacen en su acción colectiva en cualquier caso.²⁰

Algunos ejemplos de “autogestión” de la web semántica son los siguientes:

¿Se pueden construir comunidades que vivan cuestiones políticas comunes sobre una estructura que los enlaza aparentemente tan superficial como es ver series de televisión?, ¿quiénes ven series de televisión?, ¿por qué las ven?, ¿estarían dispuestos a defender esa plataforma que los une?, ¿hasta qué punto y por qué motivos?

Se abre un nuevo espacio de oportunidad para experimentar formas de organización social en entornos no explorados, pero no explorados por no ser conocidos, sino por “no enlazados”. Quizá faltaba una pieza para activar la combinación que debía producir ese cambio, quizá sólo faltaba el principio de una plataforma que ellos mismos debieran completar, que los pudieran ayudar a enlazarse, a conocerse y a compartir como forma de construirse.²¹

Esta falta de “enlazamiento” es lo que ha sucedido entre la web 3.0, los medios de información y los organismos responsables del acceso a la información. De hecho, la gran mayoría de los medios se encuentran rezagados frente a la evolución de las redes sociales y muchos institutos sólo operan en el viejo modelo de la web 1.0.

El especialista español Francisco Javier García Marco concluyó en su ensayo El reto de la transparencia y la web 3.0:

Hasta el momento, y con escasas y fragmentadas excepciones, las publicaciones oficiales en Internet son tan sólo los trasuntos digitales de sus predecesoras lo que, por otra parte, constituye un avance inmenso en lo que se refiere a su accesibilidad que es, por otra parte, un prerrequisito clave para la transparencia.

Sin embargo, y con ser éste un avance importante, las actuales publicaciones oficiales digitales quedan muy por debajo de las posibilidades que ofrecen las tendencias actuales de la World Wide Web, que hemos sintetizado utilizando el concepto web 3.0.

Avanzar en el etiquetado y la organización semántica de los diarios oficiales y las publicaciones oficiales, en general, permitirá su mejora, ampliación, integración y procesamiento automático. También facilitaría su evolución para dar cuenta de las necesidades emergentes y acuciantes como el control en el acceso a la información y la protección de la privacidad, que se deben resolver sin menoscabo de la transparencia.

La aplicación de las tecnologías sociales facilitaría enormemente el ejercicio de la crítica y el control ciudadanos, y potenciaría a los ciudadanos y a las organizaciones comprometidas con la transparencia para luchar por mejoras en la actividad legal, normativa, judicial y ejecutiva de los estados. A su vez, propiciaría a los Estados y a sus agencias una retroalimentación preciosa que les permitiría ejercer su función en forma más eficaz y eficiente desde los profundos principios democráticos que lo sustentan.²²

En el mismo ensayo, García Marco propone algunas fases que son muy útiles considerar en la promoción de una “segunda ola” del acceso a la información en México, que incluya a los periodistas y medios de comunicación que se comprometan con este proceso:

En primera instancia, proyectos de análisis y demostración para determinados tipos de documentos, susceptibles de ser procesados en una web semántica.

Avanzar en su generalización para, al final, permitir abordar con garantías la “semantización” y “socialización” completa de las publicaciones oficiales.

Promover nuevas formas de colaboración entre entidades públicas y privadas para asegurar la eficacia y eficiencia de esta nueva manera de difundir la información pública.

García Marco pone un acento especial en los llamados “localizadores persistentes” (persistent locators). Gracias a ellos será posible que la red social que surja de las publicaciones oficiales pueda crecer fuera de los servidores gubernamentales. Las organizaciones comprometidas con la transparencia podrían proveer los servidores y aplicaciones para que los ciudadanos tengan la oportunidad de comentar, votar, denunciar, anexar, investigar o consultar los temas de diverso tipo que forman las publicaciones oficiales. En otras palabras, la autogestión del acceso a la información pública.²³

Los datos que se generen de estos mecanismos de autogestión constituyen también una fuente de información muy valiosa para conocer los temas que preocupan a los ciudadanos, las soluciones que ofrecen, así como los conflictos que se generen. Y los medios de comunicación pueden tener acceso a estos datos de una manera automática.

¿Estamos en condiciones de pensar en una red social semántica que le aporte al ciudadano toda la información que requiere sobre sus cuentas bancarias, su historial académico, su expediente médico, su historial como contribuyente, por poner algunos ejemplos?

Considero que, al menos en el Distrito Federal, ésta es una posibilidad real y no una utopía informática. Esto no se logra desde la soledad de una instancia burocrática, sino en alianza con medios y periodistas comprometidos. Incluso, con empresas y consultores que estén habilitados en los usos y alcances de la web 3.0.

El periodismo se verá beneficiado. El derecho de acceso a la información se potenciará. La protección de datos personales debe ser una prioridad en este terreno y, sobre todo, se incrementará la promoción de audiencias deliberativas, propias de las sociedades que han transitado del modelo analógico al digital.

