Surgieron con el fin de especializar, agilizar, controlar y transparentar ante la sociedad diversas funciones estatales, aseguró la comisionada ciudadana del INFO al participar en la mesa virtual La función de la división de poderes y los órganos constitucionales autónomos en el presidencialismo carismático en México, organizado por la UNAM, el COPUEX, el INE y el INAI.
Los OCA son incómodos a cualquier tipo de poder, porque generan controles y contrapesos al regular y supervisar su funcionamiento: consejero Lorenzo Córdova.
Los órganos constitucionales autónomos (OCA) generan equilibrios entre los poderes, lo que fortalece al Estado, del cual forman parte, en beneficio de las personas, aseguró Marina San Martín Rebolloso, comisionada ciudadana del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (INFO).
La comisionada del INFO participó en la mesa virtual La función de la división de poderes y los órganos constitucionales autónomos en el presidencialismo carismático en México, que es parte del XXII Curso Anual de apoyo académico al Programa de Posgrado en Derecho de la UNAM y a los estudios profesionales en Derecho, Ciencias Políticas y Sociales aplicado a México, organizada por dicho programa, el Colegio de Profesores-Investigadores con Actividades Académicas Formales en Universidades Extranjeras, A.C. (COPUEX), el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
Marina San Martín recordó que los OCA surgieron con el propósito fue desmonopolizar, especializar, agilizar, controlar y transparentar ante la sociedad diversas funciones estatales, y que se han orientado a garantizar la protección de diversos derechos humanos.
Asimismo, precisó que los órganos autónomos, así como sirven de contrapeso, a su vez, no están exentos de estar sujetos a controles, pues rinden cuentas mediante informes al Poder Legislativo, y como sucede en el caso de los institutos de transparencia y de datos personales, sus resoluciones son revisadas por el Poder Judicial.
Afirmó que habría que distinguir entre el valor de la autonomía de dichos organismos respecto de la revisión de su funcionamiento institucional, de la optimización de sus recursos que se requiera y de las mejoras posibles a realizar, pues es gracias a la autonomía que las instituciones pueden actuar libremente, sin sujeción a ningún otro poder, y cuando se logra que ésta sea plena asegura la auténtica posibilidad de gobernarse sin subordinación externa.
La Comisionada hizo referencia al caso de la autonomía de los órganos garantes de transparencia y de protección de datos personales, destacando la evolución que han tenido en cuento al otorgamiento de su autonomía técnica, normativa, de funcionamiento, de organización interna y presupuestal,
Destacó los beneficios y utilidad que el derecho de acceso a la información y la existencia los órganos de transparencia que lo garantizan han tenido para las personas, así como su contribución para fortalecer los sistemas democráticos, pues la información permite a la ciudadanía decidir y participar mejor.
Señaló que, gracias a estas instancias y mecanismos, se han facilitado el ejercicio de otros derechos, se han reducido asimetrías informativas, hay más información disponible en Internet para la toma de decisiones individuales y colectivas, se ha logrado saber hechos de corrupción e impunidad; se han puesto en evidencia gastos ineficientes y violaciones de derechos humanos; se han abierto condonaciones y cancelaciones fiscales, y ha ocurrido una reforma administrativa al interior de las instituciones.
“Un principio básico de la democracia es que existe transparencia y rendición de cuentas. Gracias a los organismos garantes tenemos información que antes no sabíamos. Hemos cambiado la relación entre gobierno y ciudadanía. Hemos empoderado a las personas, lo que nos permite saber y rendir cuentas”, puntualizó.
Por su parte, Gabriela Nieto Castillo, magistrada del Tribunal Electoral del Estado de Querétaro, aseguró que el proceso de cambio democrático fue impulsado por una serie de reformas en materia electoral que ampliaron los canales de participación ciudadana, los cuales se consolidaron posteriormente con la reforma en materia de derechos humanos.
Destacó que los órganos autónomos se han ido articulando de una forma distinta, generando mayor equilibrio y participación de las personas, por lo que deben seguir fortaleciéndose para salvaguardar los derechos de la ciudadanía en un Estado de derecho.
La maestra Gabriela Williams Salazar, consejera del Instituto Electoral de la Ciudad de México, aseguró que los diferentes órganos autónomos deben mantener una cooperación constante para mejorar sus funciones en beneficio del Estado mexicano, por lo que no deben estar subordinados a ningún poder.
Reconoció que la política nacional de austeridad necesita garantizar las actividades de estos OCA, para que cumplan su función para a que fueron creados.
En tanto que Georgina Ávila Silva, consejera del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, reconoció que los órganos autónomos no son parte de los poderes de la Unión, pero sí crean controles en el ejercicio de gobierno.
Como ejemplo de los contrapesos de los poderes, recordó la llamada “Ley Bonilla” de Baja California que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional, y la negativa por parte del INE de entregar los datos biométricos del padrón electoral a la Secretaría de Gobernación.
En su participación, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, refirió que la división de poderes es la premisa fundamental de la doctrina moderna del Estado constitucional: “Hoy, un Estado sin división de poderes no es constitucional ni democrático”.
Recordó que los OCA no son una figura nueva, son instituciones que datan de la segunda mitad del Siglo XIX, y son órganos técnicos del Estado a los que se les confiere funciones específicas y especializadas que no tienen dependencia orgánica dentro de los poderes tradicionales (Ejecutivo, Legislativo y Judicial).
Córdova Vianello refirió que estos órganos cobraron relevancia en nuestro país durante el proceso de transición a la democracia. Explicó que: “Los órganos autónomos nacen de una seria de atribuciones que originalmente estaban en la órbita del Poder Ejecutivo, pero que requieren personal especializado, técnico, e independencia para cumplir con sus funciones, además de generar controles y contrapesos a los poderes en el sistema político”.
El consejero presidente del INE aseguró que, por su propio origen, los órganos constitucionales autónomos son incómodos al poder, a cualquier poder, porque los regula y revisa su actuar. Por ello, dijo, es importante discutir cómo mejoramos su funcionamiento y su marco normativo para fortalecerlos.
Por su parte, el doctor Luis Jorge Molina Piñeiro, catedrático de la UNAM y presidente del COPUEX, recordó las épocas en que no existía una competencia política real, el pluripartidismo era testimonial y las estructuras corporativas y sindicales estaban al servicio del presidente. Con la transición democrática se lograron que las elecciones no las organizara el Poder Ejecutivo y se dio paso a una serie de reformas, entre ellas la creación de organismos autónomos.
Los órganos democratizadores deben dar confianza a la ciudadanía, advirtió Molina Piñeiro.
También participaron en la mesa el doctor Fabián Mondragón Pedrero, presidente de los Colegios de Profesores de Derecho Procesal de la Facultad de Derecho de la UNAM, quien hizo la presentación de los participantes, y la maestra Patricia Nava Muñoz, secretaria técnica del COPUEX, quien fungió como moderadora.
