CONTENIDO

TÍTULO PRIMERO

DISPOSICIONES GENERALES

Capítulo I

Del Objeto de la Ley y su Interpretación

Artículo 1

Artículo 2

Artículo 3

Artículo 4

Artículo 5

Artículo 6

Artículo 7

Artículo 8

Artículo 9

Artículo 10

Capítulo II

De los Principios Rectores

Artículo 11

Capítulo III

De los Sujetos Obligados

Artículo 12

TÍTULO SEGUNDO

DE LOS RESPONSABLES EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

Capítulo I

Del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística

Artículo 13

Artículo 14

Artículo 15

Artículo 16

Artículo 17

Artículo 18

Artículo 19

Artículo 20

Artículo 21

Capítulo II

De los Comités de Transparencia

Artículo 22

Artículo 23

Artículo 24

Artículo 25

Capítulo III

De la Unidad de Transparencia

Artículo 26

Artículo 27

Artículo 28

Artículo 29

Capítulo IV

Del Consejo Consultivo

Artículo 30

Artículo 31

TÍTULO TERCERO

DE LA PARTICIPACIÓN DEL INSTITUTO EN EL SISTEMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA Y DE LA PLATAFORMA ELECTRÓNICA

Capítulo I

De la Participación del Instituto en el Sistema Nacional de Transparencia

Artículo 32

Capítulo II

De la Plataforma Electrónica de Transparencia

Artículo 33

Artículo 34

TÍTULO CUARTO

DE LA CULTURA DE TRANSPARENCIA Y APERTURA GUBERNAMENTAL

Capítulo I

De la Promoción de la Transparencia y el Derecho de Acceso a la Información

Artículo 35

Artículo 36

Artículo 37

Capítulo II

De la Transparencia Proactiva

Artículo 38

Artículo 39

Artículo 40

Capítulo III

Del Gobierno Abierto y Participación Social

Artículo 41

Artículo 42

Artículo 43

Artículo 44

Artículo 45

TÍTULO QUINTO

DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA

Capítulo I

De las Disposiciones Generales

Artículo 46

Artículo 47

Artículo 48

Artículo 49

Artículo 50

Capítulo II

De las Obligaciones de Transparencia Comunes

Artículo 51

Capítulo III

De la Información Pública Específica que debe Difundirse

Artículo 52

Artículo 53

Artículo 54

Artículo 55

Artículo 56

Artículo 57

Artículo 58

Artículo 59

Artículo 60

Capítulo IV

De las Obligaciones Específicas de las Personas Físicas o Morales que Reciben y Ejercen Recursos Públicos o Realizan Actos de Autoridad

Artículo 61

Artículo 62

Artículo 63

Capítulo V

De la Verificación de las Obligaciones de Transparencia

Artículo 64

Artículo 65

Artículo 66

Capítulo VI

De la Denuncia por Incumplimiento de las Obligaciones de Transparencia

Artículo 67

Artículo 68

Artículo 69

Artículo 70

Artículo 71

Artículo 72

Artículo 73

Artículo 74

Artículo 75

TÍTULO SEXTO

DE LA INFORMACIÓN CLASIFICADA

Capítulo I

Disposiciones Generales

Artículo 76

Artículo 77

Artículo 78

Artículo 79

Artículo 80

Artículo 81

Artículo 82

Artículo 83

Capítulo II

De la Información Reservada

Artículo 84

Artículo 85

Artículo 86

Capítulo III

De la Información Confidencial

Artículo 87

Artículo 88

Artículo 89

Artículo 90

Artículo 91

Artículo 92

Artículo 93

Artículo 94

TÍTULO SÉPTIMO

DEL PROCEDIMIENTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN

Capítulo I

Del Procedimiento de Acceso a la Información

Artículo 95

Artículo 96

Artículo 97

Artículo 98

Artículo 99

Artículo 100

Artículo 101

Artículo 102

Artículo 103

Artículo 104

Artículo 105

Artículo 106

Artículo 107

Artículo 108

Capítulo II

De las Cuotas de Acceso

Artículo 109

Artículo 110

TÍTULO OCTAVO

DEL SISTEMA ESTATAL DE ENCUESTAS Y ANÁLISIS ESTADÍSTICO

Capítulo Único

De su Funcionamiento

Artículo 111

Artículo 112

Artículo 113

Artículo 114

Artículo 115

Artículo 116

TÍTULO NOVENO

DE LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN

Capítulo I

Del Recurso de Revisión ante el Instituto

Artículo 117

Artículo 118

Artículo 119

Artículo 120

Artículo 121

Artículo 122

Artículo 123

Artículo 124

Artículo 125

Artículo 126

Artículo 127

Artículo 128

Artículo 129

Artículo 130

Artículo 131

Artículo 132

Artículo 133

Artículo 134

Artículo 135

Artículo 136

Capítulo II

Del Recurso de Inconformidad ante (SIC) Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales

Artículo 137

Artículo 138

Artículo 139

Capítulo III

De la Atracción de los Recursos de Revisión

Artículo 140

TÍTULO DÉCIMO

DE LAS MEDIDAS DE APREMIO Y SANCIONES

Capítulo I

De las Medidas de Apremio

Artículo 141

Artículo 142

Artículo 143

Capítulo II

De las Sanciones

Artículo 144

Artículo 145

Artículo 146

Artículo 147

Artículo 148

Artículo 149

Artículo 150

Artículo 151

Artículo 152

Artículo 153

Artículo 154

Capítulo III

Del Procedimiento de Sanción de Sujetos Obligados que no cuenten con la Calidad de Servidor Público

Artículo 155

Artículo 156

Artículo 157

Artículo 158

TÍTULO DÉCIMO PRIMERO

DE LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y DE LA ACCIÓN DE HABEAS DATA

Capítulo I

De la Protección de Datos Personales

Artículo 159

Artículo 160

Artículo 161

Artículo 162

Artículo 163

Capítulo II

Del Ejercicio de la Acción de Habeas Data

Artículo 164

Artículo 165

Artículo 166

Artículo 167

Artículo 168

Artículo 169

Artículo 170

Artículo 171

Artículo 172

TÍTULO DÉCIMO SEGUNDO

DE LOS ARCHIVOS

Capítulo Único

De los Archivos

Artículo 173

Artículo 174

TÍTULO DÉCIMO TERCERO

DEL SERVICIO PROFESIONAL CIVIL DE CARRERA PARA EL PERSONAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE INFORMACIÓN PÚBLICA Y ESTADÍSTICA

Capítulo Único

De La Profesionalización

Artículo 175

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera

Segunda

Tercera

Cuarta

Quinta

Sexta

Séptima

TEXTO ORIGINAL.

[N. DE E. CONTIENE LA FE DE ERRATAS PUBLICADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL 25 DE MAYO DE 2016.]

Ley publicada en el Periódico Oficial del Estado de Morelos, el miércoles 27 de abril de 2016.

Al margen izquierdo un Escudo del Estado de Morelos que dice: "Tierra y Libertad".- La tierra volverá a quienes la trabajan con sus manos.- Poder Legislativo. LIII. Legislatura. 2015-2018.

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS HABITANTES SABED:

Que el H. Congreso del Estado se ha servido enviarme para su promulgación lo siguiente:

LA QUINCUAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO DE LA FACULTAD QUE LE OTORGA LA FRACCIÓN II, DEL ARTICULO 40, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, Y AL TENOR DE LOS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES…

Por lo anteriormente expuesto, esta LIII Legislatura ha tenido a bien expedir el (sic) siguiente:

LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE MORELOS.

ARTÍCULO ÚNICO.- SE EXPIDE LA LEY (SIC) DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE MORELOS, para quedar como sigue:

LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE MORELOS.

TÍTULO PRIMERO

DISPOSICIONES GENERALES

CAPITULO I

DEL OBJETO DE LA LEY Y SU INTERPRETACIÓN

Artículo 1. La presente Ley es de orden público e interés social y de observancia general en el estado de Morelos, en materia de derecho de acceso a la información, transparencia y rendición de cuentas, es reglamentaria de los artículos 2° y 23-A, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos.

Esta Ley tutela el derecho humano de acceso a la información pública de todas las personas; la transparencia en el ejercicio de la función pública; y regula la formulación, producción, procesamiento, administración y difusión de las estadísticas, sondeos y encuestas; fomenta, promueve e incentiva los principios de gobierno abierto y la participación ciudadana, que se requieran para la toma de decisiones y el cumplimiento de las funciones legales.

Tiene por objeto establecer los principios y procedimientos para garantizar el derecho humano de acceso a la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, Órganos Autónomos, Partidos Políticos, Fideicomisos, fondos públicos y Municipios, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el estado de Morelos.

Artículo 2. Son objetivos específicos de esta Ley:

Consolidar el estado democrático y de derecho en el estado de Morelos;

Garantizar el ejercicio del derecho humano de acceso a la información pública;

Establecer los mecanismos de coordinación entre los distintos sujetos obligados regulados por la presente Ley;

Establecer y regular la integración, competencias y atribuciones del Instituto y el Consejo Consultivo;

Facultar el ejercicio de los medios de impugnación y procedimientos para la interposición de acciones de inconstitucionalidad por parte del Instituto;

Garantizar la observancia de los principios y bases en la presente Ley y demás disposiciones que resulten aplicables en la materia;

Regular y asegurar procedimientos sencillos y expeditos para acceder a la información pública, así como a sus datos personales;

Promover la transparencia en el ejercicio de la función pública y de los recursos públicos, así como la rendición de cuentas, mediante la implementación de políticas públicas que garanticen un flujo de información oportuna, verificable, comprensible, actualizada y completa en formatos adecuados y accesibles en congruencia con el principio de máxima publicidad;

Establecer mecanismos con las autoridades competentes a efecto de lograr una adecuada administración, organización y conservación de documentos que facilite el ejercicio del derecho de acceso a la información;

Organizar con criterios científicos y técnicos adecuados y bajo los principios de imparcialidad, confiabilidad, periodicidad, oportunidad e independencia, la formulación, producción, sistematización, procesamiento y difusión de las estadísticas, sondeos y encuestas relacionadas con el ejercicio de las funciones que corresponden a las entidades públicas estatales y municipales;

Contribuir a la rendición de cuentas de los poderes públicos entre sí, y a la promoción de manera permanente la cultura de la transparencia, el acceso a la información pública, el gobierno abierto, la rendición de cuentas, la participación ciudadana y comunitaria, la accesibilidad y la innovación tecnológica hacia los ciudadanos y la sociedad;

Regular la instrumentación del principio de máxima publicidad de los actos, normas, trámites, procedimientos y decisiones de los sujetos obligados e incentivar la participación ciudadana y comunitaria;

Contribuir al establecimiento y desarrollo del Estado social y democrático de derecho, a la promoción de la educación y cultura cívica democrática y al mejoramiento de la vida y convivencia social;

Propiciar la participación ciudadana en la toma de decisiones públicas a fin de contribuir a la consolidación de la democracia, y

Establecer los mecanismos para garantizar el cumplimiento y la efectiva aplicación de las medidas de apremio y las sanciones que correspondan.

Artículo 3. Para efectos de esta Ley se entiende por:

Ajustes Razonables, a las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida, cuando se requieran en un caso particular, para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones, de los derechos humanos;

Áreas, a las instancias que cuentan o puedan contar con la información. Tratándose del sector público, serán aquellas que estén previstas en el reglamento interior, estatuto orgánico respectivo o equivalentes;

Autoridades Auxiliares, a las autoridades auxiliares municipales nombradas por los Ayuntamientos, escuchando previamente la opinión de los ciudadanos;

Comisionado, a cada uno de los integrantes del Pleno del Instituto;

Comité de Transparencia: a la instancia a la que se hace referencia en el artículo 22 de la presente Ley;

Congreso, a la Asamblea depositaria del Poder Legislativo, en términos de lo dispuesto por el artículo 24 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos;

Entidad, a la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización del Congreso del Estado;

Datos abiertos, a los datos digitales de carácter público que son accesibles en línea que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado y que tienen las siguientes características:

Accesibles: Los datos están disponibles para la gama más amplia de usuarios, para cualquier propósito;

Integrales: Contienen el tema que describen a detalle y con los metadatos necesarios;

Gratuitos: Se obtienen sin entregar a cambio contraprestación alguna;

No discriminatorios: Los datos están disponibles para cualquier persona, sin necesidad de registro;

Oportunos: Son actualizados, periódicamente, conforme se generen;

Permanentes: Se conservan en el tiempo, para lo cual, las versiones históricas relevantes para uso público se mantendrán disponibles con identificadores adecuados al efecto;

Primarios: Provienen de la fuente de origen con el máximo nivel de desagregación posible;

Legibles por máquinas: Deberán estar estructurados, total o parcialmente, para ser procesados e interpretados por equipos electrónicos de manera automática;

En formatos abiertos: Los datos estarán disponibles con el conjunto de características técnicas y de presentación que corresponden a la estructura lógica usada para almacenar datos en un archivo digital, cuyas especificaciones técnicas están disponibles públicamente, que no suponen una dificultad de acceso y que su aplicación y reproducción no estén condicionadas a contraprestación alguna;

De libre uso: Citan la fuente de origen como único requerimiento para ser utilizados libremente.

Documento, a los expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas o bien, cualquier otro registro que haga constar el ejercicio de las facultades, funciones y competencias de los Sujetos Obligados, sus Servidores Públicos e integrantes, sin importar su fuente o fecha de elaboración. Los documentos podrán estar en cualquier medio, sea escrito, impreso, sonoro, visual, electrónico, informático u holográfico;

Expediente, a la unidad documental constituida por uno o varios documentos de archivo, ordenados y relacionados por un mismo asunto, actividad o trámite de los sujetos obligados;

Formatos Abiertos, al conjunto de características técnicas y de presentación de la información que corresponden a la estructura lógica usada para almacenar datos de forma integral y facilitan su procesamiento digital, cuyas especificaciones están disponibles públicamente y que permiten el acceso sin restricción de uso por parte de los usuarios;

Formatos Accesibles, a los que de cualquier manera o forma alternativa den acceso a los solicitantes de información, en forma tan viable y cómoda como la de las personas sin discapacidad ni otras dificultades para acceder a cualquier texto impreso o cualquier otro formato convencional en el que la información pueda encontrarse;

Gobierno Abierto, al espacio para la construcción de consensos entre sociedad e instituciones públicas para dar salida conjunta a los retos y desafíos de las democracias contemporáneas. La noción de Gobierno Abierto debe referir a una nueva forma de trabajo que permite incorporar los principios, políticas o acciones de transparencia, acceso a la información, participación ciudadana orientadas a lograr niveles de apertura y colaboración que permitan generar beneficios colectivos;

Información de interés público, a la que resulta relevante o beneficiosa para la sociedad y no simplemente de interés individual, cuya divulgación resulta útil para que el público comprenda las actividades que llevan a cabo los Sujetos Obligados;

Instituto, al Instituto Morelense de Información Pública y Estadística;

INAI, al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales;

Junta, a la Junta Política y de Gobierno, órgano político del Congreso;

Ley, a esta Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos;

Ley General, a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública;

Plataforma Electrónica, a la Plataforma Electrónica de Transparencia a que hace referencia el artículo 33 de la presente Ley;

Servidores Públicos, a los mencionados en el párrafo segundo del artículo 134 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Morelos;

Sistema Nacional, al Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales;

Sujetos Obligados, a cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos, fondos públicos y municipios, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el estado de Morelos;

Unidad de Transparencia, a la instancia a la que hace referencia en el artículo 26 de esta Ley;

Versión Pública, al documento o expediente en el que se da acceso a información eliminando u omitiendo las partes o secciones clasificadas;

Información Reservada, a aquella clasificada con carácter temporal como restringida al acceso del público, y

Información Confidencial, a la que contiene datos personales relativos a las características físicas, morales o emocionales, origen étnico o racial, domicilio, vida familiar, privada, íntima y afectiva, patrimonio, número telefónico, correo electrónico, ideología, opiniones políticas, preferencias sexuales y toda aquella información susceptible de ser tutelada por los derechos humanos a la privacidad, intimidad, honor y dignidad, que se encuentra en posesión de alguno de los Sujetos Obligados y sobre la que no puede realizarse ningún acto o hecho sin la autorización debida de los titulares o sus representantes legales.

Artículo 4. El derecho humano de acceso a la información comprende: solicitar, investigar, difundir, buscar y recibir información.

Toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los Sujetos Obligados se considera un bien público que debe estar a disposición de cualquier persona como titular de la misma, en los términos y condiciones que se establezcan en la presente Ley, en los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, la Ley General y la normativa aplicable; salvo aquella que por la afectación de los derechos de terceros y excepciones previstas en la presente Ley, deba resguardarse por su carácter reservado o confidencial.

Ninguna persona requiere acreditar interés jurídico ni legítimo o justificación alguna para ejercer el derecho humano de acceso a la información pública; tampoco será objeto de inquisición judicial o administrativa en su ejercicio, ni se podrá restringir este derecho por vías o medios directos e indirectos.

Artículo 5. No podrá clasificarse como reservada por motivo alguno aquella información prevista en el Título Quinto, Capítulos II y III de esta Ley, ni aquella información que esté relacionada con violaciones graves a derechos humanos, de conformidad con el marco jurídico nacional y los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.

Artículo 6. Los servidores públicos y toda persona que formule, produzca, procese, administre, archive y resguarde información pública es responsable de la misma y está obligado a permitir el ejercicio del derecho de acceso a la información pública en los términos de esta Ley.

Artículo 7. En la aplicación e interpretación de la presente Ley deberán prevalecer los principios de máxima publicidad y disponibilidad de la información, conforme a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, en la Ley General, en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, así como en las resoluciones, sentencias, determinaciones, decisiones, criterios y opiniones vinculantes, entre otros, que emitan los órganos internacionales especializados, privilegiando en todo momento la interpretación que más favorezca a los solicitantes.