Las tentaciones de censura o de criminalización de las redes sociales se eliminarán en la medida que exista este proceso de promoción, alfabetización digital y alianzas con agencias gubernamentales clave en este proceso.

La historia de esta segunda fase, apenas inicia.

Bibliografía

Hughes, Sally, “Newsrooms in Conflict”, Journalism and The Democratization of Mexico, Universidad de Pittsburgh, 2006.

Lizárraga, Daniel, La corrupción azul, Random House, 2009.

Navarro, Fidela, Democratización y regulación del Derecho de Acceso a la Información Pública, Fundación Universitaria y de Derecho, Administración y Política, S.C.

Pérez, Ana Lilia, El cártel negro. Cómo el crimen organizado se ha apoderado de Pemex, Grijalbo, 2011.

Trinidad Zaldívar, Ángel, “Derecho de Acceso a la Información: retos de la transparencia y seguridad nacional”, Informe, 11 de noviembre de 2011.

Villamil, Jenaro, La televisión que nos gobierna, Grijalbo, 2005.

______, “Homozapping”, Cuadernos de El Financiero, México, 2011.

Otras fuentes

El País, 19 de diciembre de 2010.

Informe Estadístico del Ejercicio del Derecho a la Información Pública en el Distrito Federal, noviembre de 2011.

Murúa, Sara, “Vamos México, ¿una filantropía inteligente?”. Entrevista de CNN Expansión. Amplió sus investigaciones hasta el Centro Fox (30 de octubre de 2007). Disponible en www.cnnexpansion.com.

Wells, Tom (29 de noviembre de 2007), Web 3.0 y SE0. Noticias de motores de búsqueda. Disponible en www.wikipedia.org.

Links

www.mexicanadecomunicación.com.mx.

www.blog.alabs.es/liberateca.

Notas

[←1]

“Derecho de Acceso a la Información: Retos de la Transparencia y Seguridad Nacional”, comisionado Ángel Trinidad Zaldívar, 11 de noviembre de 2011. Documento original.

[←2]

Informe Estadístico del Ejercicio del Derecho a la Información Pública en el Distrito Federal, noviembre de 2011.

[←3]

Jenaro Villamil, La televisión que nos gobierna, Grijalbo, 2005.

[←4]

Para conocer más del proceso de negociación entre el Grupo Oaxaca y el Congreso, es recomendable el texto de Fidela Navarro, “Democratización y Regulación del Derecho de Acceso a la Información Pública”, editado por Fundación Universitaria y de Derecho, Administración y Política, S.C. En esta obra, Navarro reconstruye los testimonios de quienes participamos en Grupo Oaxaca y las distintas opciones que se discutieron en el gobierno de Vicente Fox.

[←5]

Fidela Navarro, op. cit.

[←6]

Disponible en www.mexicanadecomunicación.com.mx.

[←7]

Ídem.

[←8]

Sara Murúa publicó como tesis el resultado de su investigación titulado: “Vamos México, ¿una filantropía inteligente?”. Disponible en www.ierd.prd.org.mx. En entrevista con CNN Expansión, Sara Murúa amplió sus investigaciones hasta el Centro Fox. Disponible en www.cnnexpansion.com, 30 de octubre de 2007.

[←9]

El resultado de su investigación más amplia se puede consultar en el libro de Daniel Lizárraga, La corrupción azul, Random House, 2009.

[←10]

El libro más reciente que es un buen ejemplo de cómo desarrollar las investigaciones periodísticas, a partir del acceso a la información es Ana Lilia Pérez, El cártel negro. Cómo el crimen organizado se ha apoderado de Pemex, Grijalbo, 2011.

[←11]

Jenaro Villamil, op. cit.

[←12]

Sally Hughes, Newsrooms in Conflict, Journalism and The Democratization of Mexico, Universidad de Pittsburgh, 2006, pp. 66-67.

[←13]

“Derecho de Acceso a la Información: Retos de la Transparencia y Seguridad Nacional”, comisionado Angel Trinidad Zaldívar, 11-noviembre-2011. Texto original.

[←14]

Datos del Informe Estadístico del Ejercicio del Derecho de Acceso a la Información Pública en el Distrito Federal, noviembre de 2011. www.infodf.org.mx.

[←15]

Datos de la consultora ComScore y de Facebook Company.

[←16]

Ídem.

[←17]

Ídem.

[←18]

Jenaro Villamil, Homozapping, Medios, Cuadernos de El Financiero, México, 2011 pp. 12-19.

[←19]

El País,19 de diciembre de 2010.

[←20]

Disponible en www.blog.alabs.es/liberateca.

[←21]

Ídem.

[←22]

Universidad de Zaragoza, email: jgarcia@unizar.es

[←23]

Para conocer más sobre el desarrollo y las características de la web 3.0 se pueden consultar: Tom Wells, Web 3.0 y SE0. Noticias de motores de búsqueda, 29 de noviembre de 2007. Disponible en www.wikipedia.org.