Info CDMX

Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México

Boletín: DCS/079/21/ Publicado por: Dirección de Comunicación Social / Ciudad de México 17 de abril de 2021
  • Las adecuaciones legales no solo incluyen al ámbito de los sujetos obligados, sino también a la iniciativa privada en el ámbito federal, acotó la Comisionada Ciudadana del INFO CDMX.
  • En el marco del decimoquinto aniversario del Instituto, se llevó a cabo la Mesa Redonda “Protección de datos personales en la era digital: la agenda legislativa pendiente”.


Expertos y personas comisionadas de distintos órganos garantes del país analizaron los retos y las perspectivas respecto a la legislación en materia de protección de datos personales, con el propósito de contribuir al establecimiento de líneas de acción que permitan colocar el tema en la agenda legislativa.



Lo anterior, durante la Mesa Redonda “Protección de datos personales en la era digital: la agenda legislativa pendiente”, que organizó el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (INFO CDMX) en el marco de su decimoquinto aniversario de existencia.

Al dar la bienvenida a los expertos, la Comisionada Ciudadana Laura Lizette Enríquez Rodríguez aseguró que es importante que, como órganos garantes, sigamos trabajando en la protección de datos personales, sobre todo en una época donde la digitalización está presente en todas nuestras actividades cotidianas.



Destacó que la legislación sobre protección de datos personales necesita de un constante ajuste a su entorno, sobre todo en el contexto de esta era digital y pandemia, en la que se ha intensificado el uso de nuevas tecnologías y, con ello, se han abierto nuevos frentes y riesgos para los usuarios.



Explicó que esta situación ocupa no solo a los sujetos obligados, como se les conoce a las instituciones públicas, sino también a los particulares regulados, es decir, la iniciativa privada en el ámbito federal. “El adecuado tratamiento de información de sus usuarios, clientes y personal conlleva nuevos desafíos en la modernidad”.



En su intervención, la Comisionada Enríquez recordó la evolución del marco normativo que, al momento de integrarse el primer pleno de este Instituto en 2006, ya tenía a su cargo la salvaguarda del derecho de acceso a la información pública y protección de datos personales, pero no fue sino hasta el 2008 que se promulgó una Ley de Protección de Datos Personales en específico en la capital.



“Dos años después, en 2010, se publicó la normatividad que reglamenta el tratamiento de la información personal por parte del sector privado, de competencia federal. Y así, en 2017, nace la Ley General de Protección de Datos Personales y con ella surge nuestra Ley de Datos local”, puntualizó.



En su oportunidad, Josefina Román Vergara, Comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), comentó que el semanario The Economist lanzó el estudio “El mundo en 2021”, en el que se estableció una prospectiva de nuestros hábitos de consumo y vida cotidiana generados en respuesta a la pandemia, el cual identificó 20 costumbres en los que las sociedades se enfocarán este año.



Entre los principales hallazgos del estudio, agregó, destacan en materia de protección de datos personales que la educación no regresará a ser igual; el comercio electrónico seguirá creciendo; el trabajo remoto llegó para quedarse; los viajes o reuniones de trabajo se reducirán.



Román Vergara refirió que la emergencia sanitaria por Covid-19 ha significado importantes retos en materia de salud, pero también en cuanto a la protección de la información personal de cada una de las personas, lo que representa un desafío mayúsculo.



Jonathan Mendoza Iserte, secretario de Protección de Datos Personales del INAI, recordó que en nuestro país la protección de datos personales se vuelve derecho constitucional hasta el 2007 cuando ya se integra a las leyes:

Destacó que apenas estamos construyendo una cultura en materia de protección de datos personales, por lo que es importante tener en cuenta que no podemos ejercer un derecho que no conocemos y, en ese sentido, la sociedad debe saber por qué es importante este derecho.



El especialista reconoció que, en México, en esta materia tenemos regulada la portabilidad del sector público, pero falta considerar cuestiones socioculturales al momento de reformar las normas.



Para Isabel Davara de Marcos, socia fundadora del Despacho DAVARA Abogados, dijo que en el entorno digital todas las personas nos convertimos en datos, de ahí la importancia de hacer conciencia en la protección de los datos personales. “Hay muchas cifras de tratamiento de datos, por lo que se tendría que estar hablando de nuevos derechos digitales, a pesar de que la normativa en México es muy avanzada para la región”.



Reconoció que los datos personales tienen que velarse mediante órganos independientes al ser un derecho humano.



María Solange Maqueo, profesora e investigadora del CIDE, refirió que con los años se ha avanzado en fomentar la cultura de la protección de datos personales y las adecuaciones en la norma se han tratado de adaptar a los retos digitales que se viven en la actualidad.

Tenemos que dejar atrás la cultura de “recolecto datos” por si se llegan a necesitar; lo que actualmente se discute con respecto a la recolección de datos de telefonía celular es muy gravoso, porque no está garantizada el resguardo de la información de cada persona.



Ligia González Lozano, Presidenta de la Comisión de Integridad y Ética Empresarial del Consejo Coordinador Empresarial, planteó que el principio de temporalidad debe ser regulado en la legislación, ya que muchas veces no queda claro cuántos años estarán en resguardo los datos personales.

Añadió que los avisos de privacidad deben ser claros y accesibles para la ciudadanía; también es importante fortalecer las medidas de apremio que tienen los órganos garantes para ejercer sanciones en caso de vulneración de la información personal.



Denise Gómez Castañeda, Comisionada del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Baja California, refirió que los desafíos de la legislación no solo implican hacer reformas, sino también debemos enfocarnos en aplicar correctamente las leyes que ya tenemos en la materia.



Informó que, de acuerdo con la Asociación de Internet MX, el 70% de la población en México tiene acceso a internet, por ello es importante reflexionar sobre la información que compartimos en las plataformas digitales y el uso de las tecnologías de la información y comunicación.



“Ante los desafíos, todas las personas que integran a los Sujetos Obligados de los órganos garantes deben tener una capacitación respecto al manejo de datos personales y su adecuado tratamiento”, puntualizó.



Por su parte, Luis Gustavo Parra Noriega, Comisionado del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios, reconoció que la identidad digital implica el uso de nuestros datos personales, y hoy en día se encuentra en el debate el uso de nuestros datos biométricos.



Comentó que cada derecho debe ser autónomo, por lo que debemos ver a nuestra información personal independiente a la transparencia y no como un apéndice; aunado a ello, se requiere armonizar el marco jurídico de las entidades federativas con el marco general.



Por último, Parra Noriega advirtió que las TIC´s pueden potencializar los delitos cibernéticos, como la violencia digital o phishing, para ello, hay que tipificar y robustecer en la legislación conceptos con la finalidad de poder accionar de manera correcta ante su presencia y sancionarlos.



En el evento también participaron el diputado Jesús Fuentes Gómez, Presidente de la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción del Congreso capitalino; Andrea Mendoza Enríquez, profesora e investigadora de la División de Estudios Jurídicos del CIDE; y Edgardo Martínez Rojas, especialista en protección de datos personales.



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