Artículo 8. El ejercicio del derecho de acceso a la información es gratuito, y sólo podrá requerirse el cobro correspondiente a la modalidad de reproducción y entrega solicitada, así como los derechos relativos a la expedición de copias certificadas, conforme a la normativa aplicable, sin que lo anterior signifique que los Ajustes Razonables que en su caso se realicen para el acceso de la información de solicitantes con discapacidad, serán con costo a los mismos.

Las leyes que establezcan los costos de reproducción y certificación, para efectos de acceso a la información, deberán considerar en su determinación que los montos permitan o faciliten el ejercicio de este derecho.

El pago se realizará en cualquier oficina de la Secretaría de Hacienda del estado de Morelos, de las tesorerías municipales o en las instituciones financieras señaladas para tal efecto, y no podrá ser superior al costo de los materiales utilizados en la reproducción y al costo de envío, cuando corresponda, privilegiando el derecho humano de acceso a la información.

Cuando los Sujetos Obligados posean la información solicitada en medios electrónicos, deberán privilegiar el acceso gratuito a la misma. De estar de acuerdo el particular en que la entrega de la información se realice en el medio electrónico en el que se encuentra, se le enviará sin costo alguno, mediante correo electrónico o se le pondrá a su disposición la dirección electrónica completa del sitio donde se encuentra la información requerida, comunicándole los datos que le permitan acceder a la misma.

Artículo 9. Los Sujetos Obligados deberán documentar todos los actos y decisiones que deriven del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, considerando, desde su origen, la publicación y reutilización de la información.

Se presume que la información existe sí documenta las facultades o atribuciones que los ordenamientos jurídicos aplicables otorguen a los Sujetos Obligados.

Artículo 10. En caso de que los Sujetos Obligados no documenten sus actos y decisiones que deriven del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, deberán atender los requerimientos de acceso a la información que se les formulen explicando los mismos, o en su caso, demostrar que la información no se refiere a alguna de sus facultades, competencias o funciones.

En los casos en que ciertas facultades, competencias o funciones no se hayan ejercido, se debe motivar y fundamentar la respuesta en función de las disposiciones jurídicas normativas que prevean tal situación.

CAPÍTULO II

DE LOS PRINCIPIOS RECTORES

Artículo 11. El Instituto y los Sujetos Obligados por esta Ley, deberán regir su funcionamiento de acuerdo a los principios siguientes:

Consentimiento.- Toda manifestación de voluntad, libre, inequívoca, específica e informada, mediante la que el interesado consienta el tratamiento de los datos personales que le conciernen;

Gratuidad.- Relativo al no costo del ejercicio del derecho de acceso a la información;

Inmediatez.- Relativo a la celeridad con que se atiendan las solicitudes de información;

Máxima Publicidad.- Toda la información en posesión de los Sujetos Obligados será pública, completa, oportuna y accesible, situación que sólo podrá restringirse por las excepciones establecidas en la Ley, que deberán estar definidas y además ser estrictamente necesarias en una sociedad democrática;

Oportunidad.- Relativo a que la información pública que liberen los Sujetos Obligados sea pertinente, adecuada y entregada dentro de los plazos que marca la presente;

Sencillez.- Relativo a la disminución de las formalidades que deben tener los procedimientos para acceder a la información, las cuales deben ser mínimas y facilitar el acceso a la información pública;

Transparencia.- Relativo a hacer asequible a la población el ejercicio de la función pública a través de la difusión de información, facilitando su acceso y disposición;

Veracidad.- Cualidad o condición que debe tener la información debiendo ser auténtica, objetiva y comprobable, estrechamente vinculada con la buena fe y honestidad;

Disponibilidad.- Cualidad consistente en tener la información en los formatos accesibles para los peticionarios;

Imparcialidad.- Cualidad que se debe tener respecto a las actuaciones de ser ajenos o extraños a los intereses de las partes en controversia, y resolver con estricto apego a la Ley y sin favorecer indebidamente a ninguna de ellas;

Independencia.- Cualidad que se debe tener para actuar sin supeditarse a interés, autoridad o persona alguna;

Legalidad.- La obligación de ajustar las actuaciones a toda norma jurídica, obteniendo resoluciones debidamente fundadas y motivadas en las normas aplicables;

Objetividad.- Obligación de ajustar las (sic) actuación a los presupuestos de ley que deben ser aplicados al analizar el caso en concreto y resolver todos los hechos, prescindiendo de las consideraciones y criterios personales, y

Profesionalismo.- Todo Servidor Público deberá sujetar su actuación a conocimientos técnicos, teóricos y metodológicos que garanticen un desempeño eficiente y eficaz en el ejercicio de la función pública que tienen encomendada.

CAPÍTULO III

DE LOS SUJETOS OBLIGADOS

Artículo 12. Para el cumplimiento de esta Ley, los Sujetos Obligados deberán cumplir con las siguientes obligaciones, según corresponda, de acuerdo a su naturaleza:

Constituir el Comité de Transparencia, la Unidad de Transparencia y vigilar su correcto funcionamiento de acuerdo a su normatividad interna;

Designar en las Unidades de Transparencia a los titulares que dependan directamente del titular de los Sujetos Obligados y que preferentemente cuenten con experiencia en la materia;

Proporcionar capacitación continua y especializada al personal que forme parte de los Comités y Unidades de Transparencia;

Constituir y mantener actualizados sus sistemas de archivo y gestión documental, conforme a la normatividad aplicable;

Promover la generación, documentación y publicación de la información en Formatos Abiertos y Accesibles;

Proteger y resguardar la información clasificada como reservada o confidencial;

Reportar al Instituto sobre las acciones de implementación de la normativa en la materia, en los términos que se determine;

Atender los requerimientos, observaciones, recomendaciones y criterios que, en materia de transparencia y acceso a la información, realicen los Organismos Garantes y el Sistema Nacional;

Fomentar el uso de tecnologías de la información para garantizar la transparencia, el derecho de acceso a la información y la accesibilidad a las mismas;

Cumplir con las resoluciones emitidas por el Instituto;

Publicar y mantener actualizada la información relativa a las obligaciones de transparencia;

Difundir proactivamente información de interés público;

Dar atención a las recomendaciones del Instituto, y

Las demás que resulten de la normatividad aplicable.

TÍTULO SEGUNDO

DE LOS RESPONSABLES EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

CAPÍTULO I

DEL INSTITUTO MORELENSE DE INFORMACIÓN PÚBLICA Y ESTADÍSTICA

Artículo 13. El Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, es un Órgano Constitucional Autónomo de acuerdo con lo previsto en el artículo 23-A, de la Constitución Política del Estado de Morelos, especializado e imparcial. Por lo tanto, es una entidad pública con naturaleza jurídica, patrimonio propio, distinto e independiente de los Poderes Públicos del Estado, con lo (sic) cuales se encuentra en un plano de coordinación más no de subordinación y de los organismos y dependencias creadas por disposición legal.

Artículo 14. El Instituto se integrará por tres Comisionados, los cuales serán electos por mayoría calificada de los integrantes del Congreso, para lo cual se expedirá convocatoria pública en donde recibirán propuestas de la sociedad y de los propios participantes que deseen inscribirse.

Ante la Junta los participantes acreditarán los requisitos que prevean la Ley y la convocatoria; serán entrevistados todos los que cumplieron los requisitos y expondrán su proyecto de trabajo.

De entre ellos se elegirá a cada uno de los Comisionados.

Procurarán en su conformación privilegiar la experiencia en materia de acceso a la información pública y protección de datos personales, así como procurar la igualdad de género. La duración en el cargo será de siete años.

En los procedimientos para la selección de los Comisionados se deberá garantizar la transparencia, independencia y participación de la sociedad.

Los Comisionados designados elegirán al Comisionado Presidente el cual durará en su encargo dos años, pudiendo ser reelecto por un periodo más.

Artículo 15. Los Comisionados sólo podrán ser removidos de su cargo en los términos del Título Séptimo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos y serán sujetos de Juicio político.

Artículo 16. El cargo de Comisionado es incompatible con cualquier otra responsabilidad pública y privada, con excepción de la docencia y la investigación académica sin remuneración económica alguna.

Los Comisionados podrán solicitar al Pleno autorización para ausentarse, con el propósito de realizar actividades propias de su encargo al interior de la República Mexicana o en el extranjero. Dicho permiso no rebasará de treinta días hábiles.

Artículo 17. El Instituto tendrá la estructura administrativa necesaria para la gestión y el desempeño de sus atribuciones.

Artículo 18. Para ser Comisionado se requiere:

Ser ciudadano mexicano, preferentemente morelense, en los términos de la Constitución;

Tener treinta años de edad cumplidos el día de su designación;

No haber sido Secretario de Despacho, Fiscal General del Estado, Fiscal Especializado en la Investigación de Hechos de Corrupción, Senador, Diputado Federal, Auditor General de la Entidad, Integrante de un Ayuntamiento, dirigente de partido o asociación política, durante el año previo al día de su nombramiento. Para el caso de Diputado Local, el impedimento alcanza los tres años previos al día de su designación;

No haber sido ministro de culto religioso cuando menos dos años antes de su designación;

No haber sido sentenciado por delito doloso que merezca pena privativa de la libertad, y

Contar con título y cédula profesional de grado universitario a nivel licenciatura en cualquier campo del conocimiento.

Artículo 19. El Instituto funcionará de forma colegiada en reunión de pleno, en los términos que señale su reglamento; todas sus acciones, deliberaciones y resoluciones tendrán el carácter de públicas y le corresponden las siguientes atribuciones:

Aplicar las disposiciones de la presente Ley;

Recibir, dar trámite y resolver los recursos que interpongan las personas que hubiesen solicitado información a los Sujetos Obligados;

Orientar y auxiliar a las personas para ejercer los derechos tutelados en la presente Ley;

Imponer las medidas de apremio para asegurar el cumplimiento de sus determinaciones;

Presentar petición fundada al INAI para que conozca de los recursos de revisión que por su interés y trascendencia así lo ameriten;

Promover la cultura de la transparencia en el sistema educativo;

Capacitar a los servidores públicos y brindar apoyo técnico a los Sujetos Obligados en materia de transparencia y acceso a la información;

Establecer políticas de transparencia proactiva atendiendo a las condiciones económicas, sociales y culturales;

Suscribir convenios con los Sujetos Obligados que propicien la publicación de información en el marco de las políticas de transparencia proactiva;

Suscribir convenios de colaboración con particulares o sectores de la sociedad cuando sus actividades o productos resulten de interés público o relevancia social;

Suscribir convenios de colaboración con otros organismos garantes para el cumplimiento de sus atribuciones y promover mejores prácticas en la materia;

Coordinarse con las autoridades competentes para que, en los procedimientos de acceso a la información, así como en los medios de impugnación, se contemple contar con la información necesaria en lenguas indígenas y formatos accesibles, para que sean sustanciados y atendidos en la misma lengua y, en su caso, se promuevan los Ajustes Razonables necesarios si se tratara de personas con discapacidad;

Garantizar condiciones de accesibilidad para que los grupos vulnerables puedan ejercer, en igualdad de circunstancias, su derecho de acceso a la información;

Según corresponda, interponer acciones de inconstitucionalidad en contra de la expedición de leyes que vulneren el derecho al acceso a la información pública y la protección de datos personales;

Elaborar y publicar estudios e investigaciones para difundir y ampliar el conocimiento sobre la materia de acceso a la información;

Hacer del conocimiento de la instancia competente la probable responsabilidad por el incumplimiento de las obligaciones previstas en la presente Ley y en las demás disposiciones aplicables;

Determinar y ejecutar, según corresponda, las sanciones de conformidad con lo señalado en la presente Ley;

Promover la participación y colaboración con organismos internacionales, en el análisis y mejores prácticas en materia de acceso a la información pública;

En el ejercicio de sus atribuciones y para el cumplimiento de los objetivos de la presente Ley, fomentar los principios de gobierno abierto, la transparencia, la rendición de cuentas, la participación ciudadana, la accesibilidad y la innovación tecnológica;

(SIC). Emitir recomendaciones a los Sujetos Obligados para diseñar, implementar y evaluar acciones de apertura gubernamental que permitan orientar las políticas internas en la materia;

Formar parte del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales;

Designar a los consejeros que conformaran al Consejo Consultivo, en los términos de la presente Ley;

Analizar y resolver respecto de la clasificación tratándose de los expedientes considerados como crímenes de lesa humanidad o de violaciones graves de derechos humanos, únicamente para los efectos del acceso al derecho a la información, y

Las demás que les confieran esta Ley y otras disposiciones aplicables.

Artículo 20. El Comisionado Presidente del Instituto, tendrá a su cargo el trabajo administrativo del mismo y ejercerá además las siguientes atribuciones:

Tener la representación legal del Instituto;

Remitir oportunamente al Titular del Poder Ejecutivo, el anteproyecto de presupuesto de egresos del Instituto, una vez aprobado por el Pleno;

Vigilar el ejercicio del presupuesto de egresos asignado al Instituto y presentar al Pleno un informe trimestral de los ingresos y egresos del mismo, que deberá contener la información del gasto programado y ejercido por cada una de las partidas autorizadas;

Suscribir, junto con el Secretario Ejecutivo, los convenios que sean necesarios con el INAI y otras autoridades de cualquier orden de gobierno, que se requieran para cumplimiento de las atribuciones del Instituto, previa autorización del Pleno;

Vigilar y requerir el cumplimiento de lo previsto en el Título Cuarto, Capítulos II y III de esta Ley;

Elaborar los formatos utilizados para el ejercicio del derecho de acceso a la información y la acción de habeas data;

Promover la capacitación, actualización y habilitación de los servidores públicos responsables de atender las solicitudes de acceso a la información, de la acción de habeas data, de archivo y sistematización;

Elaborar guías que expliquen de manera sencilla los procedimientos y trámites que de acuerdo con la presente Ley tengan que realizarse ante las entidades y el Instituto;

Promover que en los programas, planes, libros y materiales que se utilicen en las instituciones educativas de todos los niveles y modalidades se incluyan contenidos y referencias a los derechos tutelados en la presente Ley;

Garantizar el desarrollo de las sesiones del Pleno;

Vigilar el cumplimiento de los acuerdos adoptados por el Pleno;

Representar al Instituto dentro del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales;

Formar parte del Sistema Estatal Anticorrupción, y

Las demás que señale este ordenamiento o el Pleno.

Artículo 21. Los servidores públicos que integran el Instituto, se sujetarán al régimen de responsabilidades previsto en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos y la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Las relaciones de todas las personas que laboren en el Instituto se regirán por la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos.

CAPÍTULO II

DE LOS COMITÉS DE TRANSPARENCIA

Artículo 22. En cada Sujeto Obligado se integrará un Comité de Transparencia, integrado por un número impar, conformado por:

El titular de la entidad pública, que tendrá en (sic) carácter de Presidente;

Un coordinador del Comité que será designado por el titular de la entidad pública de entre los servidores públicos adscritos, con nivel de jerarquía mínimo de Jefatura de Departamento o equivalente;

Un secretario técnico que será designado por el titular de la entidad pública;

El Titular de la Unidad de Transparencia, y

El titular de la contraloría interna u órgano de control interno.

El Comité de Transparencia adoptará sus resoluciones por mayoría de votos. En caso de empate, el Presidente tendrá voto de calidad. A sus sesiones podrán asistir como invitados aquellos que sus integrantes consideren necesarios, quienes tendrán voz, pero no voto.

Se procurará que los integrantes del Comité de Transparencia no dependan jerárquicamente entre sí, tampoco podrán reunirse dos o más de estos integrantes en una sola persona. Cuando se presente el caso, el titular de los Sujetos Obligados tendrá que nombrar a la persona que supla al subordinado.

Los integrantes del Comité de Transparencia tendrán acceso a la información para determinar su clasificación conforme a la Ley.

Artículo 23. Cada Comité de Transparencia tendrá las siguientes funciones:

Instituir, coordinar y supervisar, en términos de las disposiciones aplicables, las acciones y los procedimientos para asegurar la mayor eficacia en la gestión de las solicitudes en materia de acceso a la información;

Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que, en materia de ampliación del plazo de respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistencia o de incompetencia realicen los titulares de las Áreas de los Sujetos Obligados;

Ordenar, en su caso, a las Áreas competentes que generen la información que derivado de sus facultades, competencias y funciones deban tener en posesión, o que previa acreditación de la imposibilidad de su generación, exponga, de forma fundada y motivada, las razones por las cuales en el caso particular no ejercieron dichas facultades, competencias o funciones;

Establecer políticas para facilitar la obtención de información y el ejercicio del derecho de acceso a la información;

Promover la capacitación y actualización de los servidores públicos o integrantes adscritos a cada Unidad de Transparencia;

Establecer programas de capacitación en materia de transparencia, acceso a la información, accesibilidad y protección de datos personales, para todos los servidores públicos o integrantes de los Sujetos Obligados;

Recabar los datos necesarios para la elaboración del informe anual y enviarlo al Instituto, de conformidad con los lineamientos establecidos por éste;

Solicitar y autorizar la ampliación del plazo de reserva de la información, a que se refiere el artículo 77 de la presente Ley, siempre y cuando el Instituto avale la aplicación del plazo referido, y

Las demás que se desprendan de la normatividad aplicable.

Artículo 24. Cuando la información no se encuentre en los archivos de los Sujetos Obligados, el Comité de Transparencia:

Analizará el caso y tomará las medidas necesarias para localizar la información;

Expedirá una resolución que confirme la inexistencia del Documento;

Ordenará, siempre que sea materialmente posible, que se genere o se reponga la información en caso de que ésta tuviera que existir en la medida que deriva del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, o que previa acreditación de la imposibilidad de su generación, exponga de forma fundada y motivada, las razones por las cuales en el caso particular no ejerció dichas facultades, competencias o funciones, lo cual notificará al solicitante a través de la Unidad de Transparencia, y

Notificará al órgano interno de control o equivalente de los Sujetos Obligados quien, en su caso, deberá iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa que corresponda.

