La ciberseguridad, la sostenibilidad y la resiliencia no sólo son necesarias para la protección de datos, también son factores importantes en el desarrollo social y económico, aseguró la Comisionada Ciudadana del INFO.
El delito informático cuesta 575 millones de dólares al año, lo que representa el 0.5 por ciento del PIB mundial, y en América Latina cuesta hasta 90 millones de dólares al año, señaló al participar en el webinar Covid-19 y la nueva normalidad.
Como parte de los esquemas de la nueva normalidad, la tecnología ha trastocado todos los ámbitos de nuestra vida, en lo político, social, cultural y del conocimiento; ahora nosotros somos una gran cantidad de información que transita por todo el universo de la cibernética en el que estamos inmersos por las tecnologías de la información, aseguró Elsa Bibiana Peralta Hernández, Comisionada Ciudadana del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de la Ciudad México (INFOCDMX).
Al participar en el webinar Covid-19 y la nueva normalidad. Una mirada desde Uruguay y América Latina, organizado por la Comisión de Derecho Informático de la Asociación de Escribanos del Uruguay, señaló que la comunicación por las redes sociales y las plataformas tecnológicas han sido un factor importante para “mantenernos comunicados a todos en este planeta que se ha visto afectado por el coronavirus y que nos ha colocado en circunstancias muy graves, desde la pérdida de vidas humanas, hasta provocar que las personas se queden en casa”.
Aclaró que el confinamiento dentro de las casas sólo ha impedido estar en contacto físico con la vida que llevábamos anteriormente, porque no nos hemos podido aislar de manera virtual, ya que ha sido necesario conectarnos hacia fuera y la tecnología ha permitido ese hecho; “quedarnos en casa ha sido sólo un tema de aislamiento”, puntualizó.
Ante la constante exposición y uso de las herramientas tecnológicas, la Comisionada Ciudadana refirió que la ciberseguridad, la sostenibilidad y la resiliencia no sólo son necesarias para la protección de datos, sino también son factores importantes en el desarrollo social y económico.
Destacó que el delito informático cuesta 575 millones de dólares al año, lo que representa el 0.5 por ciento del PIB mundial, y en América Latina cuesta hasta 90 millones de dólares al año. Las estadísticas señalan que cuando el 10 por ciento de la población de los países en desarrollo está conectada a Internet, el PIB del país crece entre 1 y 2 por ciento.
La economía y la ubicación son un objetivo atractivo para las actividades cibernéticas ilícitas. “Por un lado, está disfrutando de una considerable inversión extranjera directa y un sólido crecimiento del PIB y, por otro, sigue siendo relativamente vulnerable en ciberseguridad”.
Peralta Hernández señaló que México es el segundo país de América Latina con más ataques cibernéticos, dado que el 57.4 por ciento de la población del país es usuaria de Internet, por lo tanto, cerrar las brechas en su entorno de ciberseguridad es una tarea importante.
“Es por eso por lo que debemos tener cuidado en todas las políticas que implementamos y también cómo se maneja toda la información por los costos tan altos que tiene, que también en América Latina impactan de manera significativa”, subrayó.
El gobierno, el sector privado y la sociedad civil –dijo– deben ser capaces de mantenerse al día con la innovación constante en el sector de la tecnología de la información, “tanto como usuarios como los que cuentan con nuestros datos, porque también ellos reciben muchos ataques, para resguardar la información de las personas que estamos navegando y por cuestiones que impactan de manera económica de modo importante”.
La Comisionada Ciudadana del INFO resaltó que al mostrar datos sobre nosotros mismos también exponemos a otros, “dado que ya no podemos separarnos de la tecnología, que además será el nuevo esquema de normalidad al que nos enfrentamos, aun cuando la pandemia concluya, debemos cuidar lo que publicamos porque nuestra información anda perdida por todo el ciberespacio”.
Expuso que el uso de la tecnología será la nueva forma de vida porque ha demostrado, entre otras cosas, que está ayudando al planeta y a nuestra sociedad a desarrollarse de una manera distinta. Aprendamos a transitar en un entorno de respeto a los derechos humanos –dijo-, de respeto a nosotros mismos con compromiso social y ético.
Elsa Bibiana Peralta conminó a las compañías y gobiernos a conducirse con responsabilidad, procurando la transparencia, “de tal suerte que nosotros sepamos de manera clara y accesible los términos de seguridad y privacidad en los que será manejada nuestra información para así poder vivir de manera segura en ese mundo virtual, pero sobre todo en un mundo en familia”.
En su intervención, Lorena Naranjo Godoy, Directora Nacional de Datos Públicos del Ecuador, planteó que la llega del SARS-CoV-2 a su país aceleró el proceso de transformación digital, “que ha obligado tanto a nuestros usuarios como a nuestros funcionarios a desarrollar habilidades que no hubiesen podido ser realizables sin esta necesidad inminente”.
Debemos ser corresponsables y provocar que se usen de manera acelerada las tecnologías en el Ecuador generando formatos de protección de datos personales y, firmas electrónicas. “La ciberseguridad debe ser un concepto más que interiorizado en cada uno de nosotros, porque ahora todas nuestras interacciones se están volviendo digitales, contando con una identidad jurídica para 2030”.
Naranjo Godoy señaló que los resultados que se esperan son que los ciudadanos dejen de acudir presencialmente a las oficinas de gobierno, que se fomente la transparencia y se combata a la corrupción “porque los trámites digitales eliminan esta discrecionalidad basada en que un funcionario es el que tiene mi trámite, brindan transparencia al poder validar documentos notariales que van a transitar de manera independiente por todo el sistema sin tener un contacto con el usuario; además de gozar con la forma electrónica de la autoridad pública”.
Laura Nahabetián Brunet, especialista del Instituto de Derecho Informático de la Universidad Mayor de la República Oriental del Uruguay, señaló que las personas usuarias de las redes no controlan sus datos, aunque así lo crean.
Como ejemplo, explicó que los 888 amigos que aparecen en su cuenta de Facebook en realidad son conexiones, esa situación “a la gente más joven le hace perder de vista el valor real de la densidad de las relaciones personales y genera una suerte de militamiento de las relaciones sociales vinculadas con la afinidad directa con los demás”.
Porque mientras la pandemia avanza y nos bombardean de información, la tecnología avanza tejiendo sus propias redes en el entorno nuestro y muchas veces sin tener en cuenta los derechos humanos en esta nueva normalidad, señaló.
¿Cuál es la penetración gigantesca que tienen las redes sociales en nuestra vida?, “en números tenemos 3 mil millones de usuarios activos en redes sociales, el 80 por ciento de los usuarios que usan internet asociados a redes sociales; un promedio de amigos de más menos 155, pero un promedio de remoción de amigos del 58 por ciento, entonces amigos no tan amigo porque uno no suele remover a los amigos”.
Existen redes sociales que tienen mil millones de usuarios, lo que significa dinero constante para el dueño de esta red social; por ejemplo, Facebook tiene ganancias potenciales que podrían sumar el PIB de 45 países sumados. “Que una empresa internacional tenga el equivalente al PBI de 45 naciones, implica tener una incidencia en los gobiernos y en las sociedades”.
