-
La Comisionada Nava Polina aseguró que la prisión preventiva oficiosa o automática es contraria a las garantías internacionales de protección de derechos humanos.
-
Participó en el conversatorio La Prisión Preventiva como Violencia de Género: El caso Yolli García Álvarez.
“Es de suma importancia garantizar que las mujeres no sean detenidas con parámetros de ilegalidad y que tengan acceso a una representación adecuada”, enfatizó María del Carmen Nava Polina, Comisionada Ciudadana del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (INFO CDMX), en el marco del Día Internacional de la Mujer.
Durante su participación en el conversatorio: La Prisión Preventiva como Violencia de Género: El caso Yolli García Álvarez, organizado por el Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco (ITEI), aseguró que son claras violaciones en razón de género en el caso de la ex comisionada presidenta del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IVAI), Yolli García.
“Desde la sociedad civil organizada, desde distintas activistas en derechos humanos tanto nacionales como internacionales, ha habido una suma al llamado de que Yolli García tiene que estar libre. Hace un tiempo se hizo un comunicado a través de 117 personas y 10 organizaciones. En abril del año pasado hubo una carta que conjuntó a tres mil 326 personas solicitando la libertad en el caso de Yolli, porque no había razones jurídicas que ameritaran tenerla en prisión”, destacó.
Nava Polina, subrayó que la prisión preventiva oficiosa o automática es contraria a las garantías internacionales de protección de derechos humanos porque pone en grave riesgo la integridad personal y la garantía de no ser víctima de tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes.
Al respecto, ejemplificó con el caso de “Tzompaxtle Tecpile y otros vs. México”, donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró responsabilidad del Estado Mexicano frente a los casos de Jorge Marcial y Gustavo Robles por haber sometido a tres personas a formas violatorias de derechos humanos y ordenó al Estado Mexicano reformar su normatividad para eliminar tanto el arraigo, como la prisión preventiva.
De acuerdo a la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL) 2021, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el 62 por ciento, es decir seis de cada diez mujeres que están privadas de la libertad, apenas cuentan con primaria, 25 por ciento con secundaria, detalló Nava Polina.
“Estamos ante una gran necesidad de que las mujeres que están privadas de su libertad tienen una agregación de vulnerabilidades muy fuertes, de tal manera que el trato justo de la autoridad, de los Centros Penitenciarios tendría que ser muy cuidadoso. Existe violación de derechos humanos, así como violencia que tienen las mujeres antes, después y una vez estando privadas de su libertad”, afirmó la Comisionada.
En el caso de Yolli -dijo-, además de las violaciones a sus derechos humanos y fabricación de elementos delictivos, su estado de salud se ha visto comprometido con el riesgo de perder la vida por no tener una cirugía a corazón abierto que fue impedida por bastante tiempo ya que se tenía a Yolli en reclusión.
Denunció que hubo filtración de fotografías donde se podía ver que estando en el hospital, se encontraba encadenada a la cama.
“De tal manera que hay un tinglado institucional que no únicamente circunscribe a los poderes judiciales involucrados en el caso de Yolli, sino también a quienes están alrededor de otras instituciones, a la sociedad misma, para poder refrendar y exigir el ejercicio de los cargos con legalidad, pero también con derechos humanos”, finalizó Nava Polina.
También participaron Salvador Romero Espinosa, Comisionado Presiente del ITEI Jalisco; Lourdes Morales Canales, Directora de Vinculación del Instituto de Investigación en Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción de la Universidad de Guadalajara; Alma Cristina López de la Torre, Comisionada del Instituto Duranguense de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, y moderó Ximena Guadalupe Raygoza Jiménez, Secretaria Ejecutiva del ITEI Jalisco.