Artículo 25. La resolución del Comité de Transparencia que confirme la inexistencia de la información solicitada contendrá los elementos mínimos que permitan al solicitante tener la certeza de que se utilizó un criterio de búsqueda exhaustivo, además de señalar las circunstancias de tiempo, modo y lugar que generaron la inexistencia en cuestión, y señalará al servidor público responsable de contar con la misma.

CAPÍTULO III

DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA

Artículo 26. Los titulares de los Sujetos Obligados mediante acuerdo que deberá publicarse en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", establecerán una Unidad de Transparencia, procurando que quien funja como responsable tenga conocimiento de la materia; preferentemente se encontrará certificado en los estándares de competencia.

El Instituto promoverá la profesionalización, capacitación y certificación a cada uno de los titulares de las Unidades de Transparencia; para tal efecto celebrará los convenios necesarios con las instituciones especializadas para cumplir lo previsto en el presente artículo.

La Unidad de Transparencia contará con el presupuesto, personal, apoyo técnico e instalaciones necesarias para realizar las funciones que señala la presente Ley.

Los Sujetos Obligados promoverán acuerdos con instituciones públicas especializadas que pudieran auxiliarles a entregar las repuestas (sic) a solicitudes de información, en la lengua indígena, braille o cualquier formato accesible correspondiente, en forma más eficiente.

Artículo 27. La Unidad de Transparencia tendrá las siguientes funciones:

Recabar y difundir la información a que se refiere los Capítulos II y III del Título Quinto de esta Ley, y propiciar que las Áreas la actualicen periódicamente conforme la normatividad aplicable;

Recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la información;

Auxiliar a los particulares en la elaboración de solicitudes de acceso a la información y, en su caso, orientarlos sobre los Sujetos Obligados competentes conforme a la normativa aplicable;

Realizar los trámites internos necesarios para la atención de las solicitudes de acceso a la información;

Efectuar las notificaciones a los solicitantes;

Proponer al Comité de Transparencia los procedimientos internos que aseguren la mayor eficiencia en la gestión de las solicitudes de acceso a la información conforme a la normatividad aplicable;

Llevar un registro de las solicitudes de acceso a la información, respuestas, resultados, costos de reproducción y envío;

Promover e implementar políticas de transparencia proactiva procurando su accesibilidad;

Fomentar la transparencia y accesibilidad al interior de los Sujetos Obligados;

Administrar, sistematizar, archivar y resguardar la información clasificada como reservada y confidencial en coordinación con las dependencias y Áreas correspondientes, y

Las necesarias para facilitar el ejercicio del derecho de acceso a la información y la protección general de datos personales de acuerdo con los principios y preceptos establecidos en la presente Ley y demás normativa aplicable.

Artículo 28. Los Sujetos Obligados pondrán a disposición de las personas interesadas equipos de cómputo con acceso a la Internet, que permitan a los particulares consultar la información o utilizar el sistema de solicitudes de acceso a la información en las oficinas de la Unidad de Transparencia. Lo anterior, sin perjuicio de que adicionalmente se utilicen medios alternativos de difusión de la información, cuando en determinadas poblaciones éstos resulten de más fácil acceso y comprensión.

Artículo 29. Cuando alguna Área de los Sujetos Obligados se negare a colaborar con la Unidad de Transparencia, ésta dará aviso al superior jerárquico para que le ordene realizar sin demora las acciones conducentes.

Cuando persista la negativa de colaboración, la Unidad de Transparencia lo hará del conocimiento de la autoridad competente para que se inicie, en su caso, el procedimiento de responsabilidad respectivo.

CAPÍTULO IV

DEL CONSEJO CONSULTIVO

Artículo 30. El Instituto contará con un Consejo Consultivo que se integrará por tres Consejeros honoríficos, mismos que serán designados por el Pleno del Consejo de dicho Instituto, mediante convocatoria que deberá publicarse en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” y durarán en sus cargos tres años, siempre que reúnan los requisitos siguientes:

Ser ciudadano mexicano, preferentemente morelense en los términos de la Constitución;

Tener treinta y cinco años cumplidos el día de su designación;

No haber sido Secretario de Despacho, Fiscal General del Estado, Fiscal Especializado en la Investigación de Hechos de Corrupción, Senador, Diputado Federal o Local, Auditor General de la Entidad, Consejero del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, integrante de algún Ayuntamiento, ni dirigente de algún partido o asociación política;

No haber sido ministro de culto religioso cuando menos dos años antes de su designación;

No haber sido sentenciado por delito doloso que merezca pena privativa de libertad;

Contar con título y cédula profesional de grado universitario de licenciatura en cualquier campo del conocimiento, y

Contar con conocimientos en materia de trasparencia, derecho de acceso a la información, archivos y protección de datos personales, acreditados por una institución educativa o con su experiencia laboral.

Artículo 31. El Consejo Consultivo contará con las siguientes facultades:

Opinar sobre el Programa Anual de Trabajo y su cumplimiento;

Opinar sobre el proyecto de presupuesto para el ejercicio del año siguiente;

Conocer el informe del Instituto sobre el presupuesto asignado a programas y el ejercicio presupuestal y emitir las observaciones correspondientes;

Emitir opiniones no vinculantes, a petición del Instituto o por iniciativa propia, sobre temas relevantes en las materias de transparencia, acceso a la información, accesibilidad y protección de datos personales;

Emitir opiniones técnicas para la mejora continua en el ejercicio de las funciones sustantivas del Instituto;

Opinar sobre la adopción de criterios generales en materia sustantiva, y

Analizar y proponer la ejecución de programas, proyectos y acciones relacionadas con las materias de transparencia, acceso a la información y su accesibilidad.

TÍTULO TERCERO

DE LA PARTICIPACIÓN DEL INSTITUTO EN EL SISTEMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA Y DE LA PLATAFORMA ELECTRÓNICA

CAPÍTULO I

DE LA PARTICIPACIÓN DEL INSTITUTO EN EL SISTEMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA

Artículo 32. El Instituto será parte del Sistema Nacional de Transparencia, a través de los integrantes del Pleno, conforme a las atribuciones establecidas en la normativa aplicable.

El Presidente del Instituto formará parte del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia llevando en todo momento la representación del Pleno del mismo (sic) en la toma de decisiones al interior del Consejo, y de conformidad con lo que señala la Ley General y demás normativa aplicable.

CAPÍTULO II

DE LA PLATAFORMA ELECTRÓNICA DE TRANSPARENCIA

Artículo 33. El Instituto desarrollará, administrará e implementará y pondrá en funcionamiento la Plataforma Electrónica que permita cumplir con los procedimientos, obligaciones y disposiciones señaladas en la presente Ley para los Sujetos Obligados, los cuales deberán incorporarse a la misma de conformidad con la presente, la Ley General y demás normativa aplicable, ponderando en todo momento las necesidades de accesibilidad de los usuarios.

Sin menoscabo de lo establecido en el artículo anterior, los procedimientos tendientes a garantizar el Derecho Humano de Acceso a la Información realizados por los Sujetos Obligados y el Instituto, se incorporarán a la Plataforma Nacional.

Artículo 34. El Instituto promoverá la publicación de la información en Datos abiertos.

TÍTULO CUARTO

DE LA CULTURA DE TRANSPARENCIA Y APERTURA GUBERNAMENTAL

CAPÍTULO I

DE LA PROMOCIÓN DE LA TRANSPARENCIA Y EL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN

Artículo 35. Los Sujetos Obligados deberán cooperar con el Instituto para capacitar y actualizar, de forma permanente, a todos sus servidores públicos en materia del derecho de acceso a la información, a través de los medios que se consideren pertinentes.

Con el objeto de crear una cultura de la transparencia y acceso a la información entre los habitantes del estado de Morelos, el Instituto deberá promover, en colaboración con instituciones educativas y culturales de los sectores público o privado, actividades, mesas de trabajo, exposiciones y concursos relativos a la transparencia y acceso a la información.

Artículo 36. El Instituto, en el ámbito de su respectiva competencia o a través de los mecanismos de coordinación que al efecto establezca, podrá:

Proponer a las autoridades educativas competentes que incluyan contenidos sobre la importancia social del derecho de acceso a la información en los planes y programas de estudio de educación preescolar, primaria, secundaria y normal, así como para la formación de maestros de educación básica en sus respectivas jurisdicciones;

Promover entre las instituciones públicas y privadas de educación media superior y superior, la inclusión, dentro de sus programas de estudio, actividades académicas curriculares y extracurriculares, de temas que ponderen la importancia social del derecho de acceso a la información y rendición de cuentas;

Promover que en las bibliotecas y entidades especializadas en materia de archivos se prevea la instalación de módulos de información pública, que faciliten el ejercicio del derecho de acceso a la información y la consulta de la información derivada de las obligaciones de transparencia a que se refiere esta Ley;

Proponer entre las instituciones públicas y privadas de educación superior, la creación de centros de investigación, difusión y docencia sobre transparencia, derecho de acceso a la información y rendición de cuentas;

Establecer entre las instituciones públicas de educación, acuerdos para la elaboración y publicación de materiales que fomenten la cultura del derecho de acceso a la información y rendición de cuentas;

Promover, en coordinación con autoridades federales, estatales y municipales, la participación ciudadana y de organizaciones sociales en talleres, seminarios y actividades que tengan por objeto la difusión de los temas de transparencia y derecho de acceso a la información;

Desarrollar programas de formación de usuarios de este derecho para incrementar su ejercicio y aprovechamiento, privilegiando a integrantes de sectores vulnerables o marginados de la población;

Impulsar estrategias que pongan al alcance de los diversos sectores de la sociedad los medios para el ejercicio del derecho de acceso a la información, acordes a su contexto sociocultural, y

Desarrollar, con el concurso de centros comunitarios digitales y bibliotecas públicas, universitarias, gubernamentales y especializadas, programas para la asesoría y orientación de sus usuarios en el ejercicio y aprovechamiento del derecho de acceso a la información.

Artículo 37. Para el cumplimiento de las obligaciones previstas en la presente Ley, los Sujetos Obligados podrán desarrollar o adoptar, en lo individual o en acuerdo con otros, esquemas de mejores prácticas que tengan por objeto:

Elevar el nivel de cumplimiento de las disposiciones previstas en la presente Ley;

Armonizar el acceso a la información por sectores;

Facilitar el ejercicio del derecho de acceso a la información a las personas, y

Procurar la accesibilidad de la información.

CAPÍTULO II

DE LA TRANSPARENCIA PROACTIVA

Artículo 38. El Instituto emitirá políticas de transparencia proactiva, en atención a los lineamientos generales definidos para ello por el Sistema Nacional, diseñadas para incentivar a los Sujetos Obligados a publicar información adicional a la que establece como mínimo la presente Ley. Dichas políticas tendrán por objeto, entre otros, promover la reutilización de la información que generan los Sujetos Obligados, considerando la demanda de la sociedad, identificada con base en las metodologías previamente establecidas.

Con el fin de alentar las buenas prácticas de transparencia, la competitividad del Estado y garantizar los derechos humanos, el Instituto promoverá que las personas físicas o morales, que en el ejercicio de sus funciones o actividades empresariales realicen tareas de interés público, colectivo o de medio ambiente informen, mediante página electrónica, lo relacionado con ello, entregando la constancia correspondiente.

Artículo 39. La información publicada por los Sujetos Obligados, en el marco de la política de transparencia proactiva, se difundirá en los medios y formatos que más convengan al público al que va dirigida.

Artículo 40. La información que se publique, como resultado de las políticas de transparencia, deberá permitir la generación de conocimiento público útil, para disminuir asimetrías de la información, mejorar los accesos a trámites y servicios, optimizar la toma de decisiones de autoridades o ciudadanos y deberá tener un objeto claro enfocado en las necesidades de sectores de la sociedad determinados o determinables.

CAPÍTULO III

DEL GOBIERNO ABIERTO Y PARTICIPACIÓN SOCIAL

Artículo 41. El Instituto, en el ámbito de sus atribuciones, coadyuvará con los Sujetos Obligados y representantes de la sociedad civil en la implementación de mecanismos de colaboración para la promoción de la apertura gubernamental.

Promoverá espacios de comunicación, participación social, centros de investigación, difusión, capacitación y, en su caso, docencia sobre principios de gobierno abierto y transparencia proactiva, que estimulen el intercambio de ideas entre la sociedad, los órganos de representación ciudadana y los Sujetos Obligados.

Los Sujetos Obligados impulsarán canales de comunicación con la sociedad, a través de las redes sociales y plataformas digitales que les permitan participar en la toma de decisiones.

Artículo 42. El Instituto gestionará y promoverá permanentemente ejercicios democráticos y participativos en la temática de gobierno abierto por parte de los Sujetos Obligados hacia la sociedad civil y consolidará acciones para difundir y validar aquellas mejores prácticas de participación comunitaria y mecanismos de apertura gubernamental, a través de la elaboración de un Plan de Acción Local que será desarrollado por un Secretariado Técnico Local.

Artículo 43. El Instituto promoverá de manera anual la implementación del Plan de Acción Local en el Estado, el cual se desarrollará a partir de la participación colaborativa de los diversos Sujetos Obligados por esta Ley y tendrá como objeto ser el documento rector que contenga los compromisos de gobierno abierto de la Entidad, que permitan solucionar problemas o atender demandas específicas de la sociedad, en coparticipación con la misma.

Artículo 44. En el procedimiento de creación del Plan de Acción Local deberán observarse los principios de justicia, igualdad, equidad, imparcialidad y bien común.

El proceso para la elaboración del Plan de Acción Local será establecido en el reglamento respectivo.

Artículo 45. La implementación del Plan de Acción Local se llevará a cabo por el grupo colegiado denominado Secretariado Técnico Local, cuya integración será promovida por el Instituto de entre los Sujetos Obligados, así como por la representación de la sociedad civil, mediante convocatoria respectiva conforme a lo señalado en el reglamento establecido en el artículo anterior.

El Secretariado Técnico Local velará en todo momento por el cumplimiento de los objetivos de gobierno abierto en el estado de Morelos.

TÍTULO QUINTO

DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA

CAPÍTULO I

DE LAS DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 46. Los Sujetos Obligados deberán poner a disposición de los particulares la información prevista en este Título en los sitios de internet correspondientes, conforme al artículo 51 de la presente Ley y de acuerdo a lo señalado en el artículo 60 de la Ley General, previendo que sea de fácil acceso, uso y comprensión del público y de manera focalizada a personas que hablen alguna lengua indígena, además deberá responder a criterios de veracidad, confiabilidad y oportunidad, en términos de los lineamientos técnicos que se emitan al respecto.

Artículo 47. La información correspondiente a las obligaciones de transparencia deberá actualizarse por lo menos cada mes, deberá tener soporte material y escrito.

La publicación de la información indicará los Sujetos Obligados encargados de generarla, así como la fecha de su última actualización.

La página de inicio de los portales de internet de los Sujetos Obligados tendrá un vínculo de acceso directo al sitio donde se encuentra la información pública a la que se refiere este Título, el cual deberá contar con un buscador.

La información de obligaciones de transparencia deberá publicarse con perspectiva de género y discapacidad, cuando así corresponda a su naturaleza.

Artículo 48. El Instituto y los Sujetos Obligados establecerán las medidas que faciliten el acceso y búsqueda de la información para personas con discapacidad y se procurará que la información publicada sea accesible de manera focalizada a personas que hablen alguna lengua indígena.

Por lo que, por sí mismos o a través del Sistema Nacional, deberán promover y desarrollar de forma progresiva, políticas y programas tendientes a garantizar la accesibilidad de la información en la máxima medida posible.

Se promoverá la homogeneidad y la estandarización de la información, a través de la emisión de lineamientos y formatos por parte del Sistema Nacional.

Artículo 49. Los Sujetos Obligados serán responsables de los datos personales y, en relación con éstos, deberán:

Adoptar los procedimientos adecuados para recibir y responder las solicitudes de acceso, rectificación, corrección y oposición al tratamiento de datos, en los casos que sea procedente, así como capacitar a los Servidores Públicos y dar a conocer información sobre sus políticas en relación con la protección de tales datos, de conformidad con la normativa aplicable;

Tratar datos personales sólo cuando éstos sean adecuados, pertinentes y no excesivos en relación con los propósitos para los cuales se hayan obtenido o dicho tratamiento se haga en ejercicio de las atribuciones conferidas por ley;

Poner a disposición de los individuos, a partir del momento en el cual se recaben datos personales, el documento en el que se establezcan los propósitos para su tratamiento, en términos de la normatividad aplicable, excepto en casos en que el tratamiento de los datos se haga en ejercicio de las atribuciones conferidas por ley;

Procurar que los datos personales sean exactos y actualizados;

Sustituir, rectificar o completar, de oficio, los datos personales que fueren inexactos, ya sea total o parcialmente, o incompletos, en el momento en que tengan conocimiento de esta situación, y

Adoptar las medidas necesarias que garanticen la seguridad de los datos personales y eviten su alteración, pérdida, transmisión y acceso no autorizado.

Los Sujetos Obligados no podrán difundir, distribuir o comercializar los datos personales contenidos en los sistemas de información, desarrollados en el ejercicio de sus funciones, salvo que haya mediado el consentimiento expreso, por escrito o por un medio de autenticación similar, de los individuos a que haga referencia la información de acuerdo a la normativa aplicable. Lo anterior sin perjuicio a lo establecido por el artículo 168 de esta Ley.

Artículo 50. Los particulares, sin perjuicio de que sean considerados Sujetos Obligados en términos de la presente Ley, serán responsables de los datos personales de conformidad con la normativa aplicable para la protección de datos personales en posesión de los particulares.

CAPÍTULO II

DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA COMUNES

Artículo 51. Los Sujetos Obligados pondrán a disposición del público en la Plataforma Electrónica las obligaciones de transparencia, debiendo difundir y actualizar en los respectivos medios electrónicos, además de la que de manera específica se señala en este Capítulo, sin que medie ninguna solicitud al respecto, la siguiente información:

El marco normativo aplicable a los Sujetos Obligados, en el que deberán incluirse Leyes, Códigos, Reglamentos, Decretos de creación, Acuerdos, Circulares, Periódico Oficial, Manuales Administrativos, Reglas de Operación, Criterios, Políticas y demás disposiciones administrativas que le dan sustento legal al ejercicio de sus funciones públicas;

Su estructura orgánica completa, en un formato que permita vincular cada parte de la estructura, las atribuciones y responsabilidades que le corresponden a cada servidor público, prestador de servicios profesionales o miembro de los Sujetos Obligados;

Facultades de cada dependencia y Unidad Administrativa;

Las metas y objetivos de las Áreas de conformidad con sus programas operativos;

Los indicadores relacionados con temas de interés público o trascendencia social que conforme a sus funciones deban establecer;

Los indicadores que permitan rendir cuenta de sus objetivos y resultados;

El directorio de todos los Servidores Públicos, a partir del nivel de jefe de departamento o su equivalente, o de menor nivel, cuando se brinde atención al público; manejen o apliquen recursos públicos; realicen actos de autoridad, o presten servicios profesionales bajo el régimen de confianza u honorarios y personal de base. El directorio deberá incluir al menos el nombre, cargo o nombramiento asignado, nivel del puesto en la estructura orgánica, fecha de alta en el cargo, número telefónico, domicilio para recibir correspondencia y dirección de correo electrónico oficiales; fotografía actualizada; en este caso no se podrá apelar al derecho de protección de datos personales;

La remuneración bruta y neta de todos los Servidores Públicos de base o de confianza, de todas las percepciones, incluyendo nombre propio, sueldos, prestaciones, gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos, estímulos, ingresos y sistemas de compensación, señalando la periodicidad de dicha remuneración;

Los gastos de representación y viáticos, así como el objeto e informe de comisión correspondiente;

El número total de las plazas y del personal de base y confianza, especificando el total de las vacantes por nivel de puesto para cada Unidad Administrativa;

Las contrataciones de servicios profesionales por honorarios, señalando los nombres de los prestadores de servicios, los servicios contratados, el monto de los honorarios y el periodo de contratación;

La información en Versión Pública de la declaración de intereses y de situación patrimonial, de los Servidores Públicos que, de acuerdo a la Constitución Estatal, Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, y demás normativa aplicable;

Información acerca de los sistemas, procesos, oficinas, ubicación, teléfonos, horario de atención, página electrónica, costos y responsables de atender las solicitudes de acceso a la información, así como las solicitudes recibidas y las respuestas dadas por los servidores públicos;

Las convocatorias a concursos para ocupar cargos públicos y los resultados de los mismos;

La información de los programas de subsidios, estímulos y apoyos, en el que se deberá informar respecto de los programas de transferencia, de servicios, de infraestructura social y de subsidio, en los que se deberá contener lo siguiente:

Área;

Denominación del programa;

Periodo de vigencia;

Diseño, objetivos y alcances;

Metas físicas;

Población beneficiada estimada;

Monto aprobado, modificado y ejercido, así como los calendarios de su programación presupuestal;

Requisitos y procedimientos de acceso;

Procedimiento de queja o inconformidad ciudadana;

Mecanismos de exigibilidad;

Mecanismos de evaluación, informes de evaluación y seguimiento de recomendaciones;

Indicadores con nombre, definición, método de cálculo, unidad de medida, dimensión, frecuencia de medición, nombre de las bases de datos utilizadas para su cálculo;

Formas de participación social;

Articulación con otros programas sociales;

Vínculo a las reglas de operación o Documento equivalente;

Informes periódicos sobre la ejecución y resultados de las evaluaciones realizadas, y

Padrón de beneficiarios mismo que deberá contener los siguientes datos: nombre de la persona física o denominación social de las personas morales beneficiarias, el monto, recurso, beneficio o apoyo otorgado para cada una de ellas, unidad territorial, en su caso edad y sexo;

Contratos, Convenios y Condiciones Generales de Trabajo Que regulen las relaciones laborales del personal sindicalizado y de confianza que se encuentre adscrito a las entidades públicas estatales y municipales; así como la relación del personal sindicalizado, los montos que, por concepto de cuotas sindicales, prestaciones económicas o en especie se hayan entregado a los sindicatos, los nombres de quienes los reciben y de quienes son responsables de ejercerlos;

La información curricular desde el nivel de jefe de departamento o equivalente hasta el titular del sujeto obligado, así como, en su caso, las sanciones administrativas de que haya sido objeto;

El listado de servidores públicos con sanciones administrativas definitivas, especificando la causa de sanción y la disposición;

Información sobre la ejecución del presupuesto aprobado para el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, los órganos constitucionales, los órganos legales y todas las entidades públicas previstas en la presente Ley, que deberá actualizarse trimestralmente;

Información sobre la situación económica, y endeudamiento de las entidades públicas;

Informes y cuentas públicas que por disposición legal deben entregar las entidades públicas estatales y municipales al Poder Legislativo, que los difundirá a más tardar quince días hábiles después de que hubiesen concluido los procedimientos de evaluación, dictamen y aprobación por el Pleno del Congreso;

Informe de avances programáticos o presupuestales, balances generales y el resultado del dictamen de los estados financieros de las entidades públicas estatales y municipales;

Los montos destinados a gastos relativos a comunicación social y publicidad oficial desglosada por tipo de medio, proveedores, número de contrato y concepto o campaña;

Información contenida en los documentos y expedientes relativos a todo tipo de auditorías concluidas y realizadas para evaluar el ejercicio presupuestal y la gestión de cada dependencia o unidad administrativa del estado y los municipios, que realicen la Secretaría de la Contraloría del Estado, las contralorías internas, la Entidad o las equivalentes de cualquiera de todas las anteriores, así como las aclaraciones que correspondan;

Las convocatorias, montos, criterios y listado de personas físicas o morales a quienes, por cualquier motivo, se les asigne o permita usar recursos públicos o, en los términos de las disposiciones aplicables, realicen actos de autoridad. Asimismo, los informes que dichas personas les entreguen sobre el uso y destino de dichos recursos;

Las concesiones, contratos, convenios, permisos, licencias o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquéllos, debiendo publicarse su objeto, nombre o razón social del titular, vigencia, tipo, términos, condiciones, monto y modificaciones, así como si el procedimiento involucra el aprovechamiento de bienes, servicios y/o recursos públicos;

La información sobre los resultados sobre procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza, incluyendo la Versión Pública del expediente respectivo y de los contratos celebrados, que deberá contener por lo menos lo siguiente:

De licitaciones públicas o procedimientos de invitación restringida:

La convocatoria o invitación emitida, así como fundamentos legales aplicados para llevarla a cabo;

Los nombres de los participantes o invitados;

El nombre del ganador y las razones que lo justifican;

El Área solicitante y la responsable de su ejecución;

Las convocatorias e invitaciones emitidas;

Los dictámenes y fallo de adjudicación;

El contrato y, en su caso, sus anexos;

Los mecanismos de vigilancia y supervisión, incluyendo, en su caso, los estudios de impacto urbano y ambiental, según corresponda;

La partida presupuestal de conformidad con el clasificador por objeto del gasto, en el caso de ser aplicable;

Origen de los recursos especificando si son federales, estatales o municipales, así como el tipo de fondo de participación o aportación respectiva;

Los convenios modificatorios que, en su caso, sean firmados, precisando el objeto y la fecha de celebración;

Los informes de avance físico y financiero sobre las obras o servicios contratados;

El convenio de terminación, y

El finiquito;

De las adjudicaciones directas:

La propuesta enviada por el participante;

Los motivos y fundamentos legales aplicados para llevarla a cabo;

La autorización del ejercicio de la opción;

En su caso, las cotizaciones consideradas, especificando los nombres de los proveedores y los montos;

El nombre de la persona física o moral adjudicada;

La Unidad Administrativa solicitante y la responsable de su ejecución;

El número, fecha, el monto del contrato y el plazo de entrega o de ejecución de los servicios u obra;

Los mecanismos de vigilancia y supervisión, incluyendo, en su caso, los estudios de impacto urbano y ambiental, según corresponda;

Los informes de avance sobre las obras o servicios contratados;

El convenio de terminación, y

El finiquito;

Informes anuales de actividades. El programa de trabajo de los titulares de las Entidades Públicas, Dependencias y Unidades Administrativas. Esta información deberá hacerse pública a más tardar quince días hábiles después de haberse producido;

Las estadísticas que generen en cumplimiento de sus facultades, competencias o funciones con la mayor desagregación posible;

Padrón de proveedores y contratistas;

Convenios que el gobierno realice con la Federación, con otros Estados y con los Municipios, siempre que no versaren sobre seguridad pública. Convenios que las entidades celebren con Organizaciones No Gubernamentales, Sindicatos, Partidos Políticos, Asociaciones Políticas, Instituciones de enseñanza privada, fundaciones e Instituciones públicas del estado de Morelos, de otro Estado, de la Federación o de otro país. Cuando se trate de convenios que impliquen transferencias financieras con cargo al presupuesto público, en el convenio se establecerá el fundamento jurídico, los responsables de su recepción y ejecución, el programa y los tiempos de aplicación y se exigirá un informe de ejecución de los fondos, que también deberá hacerse público; (F. DE E., P.O. 25 DE MAYO DE 2016)

El inventario de bienes muebles e inmuebles en posesión y propiedad;

Las recomendaciones emitidas por los órganos públicos del Estado Mexicano u organismos internacionales garantes de los derechos humanos, así como las acciones que han llevado a cabo para su atención;

Sentencias y laudos que hayan causado estado o ejecutoria;

Políticas y mecanismos de participación ciudadana en los procesos de elaboración, implementación y evaluación de políticas públicas, así como en la toma de decisiones de las entidades públicas;

Los programas y servicios que ofrecen, incluyendo información sobre la población, objetivo y destino, así como los trámites, tiempos de respuesta, requisitos y formatos para acceder a los mismos;

Todas las evaluaciones, y encuestas que hagan los Sujetos Obligados a programas financiados con recursos públicos;

Los estudios financiados con recursos públicos;

El listado de jubilados y pensionados, nombre propio y el monto que reciben;

Los ingresos recibidos por cualquier concepto señalando el nombre de los responsables de recibirlos, administrarlos y ejercerlos, así como su destino, indicando el destino de cada uno de ellos;

Donaciones hechas a terceros en dinero o en especie;

El catálogo de disposición y guía de archivo documental;

Información contenida en las minutas, acuerdos y actas de las reuniones oficiales, versiones estenográficas, en su caso, de cualquier órgano colegiado de las entidades públicas, así como las opiniones y recomendaciones que emitan, en su caso, los Consejos Consultivos;

Cualquier otra información que sea de utilidad o se considere relevante, además de la que, con base en la información estadística, responda a las preguntas hechas con más frecuencia por el público, y

La profesión y cédula profesional de los servidores públicos que, por disposición legal, normativa, técnica o administrativa, deban de acreditar que cuentan con la misma para el desempeño de su función o encargo.

Los Sujetos Obligados deberán informar al Instituto y verificar que se publiquen en la Plataforma Electrónica correspondiente, cuáles son los rubros que son aplicables a sus páginas de Internet, con el objeto de que el Instituto verifique y apruebe de forma fundada y motivada la relación de fracciones aplicables a cada sujeto obligado.

CAPÍTULO III

DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA ESPECÍFICA QUE DEBE DIFUNDIRSE

Artículo 52. Además de lo señalado en el artículo anterior de la presente Ley, los Sujetos Obligados del Poder Ejecutivo, así como los Ayuntamientos, deberán poner a disposición del público y actualizar la siguiente información:

En el caso del Poder Ejecutivo y los municipios:

El Plan Estatal o Municipal de Desarrollo, según corresponda;

El presupuesto de egresos y las fórmulas de distribución de los recursos otorgados, así como los criterios de asignación, el tiempo de ejecución, los mecanismos de evaluación y los responsables de su recepción y ejecución final;

El listado de expropiaciones decretadas y ejecutadas, que incluya cuando menos la fecha de expropiación, el domicilio y la causa de utilidad pública y las ocupaciones superficiales;

El nombre, denominación o razón social y clave del registro federal de los contribuyentes a los que se les hubiera cancelado o condonado algún crédito fiscal, así como los montos respectivos. Asimismo, la información estadística sobre las exenciones previstas en las disposiciones fiscales;

Por ser una función de orden público, se deben publicar los nombres de las personas a quienes se les habilitó para ejercer como corredores y notarios públicos, así como sus datos de contacto, la información relacionada con el proceso de otorgamiento de la patente, y las sanciones que se les hubieran aplicado, los servicios que ofrecen y su costo;

La información detallada que contengan los Planes de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Ecológico, los tipos y usos de suelo, licencias de uso y construcción otorgadas por los gobiernos municipales, y

Las disposiciones administrativas, directamente o a través de la autoridad competente, con el plazo de anticipación que prevean las disposiciones aplicables al sujeto obligado de que se trate, salvo que su difusión pueda comprometer los efectos que se pretenden lograr con la disposición o se trate de situaciones de emergencia, de conformidad con dichas disposiciones.

Adicionalmente al Poder Ejecutivo:

Los nombres de las personas a quienes se les habilitó para ejercer como corredores y notarios públicos, número de patente notarial, datos de contacto, los informes mensuales rendidos, servicios que ofrecen, costo, convenios de suplencia y asociación que hayan celebrado, índices de protocolo, la información relacionada con el proceso de otorgamiento de la patente, inspecciones y las sanciones que se les hubieran aplicado;

Adicionalmente, en el caso de los municipios:

El contenido de las gacetas municipales, las cuales deberán comprender los resolutivos y acuerdos aprobados por los ayuntamientos;

Las actas de sesiones de cabildo, los controles de asistencia de los integrantes del Ayuntamiento a las sesiones de cabildo y el sentido de votación de los miembros del cabildo sobre las iniciativas o acuerdos;

Nombramientos, reportes, informes mensuales y anuales de las Autoridades Auxiliares municipales, actas y acuerdos de sus reuniones, la información relativa a la administración de los recursos públicos que tengan encomendados o les sean entregados, y

Se incluirán los datos referentes al agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales; alumbrado público; la formulación, aprobación y administración de la zonificación y planes de desarrollo municipal; la creación y administración de sus reservas territoriales y ecológicas; utilización del suelo; y las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria.

Artículo 53. Además de lo señalado en el artículo 51 de la presente Ley, el Poder Legislativo deberá poner a disposición del público y actualizar la siguiente información:

Agenda legislativa;

Gaceta Parlamentaria;

Órdenes del día;

El Diario de Debates;

Las versiones estenográficas;

La asistencia de cada una de sus sesiones del Pleno y de las Comisiones y Comités;

Las iniciativas de leyes o decretos, puntos de acuerdo, la fecha en que se recibieron, las Comisiones a las que se turnaron, y los dictámenes que, en su caso, recaigan sobre las mismas;

Las leyes, decretos y acuerdos aprobados por el órgano legislativo;

Las convocatorias, actas, acuerdos, listas de asistencia y votación de las Comisiones y Comités, y de las sesiones del Pleno, identificando el sentido del voto en votación económica, y por cada legislador en la votación nominal y el resultado de la votación por cédula, así como votos particulares y reservas de los dictámenes y acuerdos sometidos a consideración;

Las resoluciones definitivas sobre juicios políticos y declaratorias de procedencia;

Las versiones públicas de la información entregada en las audiencias públicas, comparecencias y en los procedimientos de designación, ratificación, elección, reelección o cualquier otro;

Las contrataciones de servicios personales señalando el nombre del prestador del servicio, objeto, monto y vigencia del contrato del órgano de gobierno, Comisiones, Comités, Grupos Parlamentarios y el Instituto de Investigaciones Legislativas;

El informe semestral del ejercicio presupuestal del uso y destino de los recursos financieros de la Junta, Comisiones, Comités, Grupos Parlamentarios y el Instituto de Investigaciones Legislativas;

Los resultados de los estudios o investigaciones de naturaleza económica, política y social que realice el Instituto de Investigaciones Legislativas, y

El padrón de cabilderos, de acuerdo a la normativa aplicable.

Artículo 54. Además de lo señalado en el artículo 51 de la presente Ley, el Poder Judicial y todos aquellos Órganos Constitucionales Autónomos o Administrativos que realicen funciones materialmente jurisdiccionales, deberán poner a disposición del público y actualizar la siguiente información:

Las versiones públicas de las sentencias que hayan causado ejecutoria y sean de interés público;

Las versiones estenográficas de las sesiones públicas;

La relacionada con los procesos por medio del cual fueron designados los Jueces de Primera Instancia, Secretarios de Acuerdo, Actuarios y Oficiales Judiciales, Y

La lista de acuerdos que diariamente se publiquen.

Artículo 55. Además de lo señalado en el artículo 51 de la presente Ley, los órganos autónomos deberán poner a disposición del público y actualizar la siguiente información:

Instituto Morelense de Procedimientos Electorales y de Participación Ciudadana:

Los listados de Partidos Políticos, Asociaciones y agrupaciones políticas o de ciudadanos registrados ante la autoridad electoral;

Los informes que presenten los partidos políticos, asociaciones y agrupaciones políticas o de ciudadanos;

La geografía y cartografía electoral;

El registro de candidatos a cargos de elección popular;

El catálogo de estaciones de radio y canales de televisión, pautas de transmisión, versiones de spots de los institutos electorales y de los Partidos Políticos;

Los montos de financiamiento público por actividades ordinarias, de campaña y específicas otorgadas a los partidos políticos, asociaciones y agrupaciones políticas o de ciudadanos y demás asociaciones políticas, así como los montos autorizados de financiamiento privado y los topes de los gastos de campañas;

La metodología e informes sobre la publicación de encuestas por muestreo, encuestas de salida y conteos rápidos financiados por las autoridades electorales competentes;

La metodología e informe del Programa de Resultados Preliminares Electorales;

Los cómputos totales de las elecciones y procesos de participación ciudadana;

Los resultados y declaraciones de validez de las elecciones;

(sic) La información sobre votos de morelenses residentes en el extranjero;

Los dictámenes, informes y resoluciones sobre pérdida de registro y liquidación del patrimonio de los Partidos Políticos nacionales y locales, y

El monitoreo de medios;

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos:

El listado y las versiones públicas de las recomendaciones emitidas, su destinatario o autoridad a la que se recomienda y el estado que guarda su atención, incluyendo en su caso las minutas de comparecencias de los titulares que se negaron a aceptar las recomendaciones;

Las quejas y denuncias presentadas ante las autoridades administrativas y penales respectivas, señalando el estado procesal en que se encuentran y, en su caso, el sentido en el que se resolvieron;

Las versiones públicas del acuerdo de conciliación, previo consentimiento del quejoso;

Listado de medidas precautorias, cautelares o equivalentes giradas, una vez concluido el Expediente;

Toda la información con que cuente, relacionada con hechos constitutivos de violaciones graves de derechos humanos, una vez determinados así por la autoridad competente, incluyendo, en su caso, las acciones de reparación del daño, atención a víctimas y de no repetición;

La información relacionada con las acciones y resultados de defensa, promoción y protección de los derechos humanos;

Los resultados de los estudios, publicaciones o investigaciones que realicen;

Los programas de prevención y promoción en materia de derechos humanos;

(sic) La situación que guardan los derechos humanos en el sistema penitenciario y de readaptación social del Estado;

El seguimiento, evaluación y monitoreo, en materia de igualdad entre mujeres y hombres; y

Instituto Morelense de Información Pública y Estadística:

La relación de observaciones y resoluciones emitidas y el seguimiento a cada una de ellas, incluyendo las respuestas entregadas por los Sujetos Obligados a los solicitantes en cumplimiento de las resoluciones;

Los criterios orientadores que deriven de sus resoluciones;

Los resultados de la evaluación al cumplimiento de la presente Ley por parte de los Sujetos Obligados;

En su caso, las sentencias, ejecutorias o suspensiones judiciales que existan en contra de sus resoluciones, y

El número de quejas, denuncias y recursos de revisión dirigidos a cada uno de los Sujetos Obligados.

Artículo 56. Además de lo señalado en el artículo 51 de la presente Ley, las instituciones de educación superior públicas dotadas de autonomía, deberán poner a disposición del público y actualizar la siguiente información:

Los Planes y Programas de estudio según el sistema que ofrecen, ya sea escolarizado o abierto, con las áreas de conocimiento, el perfil profesional de quien cursa el plan de estudios, la duración del programa con las asignaturas, su valor en créditos;

Toda la información relacionada con sus procedimientos administrativos;

La remuneración de los profesores, incluyendo nombre propio, puesto o plaza, primas, gratificaciones, prestaciones, comisiones, dietas, bonos, los estímulos al desempeño, sistemas de compensación, nivel y monto, señalando la periodicidad de dicha remuneración;

La lista con los profesores con licencia o en año sabático;

La convocatoria, el listado de las becas y apoyos que otorgan;

Las convocatorias de los concursos de oposición;

La información relativa a los procesos de selección de los consejos;

Resultado de las evaluaciones del cuerpo docente, y

El listado de instituciones incorporadas, costos y requisitos de incorporación.

Artículo 57. Además de lo señalado en el artículo 51 de la presente Ley, los partidos políticos, las agrupaciones políticas y las personas morales constituidas en asociación civil creadas por los ciudadanos que pretendan postular su candidatura independiente, según corresponda, deberán poner a disposición del público y actualizar la siguiente información:

El padrón de afiliados o militantes de los partidos políticos, que contendrá exclusivamente apellidos, nombre o nombres, fecha de afiliación y entidad de residencia;

Los acuerdos y resoluciones de los órganos de dirección de los partidos políticos;

Los convenios de participación entre partidos políticos con organizaciones de la sociedad civil;

Las organizaciones sociales adherentes o similares a algún partido político;

Los montos de las cuotas ordinarias y extraordinarias aportadas por sus militantes;

Los montos autorizados de financiamiento privado, así como una relación de los nombres de los aportantes vinculado con los montos aportados;

El listado de aportantes a las precampañas y campañas políticas;

Las demarcaciones electorales en las que participen;

Los tiempos que les corresponden en canales de radio y televisión;

Sus documentos básicos, plataformas electorales y programas de gobierno y los mecanismos de designación de los órganos de dirección en sus respectivos ámbitos;

El currículo con fotografía reciente de todos los precandidatos y candidatos a cargos de elección popular, con el cargo al que se postula y el distrito electoral;

El currículo de los dirigentes a nivel estatal y municipal;

Los convenios de frente, coalición o fusión que celebren, o de participación electoral que realicen con agrupaciones políticas estatales;

Las convocatorias que emitan para la elección de sus dirigentes o la postulación de sus candidatos a cargos de elección popular y, en su caso, el registro correspondiente;

Los responsables de los procesos internos de evaluación y selección de candidatos a cargos de elección popular, conforme a su normatividad interna;

Las resoluciones dictadas por los órganos de control;

Los montos de financiamiento público otorgados mensualmente, en cualquier modalidad, a sus órganos estatales y municipales, así como los descuentos correspondientes a sanciones;

Las resoluciones que emitan sus órganos disciplinarios ya sea estatal o municipal, una vez que hayan causado estado;

Los nombres de sus representantes ante la autoridad electoral competente;

Los mecanismos de control y supervisión aplicados a los procesos internos de selección de candidatos;

El listado de fundaciones, asociaciones, centros o institutos de investigación o capacitación o cualquier otro que reciban apoyo económico de los partidos políticos, así como los montos destinados para tal efecto;

Las resoluciones que dicte la autoridad electoral competente respecto de los informes de ingresos y gastos, y

Las demás que prevean la Ley General y la normativa aplicable.

Artículo 58. Además de lo señalado en el artículo 51 de la presente Ley, los fideicomisos, fondos públicos, mandatos o cualquier contrato análogo, deberán poner a disposición del público y mantener actualizada y accesible, en lo que resulte aplicable a cada contrato, la siguiente información:

Las modificaciones que, en su caso, sufran los contratos o decretos de constitución del fideicomiso o del fondo público;

El padrón de beneficiarios, en su caso;

Causas por las que, en su caso, se inicie el proceso de constitución o extinción del fideicomiso o fondo público, especificando de manera detallada los recursos financieros destinados para tal efecto, y

Las demás que prevean la Ley General y la normativa aplicable.

Artículo 59. Las autoridades administrativas y jurisdiccionales en materia laboral deberán poner a disposición del público y mantener actualizada y accesible, la siguiente información de los sindicatos:

Los documentos del registro de los sindicatos, que deberán contener, entre otros:

El domicilio;

Número de registro;

Nombre del sindicato;

Nombre de los integrantes del comité ejecutivo y comisiones que ejerzan funciones de vigilancia;

Fecha de vigencia del comité ejecutivo;

Número de socios;

Centro de trabajo al que pertenezcan, y

Central a la que pertenezcan, en su caso;

Las tomas de nota;

El estatuto;

El padrón de socios;

Las actas de asamblea;

Los reglamentos interiores de trabajo;

Los contratos colectivos, incluyendo el tabulador, convenios y las condiciones generales de trabajo, y

Todos los documentos contenidos en el expediente de registro sindical y de contratos colectivos de trabajo.

Las autoridades administrativas y jurisdiccionales en materia laboral deberán expedir copias de los documentos que obren en los expedientes de los registros a los solicitantes que los requieran, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información.

Por lo que se refiere a los documentos que obran en el Expediente de registro de las asociaciones, únicamente estará clasificada como información confidencial, los domicilios de los trabajadores señalados en los padrones de socios.

Artículo 60. Los sindicatos que reciban y ejerzan recursos públicos deberán mantener actualizada y accesible, de forma impresa para consulta directa y en los respectivos sitios de Internet, la información aplicable del artículo 51 de esta Ley, la señalada en el artículo anterior y la siguiente:

Contratos y convenios entre sindicatos y autoridades;

El directorio del Comité Ejecutivo;

El padrón de socios, y

La relación detallada de los recursos públicos económicos, en especie, bienes o donativos que reciban y el informe detallado del ejercicio y destino final de los recursos públicos que ejerzan.

Por lo que se refiere a los documentos que obran en el expediente de registro de las asociaciones, únicamente estará clasificada como información confidencial, los domicilios de los trabajadores señalados en los padrones de socios.

Los Sujetos Obligados que asignen recursos públicos a los sindicatos, deberán habilitar un espacio en sus páginas de internet para que éstos cumplan con sus obligaciones de transparencia y dispongan de la infraestructura tecnológica para el uso y acceso a la Plataforma Electrónica respectiva. En todo momento el sindicato será el responsable de la publicación, actualización y accesibilidad de la información.

CAPÍTULO IV

DE LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DE LAS PERSONAS FÍSICAS O MORALES QUE RECIBEN Y EJERCEN RECURSOS PÚBLICOS O REALIZAN ACTOS DE AUTORIDAD.

Artículo 61. Para determinar la información adicional que publicarán todos los Sujetos Obligados de manera obligatoria, el Instituto deberá:

Solicitar a los Sujetos Obligados que, atendiendo a los lineamientos emitidos por el Sistema Nacional, remitan el listado de información que consideren de interés público;

Revisar el listado que remitió el sujeto obligado con base en las funciones, atribuciones y competencias que la normatividad aplicable le otorgue, y

Determinar el catálogo de información que el sujeto obligado deberá publicar como obligación de transparencia.

Artículo 62. El Instituto determinará los casos en que las personas físicas o morales que reciban y ejerzan recursos públicos, o realicen actos de autoridad, cumplirán con las obligaciones de transparencia y acceso a la información directamente o a través de los Sujetos Obligados que les asignen dichos recursos o, en los términos de las disposiciones aplicables, realicen actos de autoridad.

Los Sujetos Obligados correspondientes deberán enviar conforme establezca el Reglamento y demás normativa aplicable, al Instituto un listado de las personas físicas o morales a los que, por cualquier motivo, asignaron recursos públicos o, en los términos que establezcan las disposiciones aplicables, ejercen actos de autoridad.

Para resolver sobre el cumplimento de lo señalado en el párrafo anterior, el Instituto tomará en cuenta si realiza una función gubernamental, el nivel de financiamiento público, el nivel de regulación e involucramiento gubernamental y si el gobierno participó en su creación.

Artículo 63. Para determinar la información que deberán hacer pública las personas físicas o morales que reciben y ejercen recursos públicos o realizan actos de autoridad, el Instituto deberá:

Solicitar a las personas físicas o morales que, atendiendo a los lineamientos emitidos por el Sistema Nacional, remitan el listado de información que consideren de interés público;

Revisar el listado que remitió la persona física o moral en la medida en que reciban y ejerzan recursos o realicen actos de autoridad que la normatividad aplicable le otorgue, y

Determinar las obligaciones de transparencia que deben cumplir y los plazos para ello.

CAPÍTULO V

DE LA VERIFICACIÓN DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA

Artículo 64. Corresponde al Instituto vigilar que las obligaciones de transparencia que publiquen los Sujetos Obligados cumplan con lo dispuesto en el presente Título y demás disposiciones aplicables.

Las determinaciones que emita el Instituto deberán establecer los requerimientos, recomendaciones u observaciones que formule y los términos y plazos en los que los Sujetos Obligados deberán atenderlas. El incumplimiento a los requerimientos formulados, será motivo para aplicar las medidas de apremio, sin perjuicio de las sanciones a que haya lugar.

Artículo 65. Las acciones de vigilancia y verificación a que se refiere este Capítulo, se realizarán a través de la verificación virtual. Esta vigilancia surgirá de los resultados de la verificación que se lleve a cabo de manera oficiosa por el Instituto al portal de internet de los Sujetos Obligados o de la Plataforma Electrónica correspondiente, ya sea de forma general, particular, aleatoria, muestral o periódica.

Para el caso de la información publicada a la que se refieren las fracciones VIII, IX y XI del artículo 51, deberá ser contrastada por el Instituto con lo que se le informa a la Entidad con motivo de las auditorías practicadas y, en el supuesto de que encontrara alguna discrepancia, deberá llevar a cabo las acciones legales correspondientes.

Artículo 66. La verificación que realice el Instituto en el ámbito de su respectiva competencia, se sujetará a lo siguiente:

Constatar que la información esté completa, publicada y actualizada en tiempo y forma;

Emitir un dictamen en el que podrán determinar que el sujeto obligado se ajusta a lo establecido por esta Ley y demás disposiciones, o contrariamente determinar que existe incumplimiento a lo previsto por la Ley y demás normativa aplicable, en cuyo caso formulará los requerimientos que procedan a efecto de que el Sujeto Obligado subsane las inconsistencias detectadas dentro de un plazo no mayor a veinte días;

El Sujeto Obligado deberá informar al organismo garante sobre el cumplimento de los requerimientos del dictamen, y

El Instituto verificará el cumplimiento a la resolución una vez transcurrido el plazo y si considera que se dio cumplimiento (sic) los requerimientos del dictamen, se emitirá un acuerdo de cumplimiento.

El Instituto podrá solicitar los informes complementarios al Sujeto Obligado que requiera para allegarse de los elementos de juicio que considere necesarios para llevar a cabo la verificación.

Cuando el Instituto considere que existe un incumplimiento total o parcial de la determinación, le notificará, por conducto de la Unidad de Transparencia, al superior jerárquico del servidor público responsable de dar cumplimiento, para el efecto de que, en un plazo no mayor a cinco días, se dé cumplimiento a los requerimientos del dictamen.

En caso de que el Instituto considere que subsiste el incumplimiento total o parcial de la resolución, en un plazo no mayor a cinco días, se informará al Pleno para que, en su caso, imponga las medidas de apremio o sanciones, conforme a lo establecido por esta Ley.

CAPÍTULO VI

DE LA DENUNCIA POR INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA

Artículo 67. El Instituto, de oficio o a petición de los particulares, verificará el cumplimiento que los Sujetos Obligados den a las obligaciones de transparencia.

Cualquier persona podrá denunciar ante el Instituto la falta de cumplimiento de tales obligaciones. Las denuncias presentadas por los particulares podrán realizarse en cualquier momento y se integrará por las siguientes etapas:

Presentación de la denuncia ante el Instituto;

Solicitud por parte del Instituto de un informe al sujeto obligado;

Resolución de la denuncia, y

Ejecución de la resolución.

Artículo 68. La denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia deberá cumplir, al menos, los siguientes requisitos:

Nombre del sujeto obligado denunciado;

Descripción clara y precisa del incumplimiento denunciado;

El denunciante podrá adjuntar los medios de prueba que estime necesarios para respaldar el incumplimiento denunciado;

En caso de que la denuncia se presente por escrito, el denunciante deberá señalar domicilio o dirección de correo electrónico para recibir notificaciones. En caso de que la denuncia se presente por medios electrónicos, se entenderá que se acepta que las notificaciones se efectúen por el mismo medio. En caso de que no se señale domicilio o dirección de correo electrónico o se señale un domicilio fuera del estado de Morelos, las notificaciones, aún las de carácter personal, se practicarán a través de los estrados físicos del Instituto, y

El nombre del denunciante y, opcionalmente, su perfil únicamente para propósitos estadísticos. Esta información será proporcionada por el denunciante de manera voluntaria.

En ningún caso el dato sobre el nombre y el perfil podrán ser un requisito para la procedencia y trámite de la solicitud.

Artículo 69. La denuncia podrá presentarse de la forma siguiente:

Por medio electrónico:

A través de la Plataforma Electrónica correspondiente, y

Por correo electrónico dirigido a la dirección electrónica que al efecto se establezca; y

Por escrito presentado físicamente, ante la Unidad de Transparencia del Instituto.

Artículo 70. El Instituto resolverá sobre la admisión de la denuncia dentro de los tres días hábiles siguientes a la recepción. La notificación de admisión si es el caso, se notificará al sujeto obligado dentro de los tres días hábiles siguientes.

Artículo 71. El Sujeto Obligado debe enviar al Instituto, un informe con justificación respecto de los hechos o motivos de la denuncia dentro de los tres días hábiles siguientes a la notificación anterior.

El Instituto, puede realizar las verificaciones virtuales que procedan, así como solicitar los informes complementarios al Sujeto Obligado que requiera para allegarse de los elementos que considere necesarios para resolver la denuncia.

En el caso de informes complementarios, el Sujeto Obligado deberá responder a los mismos, en el término de tres días hábiles siguientes a la notificación correspondiente.

Artículo 72. El Instituto resolverá la denuncia, dentro de los veinte días hábiles siguientes al término del plazo en que el Sujeto Obligado debe presentar su informe o, en su caso, los informes complementarios.

La resolución debe ser fundada y motivada e invariablemente debe pronunciarse sobre el cumplimiento de la publicación de la información por parte del Sujeto Obligado.

Artículo 73. El Instituto notificará la resolución al denunciante y al Sujeto Obligado, dentro de los tres días hábiles siguientes a su emisión.

Las resoluciones que emita el Instituto, a que se refiere este Capítulo son definitivas e inatacables para los Sujetos Obligados. El particular podrá impugnar la resolución por la vía del juicio de amparo que corresponda, en los términos de la normativa aplicable.

El sujeto obligado deberá cumplir con la resolución en un plazo de diez días naturales a partir del día siguiente de su notificación.

Artículo 74. Transcurrido el plazo señalado en el artículo anterior, el Sujeto Obligado deberá informar al Instituto sobre el cumplimento de la resolución.

El Instituto, verificará el cumplimiento a la resolución; si considera que se dio cumplimiento a la resolución, se emitirán un acuerdo de cumplimiento y se ordenará el cierre del expediente.

Cuando el Instituto, considere que existe un incumplimiento total o parcial de la resolución, notificará, por conducto de la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado, al superior jerárquico del servidor público responsable de dar cumplimiento, para el efecto de que, en un plazo no mayor a cinco días hábiles, se dé cumplimiento a la resolución.

Artículo 75. En caso de que el Instituto, considere que subsiste el incumplimiento total o parcial de la resolución, en un plazo no mayor a cinco días naturales posteriores al aviso de incumplimiento al superior jerárquico del servidor público responsable del mismo, se emitirá un acuerdo de incumplimiento, y se informará al Pleno para que, en su caso, imponga las medidas de apremio o determinaciones que resulten procedentes.

TÍTULO SEXTO

DE LA INFORMACIÓN CLASIFICADA

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 76. El acceso a la información en posesión de las entidades públicas quedará restringido en los casos y en las modalidades que expresamente se señalan en la presente Ley. Las figuras jurídicas de excepción al derecho de acceso son las de información reservada y confidencial.

Los titulares de las Áreas de los Sujetos Obligados serán los responsables de clasificar la información de conformidad con lo dispuesto en esta Ley.

Artículo 77. El Área responsable de archivar y resguardar la información clasificada como reservada, la mantendrá restringida hasta por un lapso de cinco años.

Excepcionalmente, los Sujetos Obligados, con la aprobación de su Comité de Transparencia, podrán ampliar el periodo de reserva hasta por un plazo de cinco años adicionales, siempre y cuando justifiquen que subsisten las causas que dieron origen a su clasificación, mediante la aplicación de una prueba de daño y avalado por el Instituto.

Artículo 78. Las Áreas de los Sujetos Obligados elaborarán un índice de expedientes clasificados como reservados, que deberá actualizarse semestralmente y publicarse en formatos abiertos, al día siguiente de su elaboración, cada índice contendrá el plazo de reserva, fecha en que se realizó el acto de clasificación, nombre del área que la genera, las partes del documento que se reservan y justificación legal. El catálogo deberá estar a disposición del público.

En los casos en que se niegue el acceso a la información, por actualizarse alguno de los supuestos de clasificación, el Comité de Transparencia deberá confirmar, modificar o revocar la decisión.

Para motivar la clasificación de la información y la ampliación del plazo de reserva, se deberán señalar las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron al sujeto obligado a concluir que el caso particular se ajusta al supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento. Además, los Sujetos Obligados deberá (sic) en todo momento aplicar una prueba de daño.

Artículo 79. El acuerdo que determina la clasificación de la información como reservada deberá señalar el plazo de reserva, la autoridad y el servidor público responsable de su resguardo, la parte o las partes del documento que se reserva, la fuente y el archivo donde radica la información, así como los fundamentos jurídicos y las motivaciones que justifiquen la reserva.

Artículo 80. En la aplicación de la prueba de daño, los Sujetos Obligados deberá (sic) justificar que:

La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés público o a la seguridad pública;

La limitación se adecúa al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio;

El riesgo y los daños que potencialmente se deriven del conocimiento de la información clasificada sean superiores al interés de facilitar al público el acceso a la información reservada, y

La información solicitada se refiere a alguna de las hipótesis señaladas en la ley.

La carga de la prueba para justificar toda negativa de acceso a la información, por actualizar cualquier (sic) de los supuestos de reserva previstos, corresponderá a los Sujetos Obligados.

Artículo 81. La clasificación de la información se llevará a cabo en el momento en que:

Se reciba una solicitud de acceso a la información;

Se determine mediante resolución de autoridad competente, o

Se generen versiones públicas para dar cumplimiento a las obligaciones de Transparencia previstas en esta Ley.

Los Sujetos Obligados no podrán emitir acuerdos de carácter general ni particular que clasifiquen documentos o información como reservada. En ningún caso se podrán clasificar Documentos antes de que se genere la información.

La clasificación de información reservada se realizará conforme a un análisis caso por caso, mediante la aplicación de la prueba de daño.

Los Documentos clasificados parcial o totalmente deberán llevar una leyenda que indique tal carácter, la fecha de la clasificación, el fundamento legal y, en su caso, el periodo de reserva.

Artículo 82. Las Áreas podrán entregar documentos que contengan información reservada o confidencial, siempre que los documentos en que conste la información permitan eliminar las partes o secciones clasificadas.

Los Sujetos Obligados deberán observar los lineamientos generales que emita el Sistema Nacional en materia de clasificación de la información reservada y confidencial y, para la elaboración de versiones públicas.

Los documentos clasificados serán debidamente custodiados y conservados, conforme a la normativa aplicable.

Artículo 83. La información contenida en las obligaciones de transparencia no podrá omitirse en las versiones públicas.

CAPÍTULO II

DE LA INFORMACIÓN RESERVADA

Artículo 84. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación:

Obstruya las actividades de verificación, inspección y auditoría relativas al cumplimiento de las leyes, o afecte la recaudación de contribuciones;

Obstruya la prevención o persecución de los delitos;

La que contenga las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del proceso deliberativo de los servidores públicos, hasta en tanto no sea adoptada la decisión definitiva, la cual deberá estar documentada;

Obstruya los procedimientos para fincar responsabilidad a los servidores públicos, en tanto no se haya dictado la resolución administrativa;

Afecte los derechos del debido proceso;

Vulnere la conducción de los expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, en tanto no hayan causado estado;

Se encuentre contenida dentro de las investigaciones de hechos que la ley señale como delitos y se tramiten ante el Ministerio Público, y

Las que por disposición expresa de una ley tengan tal carácter, siempre que sean acordes con las bases, principios y disposiciones establecidos en esta Ley y no la contravengan; así como las previstas en Tratados Internacionales.

Artículo 85. Las causales de reserva previstas en el artículo anterior se deberán fundar y motivar, a través de la aplicación de la prueba de daño a la que se hace referencia en el presente Título.

Artículo 86. No podrá invocarse el carácter de reservado cuando:

Se trate de violaciones graves de derechos humanos o delitos de lesa humanidad;

Se trate de información relacionada con actos de corrupción de acuerdo con las leyes aplicables, y

Cuando se trate de lo previsto en el Titulo Quinto, Capítulos II y III de la presente Ley.

CAPÍTULO III

DE LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL

Artículo 87. Se considera información confidencial la que contiene datos personales concernientes a una persona identificada o identificable.

La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los servidores públicos facultados para ello.

Se considera como información confidencial los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a Sujetos Obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos.

Asimismo, será información confidencial aquella que presenten los particulares a los Sujetos Obligados, siempre que tengan el derecho a ello de conformidad con lo dispuesto por las Leyes o los Tratados Internacionales.

Artículo 88. Los Sujetos Obligados que se constituyan como fideicomitentes, fideicomisarios o fiduciarios en fideicomisos que involucren recursos públicos, no podrán clasificar, por ese sólo supuesto, la información relativa al ejercicio de éstos, como secreto bancario o fiduciario, sin perjuicio de las demás causales de clasificación que prevé la presente Ley.

Artículo 89. Los Sujetos Obligados que se constituyan como usuarios o como institución bancaria, en operaciones que involucren recursos públicos, no podrán clasificar, por ese sólo supuesto, la información relativa al ejercicio de éstos, como secreto bancario, sin perjuicio de las demás causales de clasificación que prevé la presente Ley.

Artículo 90. Los Sujetos Obligados que se constituyan como contribuyentes o como autoridades en materia tributaria, no podrán clasificar la información relativa al ejercicio de recursos públicos como secreto fiscal.

Artículo 91. Las entidades y servidores públicos están obligados a resguardar toda la información de carácter personal y no podrán entregarla a quien la solicite, salvo autorización expresa de la persona directamente afectada o de su representante legal.

Artículo 92. Ninguna persona está obligada a dar información que pudiera propiciar expresión de discriminación e intolerancia sobre su persona, honor, reputación y dignidad, salvo que la información sea estrictamente necesaria para proteger su vida y seguridad personal.

Artículo 93. Los sistemas de documentación y archivo creados para resguardar datos personales deberán utilizarse exclusivamente para los fines legales y legítimos para los que fueron creados. Las entidades públicas sólo podrán administrar archivos de datos personales estrictamente relacionados con el ejercicio de su competencia.

La administración, procesamiento, actualización y resguardo deberán realizarse con estricto apego a estos fines. Los servidores públicos a cargo están obligados a guardar confidencialidad respecto de la información que manejen. Cualquier violación a este precepto será objeto de responsabilidad de acuerdo con las leyes aplicables.

Artículo 94. No se requerirá el consentimiento del titular de la información confidencial cuando:

La información se encuentre en registros públicos o fuentes de acceso público;

Por ley tenga el carácter de pública;

Exista una orden judicial;

Por razones de seguridad pública y salubridad general, o para proteger los derechos de terceros, se requiera su publicación, o (F. DE E., P.O. 25 DE MAYO DE 2016)

Cuando se transmita entre Sujetos Obligados, siempre y cuando la información se utilice para el ejercicio de facultades propias de los mismos.

Para efectos de la fracción IV del presente artículo, el Instituto deberá aplicar la prueba de interés público. Además, se deberá corroborar una conexión patente entre la información confidencial y un tema de interés público y la proporcionalidad entre la invasión a la intimidad ocasionada por la divulgación de la información confidencial y el interés público de la información.

TÍTULO SÉPTIMO

DEL PROCEDIMIENTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN

CAPÍTULO I

DEL PROCEDIMIENTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN

Artículo 95. Cualquier persona por sí misma, o a través de su representante, podrá presentar solicitud de acceso a información ante la Unidad de Transparencia, a través de la Plataforma Electrónica correspondiente, en la oficina u oficinas designadas para ello, vía correo electrónico, correo postal, mensajería, telégrafo, verbalmente o cualquier medio aprobado por el Sistema Nacional.

La Unidad de Transparencia de los Sujetos Obligados deberá garantizar las medidas y condiciones de accesibilidad para que toda persona pueda ejercer el derecho de acceso a la información.

Artículo 96. Tratándose de solicitudes de acceso a información formuladas mediante la Plataforma Electrónica correspondiente, se asignará automáticamente un número de folio, con el que los solicitantes podrán dar seguimiento a sus requerimientos. En los demás casos, la Unidad de Transparencia tendrá que registrar y capturar la solicitud de acceso en la Plataforma Electrónica y deberá enviar el acuse de recibo al solicitante, en el que se indique la fecha de recepción, el folio que corresponda y los plazos de respuesta aplicables.

Artículo 97. Para presentar una solicitud no se podrán exigir mayores requisitos que los siguientes:

Nombre o, en su caso, los datos generales de su representante;

Domicilio o medio para recibir notificaciones;

La descripción de la información solicitada;

Cualquier otro dato que facilite su búsqueda y eventual localización, y

La modalidad en la que prefiere se otorgue el acceso a la información, la cual podrá ser verbal, siempre y cuando sea para fines de orientación, mediante consulta directa, mediante la expedición de copias simples o certificadas o la reproducción en cualquier otro medio, incluidos los electrónicos.

En su caso, el solicitante señalará el formato accesible o la lengua indígena en la que se requiera la información de acuerdo a lo señalado en la presente Ley.

La información de las fracciones I y IV serán proporcionadas por el solicitante de manera opcional y en ningún caso podrá ser un requisito indispensable para la procedencia de la solicitud.

Artículo 98. Cuando el particular presente su solicitud a través de la Plataforma Electrónica, se entenderá que acepta que las notificaciones le sean efectuadas por dicho sistema, salvo que señale un medio distinto para efectos de las notificaciones.

En el caso de solicitudes recibidas en otros medios, en las que los solicitantes no proporcionen un domicilio o medio para recibir la información o, en su defecto, no haya sido posible practicar la notificación, se notificará por estrados en la oficina de la Unidad de Transparencia.

Artículo 99. De manera excepcional, cuando, de forma fundada y motivada, así lo determine el Sujeto Obligado, en aquellos casos en que la información solicitada se encuentre dispersa en diversos documentos y por ello implique procesamiento de Documentos cuya entrega o reproducción sobrepase las capacidades técnicas del Sujeto Obligado para cumplir con la solicitud en los plazos establecidos para dichos efectos, se podrán poner a disposición del solicitante los documentos en consulta directa, salvo la información clasificada.

En todo caso se facilitará su copia simple o certificada, así como su reproducción por cualquier medio disponible en las instalaciones del sujeto obligado o que en su caso aporte el solicitante.

Artículo 100. La Unidad de Transparencia podrá requerir al solicitante por una sola vez, en un plazo no mayor de cinco días hábiles, contados a partir de la presentación de la solicitud, si requiere completar, corregir o ampliar los datos de la solicitud. El solicitante tendrá un término de diez días hábiles para solventar dicho requerimiento.

Este requerimiento interrumpirá el plazo de respuesta establecido en el artículo 103 de la presente Ley, por lo que comenzará a computarse nuevamente al día siguiente del desahogo por parte del particular. En este caso, el Sujeto Obligado atenderá la solicitud en los términos en que fue desahogado el requerimiento de información adicional.

La solicitud se tendrá por no presentada cuando los solicitantes no atiendan el requerimiento de información adicional. En el caso de requerimientos parciales no desahogados, se tendrá por presentada la solicitud por lo que respecta a los contenidos de información que no formaron parte del requerimiento.

Artículo 101. Los Sujetos Obligados deberán otorgar acceso a los documentos que se encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con sus facultades, competencias o funciones en el formato en que el solicitante manifieste, de entre aquellos formatos existentes conforme a las características físicas de la información o que el lugar donde se encuentre, así lo permita.

En el caso de que la información solicitada consista en bases de datos se deberá privilegiar la entrega de la misma en Formatos Abiertos.

Artículo 102. Cuando la información requerida por el solicitante ya esté disponible al público en medios impresos, tales como libros, compendios, trípticos, registros públicos, en formatos electrónicos disponibles en internet o en cualquier otro medio, se le hará saber por el medio requerido por el solicitante la fuente, el lugar y la forma en que puede consultar, reproducir o adquirir dicha información en un plazo no mayor a dos días hábiles.

Artículo 103. Las solicitudes de información deben ser respondidas en un plazo máximo de diez días hábiles.

Excepcionalmente, el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez días más, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, en este caso, la Unidad de Transparencia, deberá notificar la prórroga al solicitante, antes del vencimiento del primer término otorgado.

La Unidad de Transparencia deberá garantizar que las solicitudes se turnen a todas las Áreas competentes que cuenten con la información o deban tenerla de acuerdo a sus facultades, competencias y funciones, con el objeto de que realicen una búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada.

Artículo 104. El acceso se dará en la modalidad de entrega y, en su caso, de envío elegidos por el solicitante. Cuando la información no pueda entregarse o enviarse en la modalidad elegida, el sujeto obligado deberá ofrecer otra u otras modalidades de entrega.

En cualquier caso, se deberá fundar y motivar la necesidad de ofrecer otras modalidades.

Artículo 105. Si transcurridos diez días hábiles de presentada la solicitud de información, la Unidad de Transparencia no respondiere al interesado, se le tendrá respondiendo afirmativamente y la autoridad estará obligada a entregar la información de manera gratuita en un plazo perentorio de diez días naturales.

Artículo 106. La Unidad de Transparencia tendrá disponible la información solicitada, durante un plazo de sesenta días hábiles, contados a partir de que el solicitante hubiere realizado, en su caso, el pago respectivo, el cual deberá efectuarse en un plazo no mayor a treinta días.

Transcurridos dichos plazos, los Sujetos Obligados darán por concluida la solicitud y procederán, de ser el caso, a la destrucción del material en el que se reprodujo la información.

Artículo 107. De no corresponder la solicitud a la Unidad de Transparencia, ésta deberá orientar a los solicitantes para canalizar la solicitud de manera debida al sujeto obligado que corresponda.

Artículo 108. En caso de que los Sujetos Obligados consideren que los Documentos o la información deban ser clasificados, se sujetará a lo siguiente:

El Área deberá remitir la solicitud, así como un escrito en el que funde y motive la clasificación al Comité de Transparencia, mismo que deberá resolver para:

Confirmar la clasificación;

Modificar la clasificación y otorgar total o parcialmente el acceso a la información, o

Revocar la clasificación y conceder el acceso a la información.

El Comité de Transparencia podrá tener acceso a la información que esté en poder del Área correspondiente, de la cual se haya solicitado su clasificación.

La resolución del Comité de Transparencia será notificada al interesado en el plazo de respuesta a la solicitud que establece el artículo 103 de la presente Ley.

CAPÍTULO II

DE LAS CUOTAS DE ACCESO

Artículo 109. Los Sujetos Obligados deberán atender el principio de gratuidad para permitir el acceso a la información pública.

Artículo 110. En caso de existir costos para obtener la información, deberán cubrirse de manera previa a la entrega y no podrán ser superiores a la suma de:

El costo de los materiales utilizados en la reproducción de la información;

El costo de envío, en su caso, y

El pago de la certificación de los Documentos, cuando proceda, en términos de las Leyes correspondientes.

La información deberá ser entregada sin costo, cuando implique la entrega de no más de veinte hojas simples. La Unidad de Transparencia podrá exceptuar el pago de reproducción y envío atendiendo a las circunstancias socioeconómicas del solicitante.

TÍTULO OCTAVO

DEL SISTEMA ESTATAL DE ENCUESTAS Y ANÁLISIS ESTADÍSTICO.

CAPÍTULO ÚNICO

DE SU FUNCIONAMIENTO

Artículo 111. El Sistema Estatal (sic) Encuestas y Análisis Estadístico, es una dependencia del Instituto, que tiene por finalidad el estudio sobre la transparencia, la rendición de cuentas y la protección de datos personales de la Entidad, su contexto en el ámbito nacional de la sociedad morelense, su contexto en el ámbito nacional principalmente a través de la investigación mediante encuestas y análisis estadístico para coadyuvar con sus resultados al mejor funcionamiento de las entidades públicas del Estado.

Artículo 112. El Sistema Estatal de Encuestas y Análisis Estadístico, garantizará la plena transparencia y acceso público a los resultados de la actividad científica que desarrolle. Actuará conforme a las normas del estado, y en particular, a los principios de objetividad y neutralidad en su actuación, igualdad de acceso a sus datos y respeto al secreto estadístico y a los derechos de los ciudadanos.

Artículo 113. Las investigaciones que se realicen a través de encuestas y análisis estadístico, se guiarán por la transparencia y quienes las realicen responderán por la correcta utilización de la información para el cumplimiento estricto de los objetivos previstos por el Instituto y por la protección de la intimidad de los encuestados.

Artículo 114. El Sistema Estatal (sic) Encuestas y Análisis Estadístico, permitirá en todo momento el acceso a su banco de datos a los Sujetos Obligados para el cumplimiento de sus funciones, así como a cualquier ciudadano, siempre y cuando la información no se considere reservada o confidencial.

Artículo 115. El Instituto notificará a los titulares de las diversas dependencias cuando alguno de sus integrantes o funcionarios solicite acceso al banco de datos, la información que haya consultado y las razones que el servidor público hubiera expuesto para acceder.

Artículo 116. El Instituto determinará las modalidades, metodología, presupuesto y objetivos a alcanzar a través de las investigaciones, estudios, encuestas y análisis estadístico aprobados por el mismo.

TÍTULO NOVENO

DE LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN

CAPÍTULO I

DEL RECURSO DE REVISIÓN ANTE EL INSTITUTO

Artículo 117. El solicitante podrá interponer, por sí mismo o a través de su representante, ya sea por escrito o por medios electrónicos ante el Instituto o ante la Unidad de Transparencia que haya conocido de la solicitud, el recurso de revisión, dentro de los treinta días hábiles siguientes a la fecha de la notificación de la respuesta, o del vencimiento del plazo para su notificación.

En el caso de que se interponga ante la Unidad de Transparencia, ésta deberá remitir el recurso de revisión al Instituto a más tardar al día siguiente de haberlo recibido.

En lo conducente se aplicará de forma supletoria la Ley de Procedimiento Administrativo para el Estado de Morelos.

Artículo 118. El recurso de revisión procederá en contra de:

La clasificación de la información;

La declaración de inexistencia de información;

La declaración de incompetencia por el sujeto obligado;

La entrega incompleta de la información;

La entrega de información que no corresponda con lo solicitado;

La falta de respuesta a una solicitud de acceso a la información dentro de los plazos establecidos en la Ley;

La notificación, entrega o puesta a disposición de información en una modalidad o formato distinto al solicitado;

La entrega o puesta a disposición de información en un formato incomprensible o no accesible para el solicitante;

Los costos o tiempos de entrega de la información;

La falta de trámite a una solicitud;

La negativa a permitir la consulta directa de la información;

La falta de respuesta o indebida fundamentación y motivación de la ampliación del plazo a que se refiere el artículo 105 de esta Ley;

La falta, deficiencia o insuficiencia de la fundamentación y motivación en la respuesta, y

Las que se deriven de la normativa aplicable.

La respuesta que den los Sujetos Obligados derivada de la resolución a un recurso de revisión que proceda por las causales señaladas en las fracciones III, VIII, IX, X y XI es susceptible de ser impugnada de nueva cuenta mediante recurso de revisión ante el Instituto.

Artículo 119. El recurso de revisión deberá contener:

El nombre del recurrente o de su representante legal;

El sujeto obligado ante la cual se presentó la solicitud;

Domicilio o medio electrónico para recibir notificaciones, de ser necesario, señalar a la persona que las pueda recibir en su nombre, en caso de presentarlo por escrito;

Nombre del tercero interesado, en su caso;

El acto que se impugna;

Las razones o motivos de inconformidad;

La fecha que le fue notificada la respuesta o tuvo conocimiento del acto impugnado, o de presentación de la solicitud de información, en caso de falta de respuesta;

Firma del recurrente, en caso de presentarlo por escrito, y

(SIC). Número de folio de la respuesta de la solicitud de acceso.

En caso de no señalarse medio de notificación alguno se harán en los estrados del Instituto.

En ningún caso será necesario que el recurrente ratifique el recurso de revisión interpuesto.

Artículo 120. El Instituto subsanará las deficiencias de los recursos interpuestos en un plazo no mayor a 5 días hábiles, al momento de admitir a trámite el recurso de revisión.

Artículo 121. En caso de que el escrito en el que se presente el recurso no sea lo suficientemente claro para iniciar el procedimiento respectivo, y el Instituto no cuente con los elementos necesarios para subsanar la deficiencia, notificará al recurrente la prevención en un plazo que no excederá de tres días hábiles, con el objeto de que subsane las omisiones dentro de un plazo que no podrá exceder de cinco días, contados a partir del día siguiente de la notificación de la prevención, con el apercibimiento de que de no cumplir, se desechará el recurso de revisión.

La prevención tendrá el efecto de interrumpir el plazo para resolver el recurso, por lo que comenzará a computarse a partir del día siguiente de la admisión.

No podrá prevenirse por el nombre que proporcione el solicitante.

Artículo 122. Los Comisionados deberán excusarse por algún impedimento para conocer de un caso concreto. Las partes en un recurso podrán asimismo recusar con causa a un Comisionado. Corresponderá al Pleno calificar la procedencia de la recusación.

En caso de ser procedente la excusa, conocerá el comisionado que el Pleno determine.

Artículo 123. El Instituto resolverá el recurso de revisión en un plazo que no podrá exceder de treinta días hábiles, contados a partir de la admisión del mismo, en los términos que establezca esta Ley, plazo que podrá ampliarse por una sola vez y hasta por un periodo de diez días.

Durante el procedimiento deberá aplicarse la suplencia de la queja a favor del recurrente, sin cambiar los hechos expuestos, asegurándose de que las partes puedan presentar, de manera oral o escrita, los argumentos que funden y motiven sus pretensiones.

Artículo 124. En todo momento, los Comisionados deberán tener acceso a la información clasificada para determinar su naturaleza según se requiera. El acceso se dará de conformidad con la normatividad previamente establecida por los Sujetos Obligados para el resguardo o salvaguarda de la información.

Artículo 125. La información reservada o confidencial que, en su caso, sea consultada por los Comisionados, por resultar indispensable para resolver el asunto, deberá ser mantenida con ese carácter y no deberá estar disponible en el Expediente, salvo en los casos en los que sobreviniera la desclasificación de dicha información, y continuará bajo el resguardo del Sujeto Obligado en el que originalmente se encontraba.

Artículo 126. La resolución del Instituto deberá emitirse en escrito fundado y motivado y remitirse a la autoridad responsable, quien deberá acatar la resolución en un plazo no mayor de cinco días hábiles.

Al resolver el recurso de revisión deberá aplicar una prueba de interés público con base en elementos de idoneidad, necesidad y proporcionalidad cuando exista una colisión de derechos.

Para estos efectos, se entenderá por:

Idoneidad: La legitimidad del derecho adoptado como preferente, que sea el adecuado para el logro de un fin constitucionalmente válido o apto para conseguir el fin pretendido;

Necesidad: La falta de un medio alternativo menos lesivo a la apertura de la información, para satisfacer el interés público, y

Proporcionalidad: El equilibrio entre perjuicio y beneficio a favor del interés público, a fin de que la decisión tomada represente un beneficio mayor al perjuicio que podría causar a la población.

En los casos en que la prueba de interés público se aplique respecto de datos personales de un particular, éste deberá ser llamado como tercero interesado dentro del recurso de revisión. El organismo garante, al resolver el recurso de revisión, podrá excepcionalmente divulgar los datos personales, siempre que realice una valoración y emita una resolución debidamente fundada y motivada. En caso de determinarse la publicidad de la información, la resolución deberá explicitar las razones por las que se afirma que los beneficios sociales de divulgar la información serán mayores a la eventual afectación de los intereses de los particulares.

En la resolución que emita el Instituto se especificará que ésta puede ser impugnada por los particulares ante el Poder Judicial de la Federación.

Artículo 127. El Instituto resolverá el recurso de revisión conforme a lo siguiente:

Interpuesto el recurso de revisión, el Comisionado Presidente en un plazo no mayor a dos días hábiles, lo turnará al Comisionado ponente que corresponda, quien deberá proceder a su análisis para que decrete su admisión, prevención o desechamiento;

Admitido el recurso de revisión, el Comisionado ponente deberá integrar un Expediente y ponerlo a disposición de las partes, para que en un plazo máximo de cinco días manifiesten lo que a su derecho convenga;

Dentro del plazo mencionado en la fracción II del presente artículo, las partes podrán ofrecer todo tipo de pruebas o formular alegatos excepto la confesional por parte de los Sujetos Obligados y aquéllas que sean contrarias a derecho. Si el recurso se interpone por la falta de contestación a la solicitud de información, el sujeto obligado deberá ofrecer el documento que pruebe que respondió en tiempo y forma;

El Comisionado ponente deberá determinar la celebración de audiencias con las partes durante la sustanciación del recurso de revisión;

Concluido el desahogo de pruebas, el Comisionado ponente procederá a decretar el cierre de instrucción;

El Instituto no estará obligado a atender la información remitida por el sujeto obligado una vez decretado el cierre de instrucción, y

Decretado el cierre de instrucción, el expediente pasará a resolución.

Artículo 128. Las resoluciones del pleno podrán:

Sobreseerlo;

Confirmar el acto o resolución impugnada, o

Revocar total o parcialmente el acto o resolución impugnada.

Artículo 129. En las resoluciones que emita el Instituto podrán señalarles a los Sujetos Obligados que la información que deben proporcionar sea considerada como obligación de transparencia de conformidad con el Capítulo II del Título Cuarto de la presente Ley, atendiendo a la relevancia de la información, la incidencia de las solicitudes sobre la misma y el sentido reiterativo de las resoluciones.

En (sic) Instituto deberá notificar a las partes y publicar las resoluciones que concluyan el procedimiento a más tardar al tercer día siguiente de su aprobación. Los Sujetos Obligados deberán informar al Instituto el cumplimiento de sus resoluciones en un plazo no mayor a tres días.

Artículo 130. Cuando el Instituto determine durante la sustanciación del recurso de revisión que pudo haberse incurrido en una probable responsabilidad por el incumplimiento a las obligaciones previstas en esta Ley y las demás disposiciones aplicables en la materia, deberá hacerlo del conocimiento del órgano interno de control del propio sujeto obligado, o de la instancia competente para que ésta inicie, en su caso, el procedimiento de responsabilidad respectivo.

Artículo 131. Serán causa de improcedencia:

Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en el artículo 117 de la presente Ley;

Se esté tramitando ante el Poder Judicial algún recurso o medio de defensa interpuesto por el recurrente, que sea materia del recurso ante el Instituto;

No actualice alguno de los supuestos previstos en el artículo 118 de la presente Ley;

No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en el artículo 121 de la presente Ley;

Se impugne la veracidad de la información proporcionada;

Se trate de una consulta, o

El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de los nuevos contenidos.

Artículo 132. Es causa de sobreseimiento del recurso de revisión:

El desistimiento por escrito de quien promueve el recurso de revisión;

Cuando el Sujeto Obligado responsable del acto o resolución impugnados los modifique o revoque, de tal manera que quede sin materia antes de que se resuelva el recurso;

El fallecimiento del recurrente, o

Admitido el recurso de revisión, aparezca alguna causal de improcedencia en los términos del presente Capítulo.

Artículo 133. Las resoluciones del Instituto serán definitivas, vinculatorias e inatacables para todos los Sujetos Obligados, incluidos los Sindicatos y Partidos Políticos.

Artículo 134. Los Sujetos Obligados, a través de la Unidad de Transparencia, darán estricto cumplimiento a las resoluciones del Instituto y deberán informar a éste sobre su cumplimiento.

Excepcionalmente, considerando las circunstancias especiales del caso, los Sujetos Obligados podrán solicitar al Instituto, de manera fundada y motivada, una ampliación del plazo para el cumplimiento de la resolución.

Dicha solicitud deberá presentarse a más tardar dentro de los primeros tres días del plazo otorgado para el cumplimiento, a efecto de que el Instituto resuelva sobre la procedencia de la misma dentro de los cinco días siguientes.

Artículo 135. Transcurrido el plazo señalado en el artículo anterior, el Sujeto Obligado deberá informar al Instituto sobre el cumplimento de la resolución. El Instituto verificará de oficio la calidad de la información y, a más tardar al día siguiente de recibir el informe, dará vista al recurrente para que, dentro de los cinco días siguientes, manifieste lo que a su derecho convenga. Si dentro del plazo señalado el recurrente manifiesta que el cumplimiento no corresponde a lo ordenado por el organismo garante, deberá expresar las causas específicas por las cuales así lo considera.

Artículo 136. El Instituto deberá pronunciarse, en un plazo no mayor a cinco días, sobre todas las causas que el recurrente manifieste, así como del resultado de la verificación realizada. Si el organismo garante considera que se dio cumplimiento a la resolución, emitirá un acuerdo de cumplimiento y se ordenará el archivo del expediente. En caso contrario el organismo garante:

Emitirá un acuerdo de incumplimiento;

Notificará al superior jerárquico del responsable de dar cumplimiento, para el efecto de que, en un plazo no mayor a cinco días, se dé cumplimiento a la resolución, y

Determinará las medidas de apremio o sanciones según corresponda, que deberán imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse de conformidad con lo señalado en el siguiente Título.

CAPÍTULO II

DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD ANTE (SIC) INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.

Artículo 137. Tratándose de las resoluciones a los recursos de revisión que emita el Instituto, los recurrentes podrán optar por acudir ante el INAI o ante el Poder Judicial de la Federación, en los términos previsto (sic) en la Ley General.

Artículo 138. El recurso de inconformidad procede contra la resolución emitida por el Instituto que:

Confirmen o modifiquen la clasificación de la información, o

Confirmen la inexistencia o negativa de información.

Se entenderá como negativa de acceso a la información la falta de resolución del Instituto dentro del plazo previsto para ello.

Artículo 139. El recurso de inconformidad deberá presentarse dentro de los quince días siguientes a que se tuvo conocimiento de la resolución o que se venza el plazo para que fuera emitido, por escrito ante el Instituto o mediante el sistema electrónico que al efecto establezca el INAI.

Independientemente de la vía a través de la cual sea interpuesto el recurso de inconformidad, el Expediente respectivo deberá obrar en la Plataforma Electrónica.

CAPÍTULO III

DE LA ATRACCIÓN DE LOS RECURSOS DE REVISIÓN

Artículo 140. El Pleno del Instituto, cuando así lo apruebe por unanimidad o por la mayoría de sus Comisionados, pedirá al INAI ejerza su facultad de atracción para conocer de aquellos recursos de revisión pendientes de resolución que por su interés y trascendencia así lo ameriten, facultad que podrá ser ejercida de oficio por el órgano Nacional.

Para lo anterior, el Instituto contará con un plazo no mayor a cinco días para su remisión.

En los casos en los que el Instituto sea el sujeto obligado recurrido, notificará al INAI, en un plazo que no excederá de tres días a partir de que sea interpuesto el recurso.

TÍTULO DÉCIMO

DE LAS MEDIDAS DE APREMIO Y SANCIONES

CAPÍTULO I

DE LAS MEDIDAS DE APREMIO

Artículo 141. El Instituto impondrá al servidor público encargado de cumplir con la resolución, o a los Sujetos Obligados; las siguientes medidas de apremio para asegurar el cumplimiento de sus determinaciones:

Amonestación;

Amonestación pública, o

Multa, de ciento cincuenta hasta mil quinientas veces el salario mínimo general vigente.

El incumplimiento de los Sujetos Obligados será difundido en caso de amonestación pública en el portal de transparencia del Instituto.

En caso de que el incumplimiento de la determinación del Instituto, que implique la presunta comisión de un delito o una de las conductas señaladas en el artículo 143 de esta Ley, el Instituto deberá denunciar los hechos ante la autoridad competente.

Las medidas de apremio de carácter económico no podrán ser cubiertas con recursos públicos.

Las multas que se fijen se harán efectivas ante la Secretaría de Hacienda del estado de Morelos, según corresponda, a través de los procedimientos que las leyes establezcan.

Artículo 142. Si a pesar de la ejecución de las medidas de apremio previstas en el artículo anterior no se cumple con la determinación, se requerirá el cumplimiento al superior jerárquico para que en un plazo de cinco días lo instruya a cumplir sin demora. De persistir el incumplimiento, se aplicarán sobre el superior jerárquico las medidas de apremio establecidas en el artículo anterior.

Transcurrido el plazo, sin que se haya dado cumplimiento, se determinarán las sanciones que correspondan.

Artículo 143. Los Sujetos Obligados por esta Ley serán sancionados cuando incurran en cualquiera de las siguientes conductas:

La falta de respuesta a las solicitudes de información en los plazos señalados en la normatividad aplicable;

Desempeñarse con negligencia, dolo o mala fe en la sustanciación de las solicitudes de acceso a la información, en la difusión de las obligaciones de transparencia, o de las estadísticas, sondeos y encuestas producidas por el Instituto;

Incumplir los plazos de atención previstos en la presente Ley;

Utilizar, sustraer, dañar, mutilar, destruir, esconder, estropear, divulgar o alterar, total o parcialmente y de manera indebida información que se encuentre bajo su custodia, a la cual tengan acceso o conocimiento con motivo de su empleo, cargo o comisión;

Entregar información incomprensible, incompleta, en un formato no accesible, una modalidad de envío o de entrega diferente a la solicitada previamente por el usuario en su solicitud de acceso a la información, al responder sin la debida motivación y fundamentación establecidas en esta Ley;

No actualizar la información correspondiente a las obligaciones de transparencia en los plazos previstos en la presente Ley;

Declarar con dolo o negligencia la inexistencia de información cuando el sujeto obligado deba generarla derivado del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones;

Declarar la inexistencia de la información cuando exista total o parcialmente en sus archivos;

No documentar con dolo o negligencia, el ejercicio de sus facultades, competencias, funciones o actos de autoridad, de conformidad con la normatividad aplicable;

Realizar actos para intimidar a los solicitantes de información o inhibir el ejercicio del derecho;

Denegar intencionalmente información que no se encuentre clasificada como reservada o confidencial;

Clasificar como reservada con dolo o negligencia la información sin que se cumplan las características señaladas en la presente Ley. La sanción procederá cuando exista una resolución previa del Instituto, que haya quedado firme;

Entregar información considerada como reservada o confidencial conforme a lo dispuesto por esta Ley, teniendo la obligación de no hacerlo;

No desclasificar la información como reservada cuando los motivos que le dieron origen ya no existan o haya fenecido el plazo, cuando el Instituto determine que existe una causa de interés público que persiste o no se solicite la prórroga al Comité de Transparencia;

No atender los requerimientos establecidos en la presente Ley, emitidos por el Instituto;

No acatar las resoluciones emitidas por el Instituto, en ejercicio de sus funciones;

No publicar o actualizar en tiempo y forma las obligaciones de transparencia;

Recabar datos personales innecesarios para el desempeño de sus funciones públicas y

Comercializar con datos personales contenidos en sus archivos.

CAPÍTULO II

DE LAS SANCIONES

Artículo 144. Si la conducta prevista en el artículo anterior se repite en más de dos ocasiones de manera consecutiva, tratándose de Servidores Públicos, el infractor será suspendido por un periodo de hasta seis meses.

Artículo 145. Tratándose de lo previsto en las fracciones I, IV, VII, X, XI, XII y XIII, XIX del artículo 143 se aplicarán como sanción multa de cien a mil quinientos días de salario mínimo vigente. En caso de reincidencia tratándose de entidades públicas podrá ser suspendido del cargo sin goce de sueldo hasta por treinta días naturales y de reiterarse el incumplimiento será sancionado con la destitución del cargo.

Artículo 146. El servidor público que no cumpla de manera expedita las resoluciones del Instituto para liberar información en los términos y condiciones que establece esta Ley, será suspendido del cargo sin goce de sueldo, hasta por treinta días naturales.

En caso de reiterarse el incumplimiento podrá ser inhabilitado para ocupar cargos públicos por un periodo de uno a diez años.

Artículo 147. Al que recabe datos personales que no resulten indispensables para el cumplimiento de sus funciones, será sancionado con multa de mil a mil quinientos días de salario mínimo vigente.

En caso de reincidencia podrá ser suspendido hasta por sesenta días y en caso de reiterar el incumplimiento podrá ser destituido del cargo.

Artículo 148. Al Sujeto Obligado que comercialice con datos personales que obren en los archivos a su alcance, será sancionado con multa de mil quinientos a dos mil días de salario mínimo vigente; e inhabilitado para ocupar cargos públicos en cualquiera de los Poderes del Estado y cualquiera de sus Municipios o sus entidades descentralizadas por un período de uno a diez años.

Artículo 149. Tratándose de entidades públicas, el Sujeto Obligado que reiteradamente incurra en cualquiera de las conductas previstas en el artículo 143 de esta Ley y que no tenga establecida sanción, se aplicará multa de doscientos a quinientos salarios mínimos vigentes. En caso de reincidencia podrá ser suspendido del cargo hasta por sesenta días.

En lo conducente la responsabilidad a que se refiere este artículo será sancionada en los términos de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

Artículo 150. Las responsabilidades que se generen por el incumplimiento de las obligaciones a que se refiere esta Ley, son independientes de las que procedan en el orden civil o penal.

Artículo 151. En lo conducente se aplicará de forma supletoria la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y el Código Procesal Civil para el Estado Libre y Soberano de Morelos.

Artículo 152. Ante incumplimientos en materia de transparencia y acceso a la información por parte de los Partidos Políticos, el Instituto dará vista, al Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, para que resuelva lo conducente, sin perjuicio de las sanciones establecidas para los Partidos Políticos en las leyes aplicables.

Cuando se trate de Partidos Políticos se le podrán aplicar las multas respectivas, pero éstas se harán descontándose de sus prerrogativas los importes correspondientes, dichas multas podrán duplicarse en caso de reincidencia; asimismo, el Instituto dará vista al Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, para efecto que tome las medidas pertinentes.

En el caso de probables infracciones relacionadas con fideicomisos o fondos públicos, sindicatos o personas físicas o morales que reciban y ejerzan recursos públicos o realicen actos de autoridad, el Instituto deberá dar vista al órgano interno de control del Sujeto Obligado relacionado con estos, cuando sean Servidores Públicos, con el fin de que instrumenten los procedimientos administrativos a que haya lugar.

Artículo 153. Las personas físicas o morales que reciban y ejerzan recursos públicos o ejerzan actos de autoridad deberán proporcionar la información que permita al sujeto obligado que corresponda, cumplir con sus obligaciones de trasparencia y para atender las solicitudes de acceso correspondientes.

Artículo 154. En aquellos casos en que el presunto infractor tenga la calidad de Servidor Público, el Instituto deberá remitir a la autoridad competente, junto con la denuncia correspondiente, un expediente en que se contengan todos los elementos que sustenten la presunta responsabilidad administrativa.

La autoridad que conozca del asunto deberá informar de la conclusión del procedimiento y en su caso, de la ejecución de la sanción al Instituto.

CAPÍTULO III

DEL PROCEDIMIENTO DE SANCIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS QUE NO CUENTEN CON LA CALIDAD DE SERVIDOR PÚBLICO

Artículo 155. Cuando se trate de presuntos infractores Sujetos Obligados que no cuenten con la calidad de Servidor Público, el Instituto será la autoridad facultada para conocer y desahogar el procedimiento sancionatorio conforme a esta Ley y deberá llevar a cabo las acciones conducentes para la imposición y ejecución de las sanciones.

Artículo 156. El procedimiento a que se refiere el artículo anterior dará comienzo con la notificación que efectúe el Instituto al presunto infractor, sobre los hechos e imputaciones que motivaron el inicio del procedimiento y le otorgará un término de quince días para que rinda pruebas y manifieste por escrito lo que a su derecho convenga.

En caso de no hacerlo, el Instituto, de inmediato, resolverá con los elementos de convicción que disponga.

El Instituto admitirá las pruebas que estime pertinentes y procederá a su desahogo; y concluido que esto sea, notificará al presunto infractor el derecho que le asiste para que, de considerarlo necesario, presente sus alegatos dentro de los cinco días siguientes a su notificación.

Una vez analizadas las pruebas y demás elementos de convicción, el Instituto, resolverá, en definitiva, dentro de los treinta días siguientes a la fecha en que inició el procedimiento sancionador. Dicha resolución deberá ser notificada al presunto infractor y, dentro de los diez días siguientes a la notificación, se hará pública la resolución correspondiente.

Cuando haya causa justificada, por acuerdo indelegable del Pleno del Instituto, podrá ampliar por una sola vez y hasta por un periodo igual el plazo de resolución.

Artículo 157. Para llevar a cabo el procedimiento sancionador, se aplicará de manera supletoria lo dispuesto (sic) la Ley del Procedimiento Administrativo para el Estado de Morelos.

Artículo 158. Las infracciones a lo previsto en la presente Ley por parte de Sujetos Obligados que no cuenten con la calidad de servidor público, serán sancionadas con:

El apercibimiento, por única ocasión, para que el Sujeto Obligado cumpla su obligación de manera inmediata, en los términos previstos en esta Ley, tratándose de los supuestos previstos en las fracciones I, III, V, VI y X del artículo 143 de esta Ley.

Si una vez hecho el apercibimiento no se cumple de manera inmediata con la obligación, en los términos previstos en esta Ley, tratándose de los supuestos mencionados en esta fracción, se aplicará multa de ciento cincuenta a doscientos cincuenta días de salario mínimo general vigente;

Multa de doscientos cincuenta a ochocientos días de salario mínimo general vigente, en los casos previstos en las fracciones II y IV del artículo 143 de esta Ley, y

Multa de ochocientos a mil quinientos días de salario mínimo general vigente en el estado de Morelos, en los casos previstos en las fracciones VII, VIII, IX, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII y XVIII del artículo 143 de esta Ley.

Se aplicará multa adicional de hasta cincuenta días de salario mínimo general vigente, por día, a quien persista en las infracciones citadas en las fracciones anteriores.

TÍTULO DÉCIMO PRIMERO

DE LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y DE LA ACCIÓN DE HABEAS DATA

CAPÍTULO I

DE LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

Artículo 159. Los Sujetos Obligados deberán resguardar toda la información de carácter personal y no podrán entregarla a quien la solicite, salvo autorización expresa de la persona directamente afectada o de su representante legal.

Artículo 160. La Unidad de Transparencia, responsable de atender las solicitudes de información en coordinación con el Instituto, establecerán las medidas técnicas necesarias para sistematizar y archivar con fines lícitos y legítimos la información que contenga datos personales.

Artículo 161. Ninguna persona está obligada a dar información que pudiera propiciar expresión de discriminación e intolerancia sobre su persona, honor, reputación y dignidad, salvo que la información sea estrictamente necesaria para proteger su vida y seguridad personal.

Artículo 162. Los sistemas de documentación y archivo creados para resguardar datos personales deberán utilizarse exclusivamente para los fines legales y legítimos para los que fueron creados. Las entidades públicas sólo podrán administrar archivos de datos personales estrictamente relacionados con el ejercicio de su competencia.

Artículo 163. La administración, procesamiento, actualización y resguardo deberán realizarse con estricto apego a estos fines. Los Servidores Públicos al cargo están obligados a guardar confidencialidad respecto de la información que manejen. Cualquier violación a este precepto será objeto de responsabilidad de acuerdo con las leyes aplicables.

CAPÍTULO II

DEL EJERCICIO DE LA ACCIÓN DE HABEAS DATA

Artículo 164. El Instituto y las Unidades Administrativas responsables dispondrán de los medios necesarios para que las personas interesadas estén en condiciones de ejercer la acción de habeas data para asegurarse que:

Los datos personales en posesión de la autoridad siguen siendo necesarios para cumplir los fines para los que fueron requeridos;

Los datos personales no se utilicen o pongan a disposición del público o de terceros sin el previo consentimiento del interesado o su representante legal, con propósitos distintos e incompatibles con los fines originalmente señalados, y

Que los datos personales hayan estado a disposición de la autoridad por un período de tiempo superior al necesario.

Artículo 165. Ninguna autoridad podrá requerir a las personas información que exceda los fines para los cuales se solicita.

Artículo 166. La Unidad de Transparencia deberá recibir y dar curso, por escrito o vía electrónica, a todas las solicitudes de las personas que tengan por objeto la corrección, sustitución, rectificación, guardar confidencialidad o suprimir total o parcialmente los datos personales. Todas las respuestas negativas a las solicitudes realizadas en ejercicio de la acción de habeas data deberán ser notificadas de oficio al Instituto, por escrito o vía electrónica, para que éste proceda y requiera a la autoridad que corresponda, acerca del fundamento y motivación legal en que sustenta su negativa. En caso de que desestime las razones de la autoridad, la emplazará a realizar el acto solicitado.

Artículo 167. Los Sujetos Obligados por esta Ley no podrán comercializar, difundir o distribuir los datos personales en su posesión o administrados y sistematizados en el ejercicio de sus actividades, salvo que exista consentimiento expreso y por escrito de las personas a que se refiere la información.

Artículo 168. No será necesario el consentimiento de las personas para difundir o entregar datos personales, cuando se presenten las siguientes hipótesis:

La información sea necesaria para la prevención, diagnóstico médico, prestación de servicios médicos o la gestión de servicios de salud, y no pueda recabarse autorización de la persona por impedimentos legales o de salud;

La información sea para fines estadísticos, científicos o de interés general previstos en la ley, siempre que los datos sean agregados y no puedan relacionarse con las personas a las que se refieran;

La información sea requerida por una entidad, dependencia o unidad administrativa distinta a la que posea los datos personales y sirvan para el estricto cumplimiento de sus funciones públicas;

La información sea requerida por orden judicial;

La información sea requerida para la prestación de un servicio contratado a particulares por las entidades públicas. En este caso la entrega de la información se hará una vez que se haya cubierto una fianza y sólo se utilizará para los propósitos estrictamente señalados en el contrato. Una vez terminado el contrato el particular devolverá los datos personales que para uso exclusivo y temporal le fueron otorgados por la autoridad, y

Los demás casos que expresamente señalen las leyes posteriores a la presente.

Artículo 169. Los trámites que se realicen en ejercicio de la acción de habeas data serán gratuitos.

Artículo 170. Todas las Unidades Administrativas que posean datos personales deberán informarlo al Instituto, del mismo modo y mensualmente deberán informarle acerca de la actualización de los sistemas de archivo de los datos personales en su poder. Además, deberán tomar las medidas técnicas para proteger los archivos y sistemas de archivo que resguarden datos personales, contra los riesgos naturales, la pérdida por siniestro o accidentes y contra el riesgo de que se acceda a ellos sin autorización, se utilicen de manera encubierta o se contaminen por virus informático.

Artículo 171. Las personas interesadas o sus representantes legales, podrán solicitar los datos personales por los medios previstos en el artículo 97 de esta Ley, requiriendo para su entrega acreditar previamente su personalidad. La autoridad tendrá un plazo de cinco días hábiles, contados a partir de recibida la solicitud para responder si tienen o no la información solicitada. La autoridad deberá entregar la información en un plazo no mayor de cinco días hábiles, contados a partir de la fecha del oficio de respuesta. En caso de que los datos personales no se encuentren en la unidad administrativa requerida, el interesado podrá recurrir conforme a su derecho al Instituto.

Artículo 172. Las personas interesadas o sus representantes legales, previa identificación, podrán solicitar ante la Unidad Administrativa responsable que se modifiquen los datos personales que se encuentren en los archivos de la entidad requerida, a través de los medios previstos en el artículo 97 de esta Ley, requiriendo para su entrega acreditar previamente su personalidad. Para que proceda la solicitud, el interesado deberá precisar las modificaciones que deben realizarse y aportar, en su caso, la documentación necesaria. La autoridad tendrá un plazo de 10 días hábiles desde la presentación de la solicitud para realizar las modificaciones, o demostrar las razones, fundadas y motivadas, por las que no procedieron las modificaciones solicitadas. En ambos casos deberá notificarlo al interesado en un plazo no mayor de 5 días hábiles.

TÍTULO DÉCIMO SEGUNDO

DE LOS ARCHIVOS

CAPÍTULO ÚNICO

DE LOS ARCHIVOS

Artículo 173. Los Sujetos Obligados deberán conservar y resguardar sus archivos con el propósito de garantizar de manera fehaciente el Derecho Humano de Acceso a la Información Pública, para ello, establecerán mecanismos de coordinación con el Instituto en los términos establecidos por esta Ley y la normativa aplicable.

Artículo 174. El Instituto conforme a las facultades establecidas en las leyes de la materia, coordinará el cuidado y resguardo a que se refiere el artículo anterior, procurando para ello la elaboración de los criterios para la catalogación, clasificación y conservación de los documentos administrativos, así como la organización de archivos de los sujetos obligados.

TÍTULO DÉCIMO TERCERO

DEL SERVICIO PROFESIONAL CIVIL DE CARRERA PARA EL PERSONAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE INFORMACIÓN PÚBLICA Y ESTADÍSTICA

CAPÍTULO ÚNICO

DE LA PROFESIONALIZACIÓN

Artículo 175. El Instituto dispondrá la expedición de un instrumento jurídico necesario para implementar el Servicio Profesional de Carrera de los funcionarios públicos integrantes del mismo, mediante un sistema regulador de los procesos de ingreso, adscripción, evaluación del desempeño y permanencia, considerando la profesionalización y la capacitación como elementos básicos de la promoción, ascenso, incentivos y estabilidad de los recursos humanos.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA.- Remítase la presente Ley al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para los efectos que indica el artículo 44 y 70, fracción XVII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos.

SEGUNDA.- La presente Ley iniciará su vigencia al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", órgano de difusión de (sic) Gobierno del Estado.

TERCERA.- Se Abroga la Ley de Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de Morelos, publicada el 27 de agosto de 2003, en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”.

CUARTA.- Los recursos iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de la presente ley, continuarán tramitándose hasta su resolución final conforme a las disposiciones aplicables vigentes a su inicio, salvo lo que se refiere al cumplimiento y ejecución de las sentencias que se llevarán a cabo conforme a las reglas de esta Ley.

QUINTA.- Dentro de los sesenta días hábiles siguientes, contados a partir de la entrada en vigor de esta Ley, el Instituto Morelense de Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales, expedirá el Reglamento de la Ley correspondiente, que deberá publicarse en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” del Gobierno del estado de Morelos; mientras tanto continuará rigiendo el reglamento vigente en lo que no se oponga a lo previsto en este ordenamiento.

SEXTA.- El Poder Ejecutivo deberá realizar las ampliaciones presupuestales necesarias al IMIPE para la operación adecuada de la presente Ley.

SÉPTIMA.- El Instituto tendrá un plazo de seis meses a partir del inicio de la vigencia de la presente Ley, para publicar el Instrumento Jurídico que regule el Servicio Profesional de Carrera para el personal del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística.

Recinto Legislativo, en Sesión Ordinaria a los quince días del mes de marzo del año dos mil dieciséis.

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Francisco A. Moreno Merino. Presidente. Dip. Edwin Brito Brito. Secretaria. Dip. Efraín Esaú Mondragón Corrales. Secretario. Rúbricas.

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, Casa Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital del estado de Morelos, a los seis días del mes de abril de dos mil dieciséis.

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU

SECRETARIO DE GOBIERNO

M.C. MATÍAS QUIROZ MEDINA

RÚBRICAS.